ASOCIACION MIGUEL BRU
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Se trata de la causa que investiga la muerte de Maximiliano Díaz Subils en febrero de 2006 en la Comisaría 6ta de Tolosa. La Asociación Miguel Bru- como patrocinante de la investigación penal- hizo esta mañana una presentación ante la UFI 12 encabezada por el Fiscal Marchet, solicitando se impute al por entonces capitán de la dependencia, Oscar Luis Desiderio, por posible encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público.

Maximiliano murió un 19 de febrero, envuelto en una frazada en el patio de la Comisaría 6ta de Tolosa, después de agonizar 14 horas. Estaba detenido hacía menos de cuatro meses y sufría una infección pulmonar que le fue mal diagnosticada y mal tratada. Los médicos lo discriminaron, lo ignoraron. Y los policías lo maltrataron, incluso pegándole en los testículos para que no moleste mas con el pedido de ir al hospital. Tras ocho años de una investigación preliminar que atravesó serios obstáculos y dilaciones, a comienzos de este año, el caso fue asumido por el Fiscal Alejandro Marchet, quien imputó y llamó a declarar a tres médicas por homicidio culposo y a un médico del Hospital San Roque y tres efectivos de la Bonaerense, por abandono de persona seguido de muerte, imputación que prevé penas de entre 5 y 15 años de reclusión o prisión. Además otros dos funcionarios están imputados por falsedad ideológica y encubrimiento y coacción agravada.

Ahora se espera que el Fiscal considere imputar tambień al ex capitán Desiderio. Inmediatamente a la muerte de Maximiliano, el juez interviniente Federico Carlos Atencio, le ordenó que en el plazo improrrogable de doce horas informe las oportunidades en que Maximiliano fue trasladado al hospital, los motivos que generaron el traslado, así como las razones por las que dicha circunstancia no fue puesta en su conocimiento. El entonces capitán elaboró un informe plagado de falsedades, lo que a criterio de la Asociación Miguel Bru, supone no sólo una falsedad ideológica de instrumento público, sino también y fundamentalmente el encubrimiento de la conducta de sus subalternos, que hoy y al cabo de casi nueve años se encuentran imputados en la causa.

Este caso toma hoy una enorme vigencia. La detención de personas en comisarías fue prohibida en 2005 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El CELS litigó contra el Estado provincial demostrando que las dependencias policiales no son lugares preparados para alojar a personas y que la mayoría de ellas se encontraba detenida sin condena. Los calabozos de las comisarías están pensandos como lugares de estadía transitoria y no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad, limpieza, estructura, y recaudos mínimos para resguardar la salud de quienes allí se encuentran. No obstante poco después de la resolución de la SCJ, en febrero de 2006 Maximiliano murió abandonado y vomitando sangre en la dependencia del barrio plantense de Tolosa. Por algunos años las comisarías se abstuvieron de volver a mantener recluídas personas en sus calabozos. Pero ahora, en abril de este año, el Gobernador de la provincia encabezada por Daniel Scioli, en una clara respuesta demagógica a sus rivales en la campaña por la presidencia, decretó la “emergencia en seguridad”. Es así que dio paso a que el Ministro de Seguridad Alejandro Granados anulara estas resoluciones que habían inhabilitado calabozos en comisarías para el alojamiento de detenidos y hoy hay alojadas mas de 2000 personas.

Esta mañana la Asociación Miguel Bru (AMB) y la familia Migone defendieron ante el Tribunal de Casación Penal, un recurso que presentaron para solicitar la ampliación de la imputación pedida en el juicio, contra los cuatro policías bonaerenses condenados por las torturas seguidas de muerte contra Daniel Migone.

Entre mayo y julio del año pasado se desarrolló el debate oral y público por la muerte de Daniel. En ese momento tuvo una importante trascendencia, entre otras cosas porque durante las audiencias ocurrieron hechos de naturaleza surrealista, como la reconstrucción espontánea que hizo un policía de la forma en la que Migone se habría querido suicidar. Además, fueron tales las contradicciones entre los testigos que comenzaron a hacerse más claros los motivos por los cuales la víctima se encontraba aquella noche en la comisaría: lo habían secuestrado. Por aquel entonces, la AMB solicitó al Tribunal que se amplíe la imputación a “privación ilegal de la libertad coactiva con resultado muerte por torturas”. Los jueces hicieron lugar al pedido pero finalmente al momento de resolver refirieron que la privación de la libertad no se había acreditado.

Fue por todo esto que la AMB recurrió a Casación para reclamar la revisión de esa parte de la sentencia. El Tribunal estuvo compuesto por los Jueces de la Sala IV Dr. Carlos Ángel Natiello, el Dr. Mario Eduardo Kohan y el Dr. Horacio Daniel Piombo perteneciente a la Sala VI. El letrado Fabio Villarruel comenzó explicando que “estamos acá buscando la verdad, no presos, y hoy sobre Daniel Migone sigue pesando todavía esa sospecha que sobre él derramaron sus asesinos”. En la exposición, exhibió una serie de documentos que ayudan a entender los motivos por los cuales la organización y la familia de la víctima sostienen que durante el juicio se develó el mecanismo del armado de las causas que trataron de imputarle a Daniel. Se mostraron registros, que iban desde AVL -seguimiento satelital de móviles-, a informes de Radio Estaciòn de Policìa y las actuaciones labradas por los propios imputados dónde se evidencia que Daniel no mintió cuando lescontó a quienes fueron testigos de su cautiverio, que no habia hecho nada, que lo estaban engarronando, que le estaban armando una causa.

Por su parte, las defensas de los imputados presentaron recursos para pedir que se revean las sentencias de los cuatro policías condenados a prisión perpetua, por torturar y matar a Daniel Migone. El Fiscal de Casación Armando Roldán dijo que en ellas se “reeditaron los planteos ya efectuados en juicio por las defensas” y los consideró improcedentes, imponiéndole además las costas.
A pesar de que la jornada no pudo ser presenciada por la audiencia, la AMB fue acompañada por distintas organizaciones de derechos humanos que se hicieron presentes en el Tribunal de calle siete, entre ellas Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Regional La Plata en la Red Nacional, Defensoría de Casación, ADULP, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la Facultad de Periodismo de la UNLP, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

El de Migone es un caso testigo de la extendida práctica policial del “armado de causas” o “empapelamiento”. Ese y no otros, fueron los motivos por los cuales a Daniel lo llevaron a la comisaría 9°, la noche en la que perdió la vida con motivo de la tortura a la que fue sometido. El próximo jueves 15 a partir de las 10 hs. en el salón Oval del Edificio de calle 7 entre 56 y 57, la familia de Daniel Migone, junto a la Asociación Miguel Bru (AMB), acompañados por organismos y organizaciones de derechos humanos participarán de una audiencia en la que la entidad sostendrá los lineamientos del recurso que interpuso a la Casación sobre la sentencia de primera instancia.

Desde mayo y hasta fines de junio del año pasado se debatió en juicio oral y público el homicidio y las torturas sufridas por Daniel Oscar Migone el 10 de noviembre de 2005 cuando apareció muerto en una celda de contraventores de la Comisaría 9° de La Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 condenó a los ex policías Luis Díaz Zapata, Daniel Guillermo Espósito y Carlos Ariel Toloza a prisión perpetua por torturas seguidas de muerte y a Marcelo Enrique Falcón a diez años de prisión e inhabilitación especial perpetua por omisión de evitar las torturas seguidas de muerte.

Durante las audiencias de debate, salieron a la luz elementos de prueba hasta ese momento ignorados, los que sumados a una enorme cantidad de prueba documental (seguimiento satelital de los móviles, libros de distintas dependencias policiales, pericias y testimonios) terminaron de echar por tierra la versión de la bonaerense de que Daniel estaba detenido por haber participado en tres robos y que luego se suicidó con su campera de jean. Para armar las “pruebas” por robo, los policías se valieron de la inserción de falsas declaraciones, supresión y destrucción de documentos públicos, así como del apoderamiento ilegítimo de un teléfono nextel que pertenecía a la víctima- y que fue “plantado” en un automóvil para adjudicarle el robo.

Es así que por aquel entonces, la AMB solicitó al Tribunal que se amplíe la imputación sostenida en su oportunidad por el Ministerio Público, que resultaba la de torturas seguida de muerte, a la de “privación ilegal de la libertad coactiva con resultado muerte por torturas”. Los jueces hicieron lugar a esta posibilidad pero finalmente al momento de resolver refirieron que la privación de la libertad no se había acreditado. Por esto, la AMB recurrió a Casación para reclamar la revisión de esa parte de la sentencia y acreditar ante el máximo Tribunal Penal de la Provincia, que la presencia de la víctima Daniel Migone en la Comisaría 9° sólo se explica a partir del armado de causas en su contra. Rosa Schonfeld de Bru, Presidenta de la organización, dijo que la lucha de la entidad y la familia continúa, aún después del juicio y las condenas, porque “sólo la verdad puede limpiar la memoria de Daniel y con eso, de algún modo, reparar el dolor que le han hecho vivir a su familia”.

Comienza la Semana de la Memoria en La Plata , con actividades que incluirán charlas, pintadas de pañuelos en homenaje a las Madres, radio abierta y espectáculos.

El miércoles 19 a las 19 hs. tendrá lugar la charla/debate “Derechos Humanos frente a la violencia institucional”, con la participación de Rosa Bru –presidenta de la Asociación Civil Miguel Bru-, el diputado nacional, Leonardo Grosso, el legislador por la ciudad de Buenos Aires, Pablo Ferreyra y el defensor penal juvenil, Julián Axat. En 7 56 y 57, tribunales de La Plata.

El jueves 20 a las 18 hs. se llevará a cabo en el Salón Néstor Kirchner del Rectorado de la UNLP la charla/debate “Los juicios de Lesa Humanidad”, con la presencia de la Madre de La Plata , Adelina Alaye; el abogado querellante de la APDH Oscar Rodríguez y el Director Nacional de Formación de Derechos Humanos, Matías Moreno.

El viernes 21 a las 13 hs. en la Plaza San Martín se pintarán los pañuelos de las Madres y se desarrollará también una radio abierta con las voces de muchos protagonistas. Mientras que el martes 25 a las 20 hs. en el teatro Luz y Fuerza -calle 3 entre 41 y 42- actuarán Diego Dana, La Agrupación Coral de los Pueblos, Alfredo Urquiza y el músico uruguayo, Braulio López.

De la convocatoria participan Unidos y Organizados, el Movimiento Evita, JP Evita, MUE, ADULP, Campaña contra la Violencia Institucional , Centro Cultural el Ángel Gris, Asociación Miguel Bru, Peronismo 26 de julio, Proyecto Nacional La Plata , Agrupación Floreal Ferrara, Movimiento.

El miércoles 5 de febrero se cumplió un nuevo aniversario desde que Christian Agustín Domínguez, de 30 años, fue asesinado por policías de la Comisaría 1° de Berisso. La causa que se inició tras su muerte estuvo viciada de irregularidades. Los efectivos que se encontraban aquella noche en la dependencia trataron de instaurar la hipótesis de que se había suicidado con su propio cinturón. Los autores del crimen fueron encubiertos por la familia policial y la justicia de primera instancia. Así, aunque se logró demostrar que Christian fue asesinado, las condenas en el juicio que se llevó a cabo en 2012, no respondieron a lo probado durante las audiencias ni a las expectativas de su familia ni de la Asociación Miguel Bru (AMB), patrocinante de la causa.

En 2012 y tras una larga pelea, comenzó el juicio oral y público donde los ex policías Luciano Príncipi y Germán Cernuschi fueron juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tortura seguida de muerte, Víctor Gómez por torturas seguida de muerte, y Leandro Antonelli por falsedad documental y encubrimiento. Tras casi tres meses de audiencias, el tribunal integrado por Ernesto Domenech, Florencia Butiérrez y Liliana Torrisi condenó a Gómez por el delito de homicidio simple, a Príncipi y Cernuschi por privación ilegal de la libertad agravada, mientras que absolvió a Leandro Antonelli.

Los Domínguez pidieron a través de los abogados de la AMB, que se revea la sentencia del juicio y expusieron personalmente los motivos de la disconformidad con el fallo dictado por el Tribunal Oral Nro. 3, principalmente en razón de las impensables irregularidades de la investigación, que entre otras cosas, fue manejada o instruida por los propios hoy condenados, y que mereció el pedido de envío de actuaciones a la Suprema Corte Provincial a efectos que se promueva el enjuiciamiento del Fiscal Leandro Heredia que tuvo inicialmente a su cargo la causa.

Pedido de revisión de la sentencia.

La familia Domínguez y los abogados de la Asociación Miguel Bru interpusieron recursos contra la sentencia del TOC 3 y actualmente, la causa se encuentra pendiente de resolución en la Sala II del Tribunal de Casación donde deberán decidir los jueces Mahiques, Mancini y Celesia. Lo que se reclama es la aplicación de una calificaciónn más severa para los tres condenados.

En la presentación, el abogado Marcelo Ponce Nuñez pidió a los jueces entre otras cosas, que tengan en cuenta el agravante de que el crimen ocurrió dentro de una Comisaria de la policía de la Provincia de Buenos Aires. La presentación también hizo hincapié en las torturas recibidas por Christian y recordó las graves irregularidades cometidas en la investigación que se plantearon en los alegatos, como la desaparición de pruebas importantes tales como las computadoras, piezas anatómicas, cordones y el cinturón con el que trató de instalarse la hipótesis de ahorcamiento, entre otras.

“La sentencia fue un papelón”

Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru dijo tras el juicio realizado en 2012 que “la sentencia del juicio fue un papelón”. Además sostuvo que esperan que se promueva el juicio político al ex fiscal Heredia y que el Tribunal de Casación revea la sentencia y disponga un nuevo juicio. “Para la mayoría del tribunal no hubo torturas y no se investigó el encubrimiento de la policía ni la cadena de impunidad que permitió el crimen de Christian y la teoría de que se suicidó colgándose con su cinturón.”- concluyó.