22/2 -10 hs. Marcha por Omar Cigarán
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El 15 de febrero se cumplieron dos años de la muerte de Omar Cigarán, un pibe de 17 años que fue asesinado por una bala de la Policía Bonaerense. Sus familiares, amigxs y organizaciones políticas denunciamos que el policía Diego Walter Flores, principal acusado de disparar contra Omar, continúa en actividad en la fuerza policial . Por todo esto, y por todos los pibes y pibas que asesina la policía diariamente en casos de gatillo fácil, nos movilizamos a la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el viernes 20 de febrero (día en que Omar cumpliría 20 años). Convocamos a las a las 10hs en plaza Moreno (12 y 50).
Omar tenía 17 años y vivía, junto a su familia, en el Barrio Hipódromo de La Plata. El 15 de febrero de 2013, luego de varios meses de hostigamiento y persecución policial, un efectivo de la maldita policía lo ejecutó de un tiro.
El Estado, tanto provincial como municipal, estuvo siempre ausente en la vida de Omar y su familia: ausente cuando no contuvo a Omar desde ninguna de sus instituciones que abordan las diferentes problemáticas vinculadas a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad; ausente ante las dieciséis denuncias contra la policía que la familia de Omar realizó antes de aquel 15 de febrero, porque ésta lo perseguía, lo detenía sin fundamentos para robarle lo que llevaba, lo golpeaba; ausente ahora, dejando la causa sin fiscal y poniendo nuevamente en funciones al policía Diego Walter Flores.
El proceso judicial en la causa de Omar estuvo, desde un principio, repleto de irregularidades. A Omar le plantaron un arma en la morgue policial, hecho nunca investigado; ni la policía ni la fiscal Ana Medina cumplieron la resolución 1390 del MPBA ( Procuración General de la pcia. de Buenos Aires) que establece que, cuando en un hecho está implicado un funcionario policial, la policía no puede intervenir en la investigación ni recolectar pruebas.
La fiscal Ana Medina basándose en la versión policial y sin mirar el resto de las pruebas, dictaminó que Flores actuó en legítima defensa, cerró la causa y pidió su absolución, por eso hoy no hay fiscal en la causa elevada ya a juicio.
La familia es querellante a través de la Asociación Civil Miguel Bru.
En esta causa como en tantas otras, a lxs pibxs se les presume riesgos procesales y llegan en prisión al juicio, mientras que a los policias que destruyen y ocultan pruebas y amenazan a los familiares llegan a juicio libres y trabajando. Denunciamos al Estado provincial porque, siendo un funcionario suyo quien asesinó a Omar, no acciona para buscar justicia. Es más, se desentiende completamente y abandona, nuevamente, a su familia.
Exigimos:
- Apartamiento ya del policía Diego Walter Flores de la fuerza
- Efectivización de la ley 13298 de Protección Integral de los Derechos de la Niñez
- Políticas públicas de promoción y protección de la niñez y adolescencia
- ¡Basta de gatillo fácil!
- ¡Ni un pibe menos, ni una piba menos!
Convocan:
Familiares de Omar Cigarán
Asociación Miguel Bru
Corriente SURCOS
Movimiento Popular Patria Grande
Colectivo de Niñez Piedra Papel y Tijera de Berisso
Corriente de Organizaciones de Base La Brecha
Campaña por los DDHH de los Pibes y las Pibas
Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional
Olla Popular de plaza San Martín
DIEZ AÑOS BUSCANDO JUSTICIA
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A diez años del asesinato de Christian Domínguez a manos de ex policías de la Comisaría 1era de Berisso, la Asociación Miguel Bru (AMB) y la familia de la víctima, denuncian una dilación altamente agraviante de parte de la Sala II del Tribunal de Casación, al evitar expedirse luego de una audiencia de noviembre de 2013, en la que se pidió entre otras cosas, la revisión de la sentencia del juicio por la muerte del jóven. “Debieron resolver inmediatamente”- sostiene Pedro Domínguez, quien desde el primer día encabeza con su familia los pedidos de justicia por la muerte de su hijo.
Todos los plazos legales para resolver el pedido de revisión de la sentencia están excesivamente vencidos. Pero la familia Domínguez y la AMB saben sobre la perversidad de los tiempos que maneja la justicia. Por eso enfrentaron, incansablemente y con absoluta convicción, los siete años que duró la primera instancia de investigación, ofreciendo pruebas y denunciando el sinfin de tácticas que la Institución Policial puso en juego para garantizar la impunidad de los suyos. Desde el comienzo, la policía dispuso una escena que intentó hacer pasar el crimen por un suicidio. Para eso, desaparecieron pruebas claves, inventaron otras, se amenazaron testigos. Pero es sabido, ningún crimen es perfecto, aún cuando se tiene el visto bueno de la “familia policial” y la connivencia del Poder Judicial. Tres Fiscales fueron recusados durante aquellos años, por irregularidades e incumplimientos. Primero Leandro Heredia, luego Ana Medina y más tarde Tomás Morán, los tres apartados de la investigación al comprobarse que no hacían más que embarrar el escenario preparado para la impunidad.
En 2012 se celebró el juicio oral y público donde los ex policías Luciano Príncipi y Germán Cernuschi fueron juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tortura seguida de muerte, Víctor Gómez por torturas seguida de muerte, y Leandro Antonelli por falsedad documental y encubrimiento. Tras casi tres meses de audiencias, el Tribunal nro. 3 culminó condenando a Gómez por el delito de homicidio simple, y a Príncipi y Cernuschi por privación ilegal de la libertad agravada, mientras que absolvió a Leandro Antonelli.
Según Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru, “La sentencia del juicio fue un papelón. Para los jueces no hubo torturas y no se investigó el encubrimiento de la policía ni la cadena de impunidad que permitió el crimen y la teoria del suicidio con su propio cinturón, para lo que tuvieron que montar un grotesco y siniestro escenario”.
A diez años de la muerte de Christian, su familia todavía sigue buscando justicia. Esperan que la Sala II del Tribunal de Casación revea la sentencia del TOC 3 en razón de las irregularidades que hubo en el transcurso de la investigación, que son las que se vienen denunciando desde hace años y que tienen que ver ni más ni menos que con el hecho de que la causa fue manejada o instruida desde el comienzo, por los propios policías hoy condenados, una práctica recurrente y sistemática de la fuerza y la justicia.
Vencida en años.
La familia Domínguez y los abogados de la Asociación Miguel Bru que patrocinan la causa, interpusieron el recurso después de la sentencia (2012), ante la Sala II del Tribunal de Casación.
Los jueces debieron tomarse un máximo de 20 días según dispone el código de procedimiento. Pero recién hace algunas semanas, y habiéndose vencido en años el plazo estipulado, dos de ellos (Mahiques y Celesia) se excusaron de resolver (por haber participado en el dictamen del sobreseimiento de la Doctora Lotito, antes imputada en la causa y luego sobreseída por haber desfigurado el cuerpo de Chrsitian y fraguado el informe de autopsia). La Asociación Miguel Bru denuncia que debieron apartarse hace mucho tiempo, y no debieron siquiera presenciar la audiencia donde se presentó el pedido a fines de 2013. Ahora deberán decidir los jueces Mancini, Ordoqui, y Domínguez, lo que genera una nueva situación de indefensión.En el recurso, se pidió entre otras cosas, que tengan en cuenta el agravante de que el crimen ocurrió dentro de una Comisaría de la policía de la Provincia de Buenos Aires.
La presentación también hizo hincapié en las torturas recibidas por Christian. Además recordó las graves irregularidades cometidas en la investigación que se plantearon en los alegatos, como la desaparición de pruebas importantes como las computadoras, también piezas anatómicas, los cordones de las zapatillas de Christian; el cinturón con el que trató de instalarse la hipótesis de ahorcamiento que fue cortado en 4 trozos entre otras.