Repudio al robo y vandalismo sufridos en la redacción de Anfibia y Cosecha Roja
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La Asociación Miguel Bru repudia enérgicamente y con preocupación los hechos vandálicos y el robo que sufrió la redacción donde se editan Cosecha Roja y Anfibia. El fin de semana entraron a la oficina en la que funcionan ambos medios de comunicación y se llevaron computadoras, un proyector y el archivo con el material fotográfico además de dinero de la caja chica.
Subestimar lo sucedido nos impide profundizar y problematizar estos hechos de violencia en un contexto en donde se pretende instalar desde los medios hegemónicos un discurso único, una única verdad, y por consiguiente, acallar las voces diferentes, avasallando la diversidad, el derecho a la comunicación en su sentido amplio.
Que estos lamentables y preocupantes hechos nos unan en el repudio y en la acción para denunciar, comunicar, y dar el debate de las condiciones que va creando este gobierno para legitimar este tipo de acontecimientos violentos y antidemocráticos.
A continuación, el comunicado emitido por Anfibia luego del repudiable hecho:
El lunes temprano llegamos a la oficina y estaba la puerta abierta, con algunos pedazos de madera en el suelo y otros signos de haber sido forzada. Lo primero que se veía al entrar, desde el hall, eran papeles en el piso de la sala de redacción de Anfibia. Se dio aviso a la policía. A las 8 de la mañana llegó un cabo y quedó como consigna hasta que llegara la división “rastros” (policía científica) para tomar huellas. Pasadas las 9 llegaron de la división “robos y hurtos”. Después de que un integrante de Anfibia declarara en la comisaría, la causa pasó a la justicia federal por tratarse de una propiedad alquilada por una universidad nacional (la Universidad Nacional de San Martín).
Revista Anfibia funciona en un departamento alquilado por la Universidad Nacional de San Martín. En la misma locación funciona Cosecha Roja. Ambos proyectos periodísticos fueron creados y son dirigidos por Cristian Alarcón. Nunca ocultamos el lugar físico donde funcionan las redacciones de ambos medios, todo lo contrario: dictamos talleres y seminarios, hacemos distintas actividades abiertas al público, recibimos en forma permanente a periodistas, fotógrafos, ilustradores, investigadores sociales, lectores.
Cerca de las 13 horas pudimos recorrer la oficina mientras trabajaba policía científica. Muebles rotos, cajoneras abiertas, papeles desparramados por todos lados. Si buscaban plata, la encontraron: se llevaron un poco de dinero de caja chica. Si buscaban dañar el funcionamiento de uno o de dos medios de comunicación, también lo lograron: se llevaron una computadora con todo el archivo fotográfico, una notebook, un proyector, un grabador de voz de alta fidelidad. Todas herramientas fundamentales para el trabajo periodístico y de formación que se realizan en nuestras oficinas. Todavía estamos revisando y ordenando, quizás falten algunas cosas más.
Fue el único departamento del edificio en el que entraron. Un robo en un inmueble, en una oficina, es común o al menos ocurre con mayor o menor frecuencia en las ciudades. Pero un robo a un medio de comunicación, en el que se llevan las herramientas más importantes de trabajo y descartan otras, que también tienen su valor, puede tener otras lecturas. No somos nosotros quienes debemos descartalas, sino la justicia: en este, el juzgado federal N° 10, a cargo de Julian Ercolini.
Poco sabemos hasta ahora. Que forzaron una puerta o entraron por una ventana. Que tuvieron el tiempo suficiente de revisar todos los papeles. Que se llevaron las herramientas de trabajo que más daño nos producen. Que dos oficiales de la división “robos y hurtos” tomaron fotos, observaron los muebles vandalizados, arriesgaron hipótesis. Que una perito de la policía científica tomó huellas.
Rompieron, robaron, se fueron. No dejaron mensajes más allá de los sustraído y lo destruido. Mientras la policía hacía su trabajo, nosotros también: cada uno desde su casa siguió escribiendo, editando, buscando el mejor título, la mejor imagen, poniéndolo a circular en las redes sociales. Lo mismo hicieron los colegas de Cosecha Roja.
La vida continúa, el periodismo también. El miércoles teníamos previsto comenzar a darle un cierre al año proyectando “Carne”, nuestra primera experiencia anfibia de Realidad Virtual. No pensamos suspender ni postergar. Estamos acondicionando todo para llegar. La Universidad Nacional de San Martín, sus autoridades y trabajadores, enseguida se pusieron a disposición para encontrar soluciones, reparar lo dañado.
Queríamos compartir esto que nos pasó con los amigos y lectores. Siempre contamos las buenas, hoy nos toca contar eso. Y ahora, a seguir trabajando.
Presentan decálogo para tratar la violencia institucional
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Decalogo Violencia Institucional.
Se cayó la carátula por “Apremios ilegales” y juzgarán a los policías en un Tribunal Criminal
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El lunes 31, a las diez de la mañana, en la primera audiencia y a cinco años del hecho, la familia Cannizzo y la Asociación Miguel Bru, que patrocina el caso, lograron dar el primer paso, luego de más de cinco horas en que la jueza en lo Correccional Nº 1 de La Plata, Miriam Ermili, escuchó testimonios.
Juan Manuel Morente, uno de los abogados de la Asociación Miguel Bru y que representa a la familia Cannizzo, explicó que “la jueza Miriam Ermili resolvió procedente la declinación de competencia solicitada ante el cambio de calificación “Homicidio agravado” por funcionario público de fuerzas de seguridad, como dice el artículo 80, inciso 9”, que por el monto de la pena del delito resulta incompetente. Ahora se tiene que sortear un tribunal oral Criminal.
Verónica Bogliano, la otra abogada de la AMB, señaló que “Ni los peritos oficiales ni el perito de parte pudieron determinar que los golpes que recibió Ariel pudieran descartarse con el resultado de muerte que tuvo 12 horas después de detenido en la Comisaría. Por eso se pidió el cambio de calificación. La jueza se declaró incompetente porque si bien, en un tribunal oral pueden condenar por apremios ilegales, ella no puede condenar por homicidio en caso de constatarse que los golpes que recibió Ariel le produjeron la muerte. Declararse incompetente significa dejar sin efecto todo lo actuado hasta la fecha. El caso se trasladó a un juzgado criminal. Los careos entre los peritos trajeron luz en lo que fue la muerte de Ariel. Hoy se conoció que faltaron varias cuestiones en la investigación previa y en las pericias y se demostró que en este caso no fueron exhaustivas. No se hizo un estudio detallado para conocer el origen de la asfixia y se pudo constatar la presencia de hematomas internas que hablan de los golpes que recibió horas antes de morir”.
Declararon la Dra. Andrea Sanchez y el Dr. Juan José Granillo Fernández, quienes hicieron la autopsia, el Dr. Omar Ledesma, perito de parte de la familia y la ong de derechos humanos que logro desvirtuar en parte los dichos de aquellos.
La familia Cannizzo y la Asociación Civil Miguel Bru (AMB) sostienen que Ariel murió tras ser sometido a brutales golpizas por parte de los policías y lograron dejarlo en claro en la primera audiencia en la que comenzaron a ser juzgados Ricardo de La Canal, capitán hoy jubilado, los tenientes Roberto Percuoco y Ernesto Conti, y el oficial principal José Antonio Cácere.
“Sabíamos que no iba a ser fácil. Fue fundamental el testimonio de los médicos para evaluar la prueba. En principio, hubo un allanamiento ilegal. Ahora tenemos que esperar que los elementos que no fueron investigados sean investigado en lo Criminal. No es la primera vez que pasa y asì es como se puede desentrañar la cadena de encubrimiento. Le restaron importancia, en un caso donde había policías involucrados. El perito de parte, el doctor Omar Ledesma, pudo determinar que si Ariel tenía sustancias tóxicas en sangre, entonces debería haberlas consumido mientras estaba detenido. Allí aparece una gran contradicción”, dijo Rosa Bru.
La mañana del 21 de octubre de 2011, Ariel Cannizzo dormía en su casa, en calle 94 y 126 Norte, de Berisso. A media mañana, en forma arbitraria y sin orden judicial, cuatro policías de la Comisaría 3ra de El Carmen entraron a la vivienda, a los gritos y a patadas, buscaron al joven y lo molieron a golpes. Al escuchar los ruidos, los vecinos se congregaron en la vereda. Fue así como fueron testigos de cómo los policías sacaban a Ariel a la rastra, todo ensangrentado. El muchacho fue llevado a la seccional, donde continuaron golpeándolo, hasta que durante la tarde de ese mismo día, lo trasladaron a un reconocimiento médico en la Comisaría 2da.
Después de que Ariel fue llevado a la 2da, todo en la causa se volvió difuso. El médico afirmó ante la Justicia que Cannizzo se negó a ser atendido. En el informe, por tanto, no hay constancia de las lesiones. De allí fue llevado a la Comisaría 4ta de Berisso donde recibió la visita de su hermano Damián. Ariel estaba golpeado, lleno de marcas y moretones, mal y descompuesto.
“Avisale a mamá que mañana, que es sábado, hay visitas. Que venga” le dijo al despedirse. Esa fue la última vez que alguien de su familia lo vio con vida.
“Yo sé que mi hijo falleció por las torturas que sufrió. Y que sean juzgados por apremios implica continuar con el encubrimiento y la impunidad. Quiero que se haga Justicia para que mi hijo pueda descansar en paz por el sufrimiento que tuvo que pasar de tanta paliza que le dieron”, dijo Mónica Yllescas.
La causa llegó a juicio en un juzgado Correccional por imputación de apremios ya que el fiscal Marcelo Romero denegó varios pedidos de prueba presentados por los abogados de la Asociación Civil Miguel Bru, que permitían probar la vinculación de los golpes de los policías con el deceso de Ariel.
Un informe posterior de Omar Ledesma, el perito de parte nombrado por la familia y la Asociación da cuenta de “lesiones evidentes en la zona de la garganta y lengua” y sostiene que la muerte pudo ser causada por las lesiones provocadas por la golpiza que recibió Ariel.
Cannizzo murió torturado pero juzgan a los policías por apremios ilegales
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El 31 de octubre a las 10 hs. comienza el juicio por “apremios ilegales” a Ariel Cannizzo, en el juzgado Correccional 1 de La Plata- calle 8 entre 56 y 57-, donde serán juzgados los policías Ricardo de La Canal, Roberto Percuoco, Ernesto Conti, y José Antonio Cácere.
La familia junto a la Asociación Civil Miguel Bru (AMB) sostienen que Cannizzo murió tras ser sometido a brutales golpizas por parte de los policías, por lo que pedirán el cambio de calificación a homicidio agravado por tratarse de funcionarios de fuerzas de seguridad, y que el juicio se realice ante un Tribunal Oral y Criminal.
“Creemos que las reiteradas golpizas que sufrió Ariel por parte de la policía están directamente vinculadas con su muerte. El estado tiene que cumplir con el derecho de la familia de saber la verdad y garantizar un proceso judicial completo para saber las verdaderas causas de su muerte dentro de la Comisaría”, expresó Rosa Bru.
“Estamos convencidos de que mi hijo falleció por las torturas que sufrió de parte de la policía. Que sean juzgados por apremios implica continuar con el encubrimiento y la continuidad de la impunidad” dijo Mónica, la Madre de Ariel.
La causa llega a juicio en un juzgado Correccional por la simple imputación de apremios a consecuencia que el fiscal Romero denegó varios pedidos de prueba presentados por los abogados de la Asociación Civil Miguel Bru, que permitían probar la vinculación de los golpes de los policías con el deceso de Ariel.
Serán juzgados Ricardo de La Canal –capitán hoy jubilado-, el teniente Roberto Percuoco, el teniente Ernesto Conti, y el Oficial principal José Antonio Cácere. La familia será representada por los abogados de la AMB Juan Manuel Morente y Verónica Bogliano. El fiscal será Martín Chiorazzi.
Nestor Ariel Cannizzo, de 33 años, estaba durmiendo en su casa en Berisso, cuando en horas de la mañana del 21 de octubre de 2011, en forma arbitraria y sin orden judicial, los policías imputados –-todos de la misma Comisaría Tercera de El Carmen-irrumpieron en su casa cuando realizaban una persecución y lo molieron a golpes. Ante la vista de varios vecinos lo sacaron ensangrentado, a la rastra y lo detuvieron unas horas en la seccional, donde continuaron los golpes. Por la tarde, lo llevaron a Reconocimiento médico, en la Comisaría Segunda. El médico policial que lo atendió afirmó que Cannizzo se negó a ser atendido y no constató en su informe las lesiones evidentes, lo que marca el inicio de una trama de encubrimiento.
Ariel fue trasladado a la Comisaría Cuarta de Berisso. Allí lo visitó su hermano Damián, lo vio golpeado, lleno de marcas, mal y descompuesto. “Avisale a mamá que mañana sábado hay visitas” le dijo Ariel tras el pasamanos, al despedirse. Pero Mónica Yllescas sostiene entre lágrimas que no llegó a verlo. Alrededor de las 7 de la mañana del 22 de octubre recibió una llamada de la policía de El Carmen. “Su hijo tiene alguna enfermedad?” le preguntó un efectivo de forma insistente, “porque su hijo murió de un paro cardíaco”, remató. Esta pregunta fue reiterada con posterioridad en la UFI 6 a los vecinos testigos de la detención ilegal.
Las irregularidades estuvieron presentes desde el principio de la investigación, cuando la misma policial de DDI fue quien inicio la investigación y tomó declaraciones a los policías de la Comisaría Cuarta.
El informe de la autopsia, a cargo de la Asesoría Pericial, sostuvo que no se podía asegurar que el paro cardíaco fue a consecuencia de lesiones traumáticas, y desvincula la muerte a las graves lesiones sufridas en zonas vitales.
Sin embargo, un informe posterior de un perito de parte de la familia y la Asociación Miguel Bru, afirma que descubrió lesiones evidentes en la zona de la garganta y lengua, y que la muerte pudo ser causada por las lesiones que sufrió Ariel por parte de los policías de la comisaria Tercera del Carmen.
Una historia de hostigamiento
La historia de Ariel con los policías de su barrio y que culmina con su muerte en la Comisaría Cuarta de Villa Arguello, tiene una historia previa de persecución, hostigamiento y golpizas.
Meses antes de morir, había sido detenido junto a su cuñado, a raíz de de una discusión en un local de comida del barrio, en la Comisaría Tercera de El Carmen, donde fueron golpeados y le abrieron una causa por resistencia a la autoridad.
Tras un breve y absurdo proceso de flagrancia a cargo de la fiscal Leyla Aguilar, el Juzgado Correccional 5, a cargo del juez Diego Tatarsky, lo condenó a seis meses –sin cumplimiento efectivo- tomando como única prueba las declaraciones de los policías que lo habían detenido, entre quienes también estuvo De la Canal
La jueza de ejecución Claudia Matilde Marengo citó en distintas ocasiones a Ariel para que se presente en el juzgado. En todas esas oportunidades, los mismos efectivos que le habían armado la causa le llevaban las notificaciones vencidas (un día después de que se venzan). De esta forma Ariel no llegó a pagar una multa de 50 pesos ni a presentarse ante la jueza. De modo inexplicable Marengo dictó una orden de detención para ser ejecutada por la misma comisaria (pedido de captura) totalmente injustificada e ilegítima en el marco de una sentencia de solo 6 meses y por una causa armada por resistencia a la autoridad. “Le decretaron la rebeldía y pidieron su captura, cuando Ariel vivió desde que nació en el mismo lugar, y nunca se fue de su casa” explica su mamá Mónica.
Tras su muerte, la familia y los vecinos organizaron varias marchas en reclamo de justicia en el barrio, donde fueron dispersados a los tiros por la misma policía.