ASOCIACION MIGUEL BRU
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Uno de los presos alojado en la Novena, Horacio Suazo, fue testigo presencial de lo ocurrido y amenazó a los policías con denunciarlos. Meses después, una vez liberado, en un operativo con pruebas “armadas”, Horacio fue asesinado. Pero antes, tuvo una idea que sería reveladora: habló con su hermana sobre el hecho. Rosa Bru, mamá de Migue, logró registrar su testimonio con un grabador escondido en su cartera y entregó la cinta a un diario que publicó el texto.
Mientras tanto el juez de la causa, Amílcar Vara, se negaba a vincular la desaparición de Miguel con la actividad del personal policial. No volcaba en los expedientes las declaraciones que vinculaban a los policías con el hecho, mantenía la carátula de la causa como averiguación de paradero y no le permitía a Rosa Bru, intervenir en la misma como particular damnificado, alegando que “si no hay cuerpo, no hay delito”, un argumento que utilizado por los responsables de la desaparición de personas durante la última dictadura militar. Sus fundamentos iban cayendo a medida que se aportaban más pruebas que incriminaba a la policía. Finalmente, los familiares y amigos de Miguel consiguieron que fuera sometido a un jury de enjuiciamiento, para ser destituido al comprobársele irregularidades en 26 causas distintas en las cuales estaba involucrado personal policial.

En 1995, luego de la declaración de los testigos, la justicia dictó la prisión preventiva a uno de los policías, el sargento Justo López –que ya tenía numerosas denuncias por abusos y violaciones de todo tipo en la dependencia de asuntos internos de la fuerza. Finalmente, en 1996, se ordenó la detención del subcomisario Walter Abrigo, del comisario Juan Domingo Ojeda y de los efectivos Jorge Gorosito y Ramón Cerecetto.

En mayo de 1999 comenzó el juicio oral y público.

En él fueron condenados a prisión perpetua los policías Justo José López y Walter Abrigo, acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario publico.

En 2003, la Suprema Corte Bonaerense dejó firme la condena a ambos ex funcionarios policiales. El entonces comisario de la 9°, Juan Domingo Ojeda, fue condenado a dos años de cumplimiento efectivo de la pena, pero recuperó su libertad con sólo ocho meses de prisión, al igual que el oficial Ramón Cerecetto.

En el años 2002 y a raíz de un trabajo que la Comision de Familiares y Amigos de miguel venían realizando de manera informal con las víctimas de otros casos de gatillo fácil y violencia policial, surge la Asociación Miguel Bru (AMB). Esta entidad se dedica a la defensa de los derechos humanos frente a los abusos de poder policial, llevando a cabo además distintos proyectos en La Plata y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí cuenta con una Casa de Cultura y Oficios, que trabaja brindando apoyo y contención a través de talleres de oficio a chicos y chicas en situación de calle del conurbano bonaerense.

La AMB y la familia de Miguel, continúa exigiendo el procesamiento de los y las policías que estaban en servicio en la Comisaría 9° la noche del 17 de agosto de 1993, por considerarlos cómplices del hecho, así como la investigación penal al juez Amílcar Vara, quien nunca tuvo que responder por encubrir y posibilitar la repetición de los asesinatos cometidos por la policía en 26 causas en las que intervino incluida la de Miguel.
La AMB denuncia también la gravedad de una situación que se evidencia en la mayoría de los casos que patrocina, y donde se imputan a las fuerzas de seguridad: la premura y parcialidad con la que actúan los funcionarios judiciales, que favorece a la impunidad policial de forma sistemática.

Daniel Migone fue asesinado el 10 de noviembre de 2005 [Read more…]