Repudio contra la policía metropolitana
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Desde la Asociación Miguel Bru repudiamos el accionar de la Policía Metropolitana que el 9 de noviembre gatilló contra un pibe de 20 años en el barrio de La Boca dejándolo en estado crítico.
Lucas Cabello vive en el barrio de La Boca y tiene 20 años. Volvía de comprar comida para su mujer y su hija cuando discutió con un efectivo de la metropolitana – cuyo nombre no trascendió- que respondió a los tiros. Tres disparos impactaron en el cuerpo de Lucas, en la nuca, en el brazo y en los testículos. Hoy está internado en el Hospital Argerich, en estado grave.
Los testigos del episodio aseguran que los últimos dos tiros fueron disparados cuando Lucas estaba en el piso.
“El policía Ayala quien se encuentra imputado por el ataque a Lucas Cabello, pretendió en su declaración indagatoria instalar la idea de que Lucas estaba armado y que hubo un enfrentamiento. Esto queda totalmente desmentido por todos los testimonios en la causa, y por las actas de la escena del hecho, las cuales describen que sobre el charco de sangre de Lucas solamente se encontraron las tres vainas servidas producto de los disparos de Ayala. El joven herido no tenía ningún arma”, aseguró Nahuel Berguier, abogado de la familia. Berguier también representa a la Asociación Civil Miguel Bru en el caso del joven Marcelo Montenegro, asesinado por tres policías de la Comisaría 48 de CABA en julio de 2012.
El policía se encontraba en el barrio, protegiendo a una vecina que había recibido amenazas. Sin embargo, la vicejefa de gobierno porteña y futura gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, justificó el accionar policial y aseguró que el agente había intervenido por un episodio de “violencia de género”. Información que fue negada por los familiares de Lucas. Nadie asumió la responsabilidad del episodio.
Por su parte Berguier destacó “Una vez más nos encontramos ante un joven gravemente herido y efectivos de seguridad que, encontrándose absolutamente ilesos, pretenden instalar la idea de una agresión previa o de un enfrentamiento, para así excluir la responsabilidad penal a través del instituto de la legítima defensa. Los familiares, los querellantes, los vecinos de La Boca y un amplio conjunto de organizaciones sociales y políticas como la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, estamos trabajando para que en este caso no se consagre la rutina de impunidad que opera habitualmente entre policía y justicia, por la cual a través de la presentación de supuestos “enfrentamientos” se consagra la impunidad en casos grave violencia institucional. En el caso Cabello, además, policía y justicia han contado con la complicidad de la conducción política de la Policía Metropolitana, la Alianza PRO que gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Por ello el esfuerzo de las organizaciones ha sido inmenso para que se pudiera escuchar la voz de Lucas y su familia respecto de lo que ocurrió el lunes 9 de noviembre. Creemos que es una brutalidad que desde el Poder Ejecutivo no se hagan cargo del caso de Lucas e intenten justificarlo. Cuando sin dudas se trata de otro caso de gatillo fácil.”
Desde la Asociación Miguel Bru, participamos y acompañamos la conferencia de prensa realizada ayer en la que participaron los abogados de la causa, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, los diputados Leonardo Grosso, Horacio Pietragalla, Victoria Montenegro, Pablo Ferreyra; Miriam Medina – madre de Sebastián Bordon – y a las más de 20 organizaciones políticas y sociales que repudiaron el hecho. “Exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos y justicia para Lucas y su familia. Exigimos que cesen los casos de Violencia Institucional que están atentando contra la vida de nuestros pibes. Y exigimos que el gobierno porteño se haga cargo de los hechos” expresó Rosa Bru, presidenta de la AMB.
La Asociación Miguel Bru será patrocinante en el caso Duarte
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Por Catalina Dowbley
La Asociación Miguel Bru (AMB) a través del letrado Juan Manuel Morente patrocinará a la familia de Pablo Gustavo Duarte en la causa en que se investiga su asesinato. La noche del 23 de mayo de este año Duarte estaba con unos conocidos en el bar Hispano- 4 y 51- de la ciudad de La Plata ; un empujón desató una pelea con dos hombres que también estaban allí, la seguridad del lugar los expulsó a ambos. A las 4.30 de la mañana Pablo fue asesinado de un tiro en la esquina de 3 y 51.
En la causa fue dictada prisión preventiva para dos policías: Rodrigo Ariel Molina, por el delito de homicidio doblemente calificado y para Juan Ignacio Forni, imputado por encubrimiento. Molina es efectivo del Comando de Prevención Ciudadana de Lanús y Forni pertenece a la dirección de Policía Científica de la delegación de Quilmes, los efectivos además, serían hermanastros. Los policías estaban fuera de servicio al momento del asesinato pero portaban sus armas reglamentarias.
El caso Duarte se suma a una larga lista de episodios en que los policías portan sus armas reglamentarias fuera de su horario de trabajo, dando como resultado episodios de violencia en que los efectivos hieren o asesinan, como en este caso, a jóvenes estando fuera de servicio.
“Pablo Duarte salió a tomar algo y no regresó mas, lamentablemente se suma a la larga lista de jóvenes asesinados por la Bonaerense, Rafael cobos también estaba con amigos en un centro cultural y casi lo matan efectivos de la policía municipal. La respuesta no es MAS POLICIA y MAS SEGURIDAD…Miro para atrás y siento mucha impotencia recordando a tanto pibes que hemos perdido y cuanta impunidad……. tenemos que luchar para tener una policía con preparación y conocimiento sobre los derechos del otro y que no porten armas fuera del horario de servicio”, expresó Rosa Bru, presidenta de la AMB.
“El accionar excesivo de la policía impone repensar y debatir seriamente el Estado policial, es decir la utilización del arma reglamentaria las 24 horas”, aseguró Juan Manuel Morente, abogado de la AMB. Morente también destacó que tanto el caso Duarte, como el de Rafael Cobo – herido por un efectivo de la policía local de La Plata en un centro cultural en agosto-, revelan que el accionar de los efectivos no se trata de una conducta aislada ni privada, sino que se trata de “violencias y responsabilidades de los funcionarios, en donde se observa un exceso en el uso de la fuerza y la violencia del Estado”.
“Que no se interrumpa la portación del arma oficial lleva inexorablemente a una predisposición al uso abusivo del arma reglamentaria”, agregó.
Por otro lado un informe del CELS del año 2013 reveló que los muertos por medio de agentes de fuerzas de seguridad fuera de servicio es alarmante y significativa. En el caso de la Policía Bonaerense supera el 50%, en el caso de la Policía Federal es más del 60% y en el caso de la Policía Metropolitana , de 13 casos 10 se dieron con efectivos que estaban de franco.
Desde la Asociación Miguel Bru, patrocinamos a la familia Pablo Gustavo Duarte y exigimos el esclarecimiento del caso y justicia para Pablo.
Rosa Bru: “Hay 5 personas que saben dónde está Miguel y no lo dicen”
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Por Cosecha Roja. Foto: Carlos Carmerle / Télam
Hace veintidós años que Rosa Bru busca a su hijo Miguel, un estudiante de periodismo torturado y asesinado en la comisaría novena de La Plata en 1993. Esta mañana un equipo de Gendarmería encabezó un operativo con georadares para revisar una casa en 10 y diagonal 77, que está por ser demolida para hacer un edificio. Es la pista número treinta y siete desde que desapareció el joven. “Es triste, es necesario y da bronca porque hay cinco personas que saben dónde está Miguel y no lo dicen”, dijo a Cosecha Roja Rosa.
Para la presidenta de la Asociación Miguel Bru, cada una de las otras 36 veces que estuvieron detrás de una pista fue “duro”. Y cada una fue distinta a las demás. Recuerda en particular una en Punta Blanca, donde habían dejado la ropa y la bicicleta del estudiantes. “Esa fue más cerca de la fecha de desaparición y teníamos menos camino recorrido”, contó.
Otra que se le aparece sin pensar es la del canal del puerto de La Plata: “Allí había tambores con cemento y cada vez que sacaban uno y rompían, yo sentía que me partían el corazón”. La última búsqueda fue hace casi cuatro años. “Siempre da expectativas, esperanzas, pasan mil fantasmas por la cabeza y, aún así, no me puedo imaginar cómo sería encontrarlo”, contó.
La pista que inspeccionaron hoy llegó como un rumor de un joven que se acercó a la familia Bru. “En 10 y 77 hay una casa que está abandonada, adentro hay un Falcon, ahí tienen algo que ver con Miguel Bru”, le había dicho una mujer al muchacho. Él se puso a investigar, pasó varias veces por el lugar y nunca vio nada. Hasta que un día apareció la camioneta a la que se refería la señora. Lo inquietó el recuerdo de aquella conversación y llegó con la información hasta la fiscalía y a la puerta de Rosa y su marido.
Los vecinos de la casa de 10 y 77 le contaron hoy a Rosa que los que la habitaban nunca dejaban entrar a nadie. “Esta mañana, mientras estaba ahí, pensaba que hay momentos en los que siento mucha bronca porque esas cinco personas saben dónde está Miguel y no hacen nada para colaborar, incluso aunque eso los favoreciera. Ya no hay nada para investigar, nadie más va a ir preso, no hay instrucción penal. Incluso ofrecimos reducir las penas cuando estaban detenidos”, explicó.
El jefe del operativo le explicó a la familia que en esa casa abandonada no hubo excavaciones. Y que si hubiera habido, por ejemplo, un pozo de agua y lo hubieran tapado, con los georadares se habría notado la anomalía en el piso. La tecnología que utilizaron, además, abarca hasta dos metros de profundidad. Rosa no se quedó tranquila. Espera hasta el próximo miércoles, cuando comiencen los rastrillajes. Mientras, el lugar quedó en custodia de caballería. “Lo más importante para mí es saber dónde está Miguel”, dijo.
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En 1993 Miguel Bru denunció que la policía había allanado ilegalmente su casa. Desde ese día las amenazas y las persecuciones no cesaron. El 17 de agosto de ese año cuidaba la casa de unos conocidos camino a Magdalena. Por algunos meses ese fue el último rastro que tuvieron de él sus compañeros. Miguel había desaparecido. Nadie quería creer en la hipótesis de que la policía estuviese involucrada.
Con el correr de los días se fueron abriendo distintas puertas, distintos relatos y entonces lo supieron: Miguel había sido torturado y asesinado en la comisaría novena. Fueron algunos de los detenidos esa noche en la comisaría quienes con sus testimonios ayudaron a que sus asesinos fueran encarcelados.
Dos policías bonaerenses fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Miguel: Walter Abrigo y Justo López. Uno de ellos murió y el otro -después de negarle dos veces la condicional- fue liberado. El pacto de silencio que trazaron esa noche los bonaerenses de la comisaría novena no tuvo ni tiene una sola grieta. Nada se supo del cuerpo de Miguel.
Solicitaron enjuiciar a los tres policías imputados en el asesinato deMarcelo Montenegro
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La Fiscalía Criminal de Instrucción N° 14 solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 38, a cargo de Susana Wilma López, la elevación a juicio de la investigación contra los policías Emmanuel Alejandro Díaz, Mario Nicolás Medina y Diego Marcelo Calderón – efectivos de la comisaría 48 de la ciudad de Buenos Aires-, por el asesinato del joven Marcelo Montenegro.
Esta solicitud se suma al pedido impulsado por la querella, desde la Asociación Miguel Bru (AMB) a través del abogado Nahuel Berguier La causa se encuentra de este modo en las puertas del juicio oral y público en el que se podrá echar luz sobre el accionar criminal por parte de los policías involucrados en los hechos. Tras más de tres años de lucha por parte de Rosa, la mamá de Marcelo, y de la AMB se pondrá sobre debate lo ocurrido la noche del 7 de julio de 2012. El caso de Marcelo Montenegro da cuenta de cómo es el accionar del sistema judicial, que muchas veces convalida acriticamente las faltas policiales.
Después de muchos reveses judiciales, de que los policías fueran sobreseídos y de que la causa cambiara de juzgado, por fin los efectivos fueron procesados.
La noche del 7 de julio de 2012 Marcelo Montenegro viajaba en un Renault Twingo junto a un amigo. Comenzaron a ser perseguidos por efectivos de la comisaría 48 – supuestamente por ser sospechosos de un robo-, y en la intersección de la Avenida Piedra Buena y Saraza el auto en el que viajaban los jóvenes chocó contra un paredón. Una bala disparada por los policías atravesó el baúl, el asiento trasero del auto y fue a parar directo al tórax de Montenegro. La autopsia también determinó que Marcelo tenía una herida de paso de proyectil sobre los labios, una herida que no concuerda con la dirección de los tiros durante una persecución. No se encontró el supuesto arma que portaba Montenegro, y el registro del sistema de radio de los patrulleros dio cuenta de que el tiroteo fue avisado por los policías después de las comunicaciones relativas a la persecución y el choque del Twingo.
Díaz, Medina y Calderón son los tres oficiales de la comisaría 48 de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentran procesados por el delito de homicidio agravado “por ser miembros de una fuerza policial y haber abusado de sus funciones”.
”Después de muchos años de trabajo esperamos que por fin la familia de Montenegro encuentre justicia y las respuestas a la lucha que sostienen para saber toda la verdad de cómo murió Marcelo” expresó Rosa Bru, presidenta de la AMB.
Justicia por Rafael Cobo
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Desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y la Asociación Civil Miguel Bru, queremos expresar nuestra preocupación y solicitar un inmediato esclarecimiento de los hechos ocurridos el viernes por la madrugada que involucran a dos agentes de la policía local, que estaban fuera de servicio . El incidente, que involucra la utilización de un arma de fuego reglamentaria, ha puesto en grave riesgo las vidas de los ciudadanos, teniendo como trágico saldo que un estudiante de psicología, de nombre Rafael Cobo, resultase gravemente herido. El joven en estos momentos se encuentra estabilizado en el Hospital San Martín de La Plata. Asimismo expresamos nuestro apoyo y nos solidarizamos totalmente con Rafael y su familia.
Este hecho nos ratifica la imperiosa necesidad de revisar y reformar el funcionamiento estructural de nuestras fuerzas de seguridad. El uso irracional de la coerción, la utilización del arma fuera del horario de servicio y la insuficiente capacitación de los agentes, entre otras irregularidades, nos señalan que es urgente avanzar en la conducción civil de las fuerzas, en la institucionalización de una auditoría externa independiente y de un observatorio contra la violencia institucional.
En otro orden, es preciso repudiar la cobertura desinformante de algunos medios de comunicación, puesto que se han difundido en las últimas horas múltiples versiones sobre los hechos utilizando fuentes desconocidas. Una vez más, debemos apelar a la responsabilidad y la ética periodística, fundamentalmente, cuando se trata de temas tan sensibles para la sociedad.
Tenemos el ineludible compromiso de colaborar en la construcción de una seguridad democrática al servicio del pueblo y con respeto irrestricto de los Derechos Humanos.