ASOCIACION MIGUEL BRU
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Jonathan y Ezequiel: dos pibes más en la lista de la Federal

La última vez que se los vio fue el miércoles 8 de julio. Jonathan “Kiki” Lezcano de 17 años y Ezequiel Blanco de 25, salieron en un remis a las 7 de la tarde de Lugano- su barrio- y desde ese día no se supo más nada de ellos. Dos meses después fue hallado el cuerpo de Ezequiel en una morgue judicial y el de Jonathan sepultado como N/N en el cementerio de Chacarita.
“Nunca nadie le avisó a la madre”, cuenta Juan Manuel Combi, abogado de la familia Lezcano, en entrevista con “De Igual a Igual”, “se enteró cuando se dirigió a la fiscalía 44 y le dijeron que allí había alguien que faltaba identificar, pero que por las características podía ser su hijo”.
Para ese entonces Ezequiel ya había sido reconocido y en el juzgado 49 constataron que también Jonathan estaba en la morgue. Sin embargo cuando fueron allí, les informaron que ya había sido enterrado.
Un mes antes personal de la Comisaría 52 se había acercado hasta la casa de uno de los chicos para advertirle a Angélica, la mamá de Jonathan, que lo cuidara, porque algo malo le podía pasar y que “si no lo mataban ellos, lo mataban los del fondo”. El día previo a la desaparición, dos oficiales a bordo de una moto de la Cría 5ª pasaron por sus casas sacando fotos y diciendo: “Mirá que a vos ya te salvamos una vez, pero la próxima no. Vamos a ser tu sombra”.
La autopsia indicó que fueron fusilados el mismo día que desaparecieron. El caso fue caratulado como robo automotor con armas, y el responsable, un uniformado de la seccional 12ª, Daniel Veiga, sobreseído por considerar que “actuó en legítima defensa”. Sin embargo a los chicos no se les encontraron armas, y la muerte fue provocada por tres tiros (dos al mayor y uno al menor) a corta distancia, con lo cual no hubo posibilidad de enfrentamiento.
La decisión estuvo a cargo del Juez Facundo Cubas, del Juzgado de Instrucción Nro. 49 y fue apelada por Juan Manuel Cambi. Pero tanto este último recurso, como la querella con los argumentos en contra de la resolución, fueron denegadas por esta autoridad judicial argumentando que “habiéndose efectuado el sobreseimiento, ya no hay motivos por los cuales querellar”.
Hoy Combi vuelve a intentar hacer justicia presentando ante la Cámara Nacional de Apelaciones, un recurso de apelación por la querella denegada por Cubas, y resalta que “cuando se trata de una familia humilde, pobre, como también fue el caso de Luciano Arruga los juzgados no mueven la causa”. Hasta el momento tampoco se ha abierto una investigación sobre el ocultamiento de ambos cadáveres.
La impunidad continúa. Hace tres semanas, la mamá de Jonathan fue detenida por personal de la Cría 52, por defender a unos chicos del barrio a los que estaban maltratando en un patrullero. Después de reconocerla, la subieron también a ella, le pegaron, y le gritaron “a tu hijo lo mataron como un perro porque era un chorro, negra”.

ANTECEDENTES

No es la primera vez que el Juez de Instrucción Facundo Cubas interviene a favor del personal policial. En el año ’99 archivó por “falta de pruebas” la causa por la cual Hugo Norberto Sbardella, “el Carnicero” para los presos que supieron de su paso, debía ser sometido a juicio por moler a palazos a un preso de Devoto en el ’98 hasta dejarlo ciego.
No obstante, dicha causa fue recuperada por Procuración Penitenciaria y caratulada como “Lesiones gravísimas”, lo cual implicaba una condena de diez años, pero el SPF (Servicio Penitenciario Federal) presentó un escrito redefiniendo lo hechos, y Cubas volvió a cambiar la carátula a “exceso en legítima defensa”, lo cual eliminó la condena original para el agresor.
Hace tres meses, Sbardella estuvo a punto de asumir como jefe de Devoto por considerarse que “tenía el perfil para dirigir un penal complicado”, pero la acción de organismos de Derechos Humanos, y del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), impidió que eso sucediera.

Bienvenida la Nueva Ley de Servicios de Comunicación

La Ley de Servicios de Comunicación se aprobó sin modificaciones en el Senado Nacional. Frente al Congreso, una masiva movilización popular acompañó el debate.

Desde nuestra organización queremos resaltar, la importancia de esta nueva ley, basada en los principios rectores de los derechos humanos, porque entendemos a la comunicación como un derecho a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces. El debate generado en torno al viejo decreto de Radiodifusión no es nuevo, sino que se llevó a cabo durante más de dos décadas, y este último año se pluralizó con la voz de muchas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, en el marco de los foros de discusión y debate del ante proyecto de ley.

Junt@s contra la baja de la edad de imputabilidad

Con alta participación de organizaciones sociales que trabajan en torno a la infancia, se llevó a cabo la jornada cultural contra la baja de la edad de imputabilidad.

El 23 de septiembre, luego de haber sido postergada por la lluvia, se llevo a cabo en la Plaza del Congreso la jornada cultural contra el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. Contó con la adhesión de un amplio espectro de organizaciones sociales y la participación de un importante número de instituciones que trabajan con niños, niñas y jóvenes que lograron movilizarse gracias al importante trabajo logístico de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La AMB estuvo presente a través de integrantes de La Casa de Cultura y Oficios, que aportó a la organización del evento los instrumentos musicales para el recital y llevó a cabo junto con los compañeros del Proyecto Adolescente Bajo Flores y del hogar San Benito, un taller de serigrafía y otro de stencil en el que se estamparon cerca de cien remeras con la leyenda “no somos peligrosos, estamos en peligro” e imágenes de líderes populares. La actividad musical contó con la participación de jóvenes que integran los talleres de música del hogar San Benito, quienes expresaron a través del rock & roll y el hip hop su visión de la actual situación de la juventud, y con la solidaria intervención de los músicos de la banda Fuerte Apache, que además cerraron el evento.
Nora Cortiñas fue la única oradora, quien expresó la solidaridad y adhesión de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y sostuvo que “es necesario terminar con una sociedad que condena a los chicos desde su nacimiento al hambre y la delincuencia, sin dar mayores oportunidades para desarrollarse plenamente”.

La Casa de Cultura y Oficios llevó a cabo el segundo taller sobre fortalecimiento de la empleabilidad

El jueves 24 de septiembre, los chicos y chicas que participan de las diversas actividades de la Casa de Cultura y Oficios, participaron del segundo taller sobre fortalecimiento de la empleabilidad, que contó con la coordinación de estudiantes de Trabajo Social de la UBA que desarrollan sus practicas pre- profesionales en nuestra sede. Durante la actividad se trabajó sobre la confección de curriculums y estrategias para presentarse a convocatorias de empleo. En el próximo encuentro los y las estudiantes planean trabajar sobre búsqueda laboral a través de diferentes medios (diario, páginas web).

Prácticas que no se extinguen

El pasado 15 de Septiembre el Juzgado Contencioso Administrativo I de La Plata dio lugar a un pedido de la Asociación Civil Miguel Bru (AMB), para que se exhiban en los lugares dónde se alojen, concurran o sean trasladadas personas privadas de libertad la reglamentación referida a la toma de fotografías por parte de personal policial.

En el año 2005 la justicia platense hizo lugar a un habeas data interpuesto por organismos de DDHH -entre ellos la APDH el CIAJ y la AMB, entre otros)- y prohibió la exhibición de las fotografías registradas en lo que se llamaron los “álbum de malvivientes”, de “sospechosos” o de “modus operandi”, que se utilizaban en las sedes policiales de la provincia de Bs. As. para el reconocimiento de sospechosos. En ese entonces se pudo constatar, que las personas que permanecían demoradas o detenidas en dependencias policiales, eran registradas fotográficamente y pasaban a formar parte de estas carpetas sin su consentimiento. Éstos álbumes se habían convertido en uno de los recursos más utilizados por la policía bonaerense a la hora de fraguar causas. A partir de la medida dictada por el Juez Federico Arias, la extracción y utilización de fotografías por parte de la policía de la provincia se considera como “falta grave”, y se estableció que solo se puede fotografiar a una persona exclusivamente en reconocimiento médico y nunca por una averiguación de antecedentes en una comisaría. Asimismo las imagenes no se pueden exhibir sin autorización del Fiscal y deben estar en soporte digital registradas en policía científica.

De un tiempo a esta parte la AMB tomó conocimiento, a través de distintas denuncias, de que en algunas dependencias policiales se estaban exhibiendo “álbumes fotográficos” para el reconocimiento de personas. En varios casos, quienes que se acercaron a realizar denuncias por robo debieron “reconocer” a los supuestos autores del delito mediante fotografías que les fueron exhibidas en soporte digital, entre las cuales se exponían una buena cantidad de menores de edad. La Presidenta de la AMB Rosa Schonfeld de Bru agrega que “según los relatos de quienes se acercaron a nuestra organización, la mayoría de las fotografías fueron tomadas en la vía pública, y hubo en las exhibiciones cierto interés o propensión de algunos funcionarios policiales de convencer a los denunciantes de haber sido robados por tal o cual persona, aún cuando ellos estaban convencidos de no haber visto a quien robó en ninguna de las fotografías”.
Por este motivo se presentó un escrito solicitando, se ordene -como disposición adicional a la medida cautelar dictada en el año 2005- la exhibición en los lugares donde se alojen, concurran o sean trasladadas personas privadas de su libertad de las resoluciones ministeriales que reglamentan la extracción de fotografías.

A partir de que se hizo lugar al pedido de la AMB, Rosa Bru afirmó que “Ahora rodas las personas que entran a una dependencia policial deben saber que está prohibido el uso y la toma de fotografías. Una persona solo puede ser fotografiada cuando se encuentra en reconocimiento médico, jamás en una comisaría. Además, para ser exhibidas un juez debe dar la orden. No puede haber albumes en las comisarías ni en ningún tipo de dependencia policial que no sea Policía Científica, quienes solo pueden exhibirlas una orden judicial. En caso contrario deberían informar y denunciar esta situación.”