Tras la condena a 4 policías una camioneta atropelló al sobrino de Ariel Cannizzo
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Luego de la condena a prisión perpetua a cuatro policías por la muerte de Ariel Canizzo, su sobrino de 16 años fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga. La familia ya había manifestado su preocupación ante distintos hechos de hostigamiento policial previo al juicio, que incluyeron el hecho de que un policía le apuntara con un arma al mismo niño desde arriba de un móvil. La Asociación Civil Miguel Bru presentó una denuncia penal.
La AMB presentó una denuncia penal ante la UFI 17 de La Plata a raíz de que el sobrino de Ariel Canizzo fue atropellado por una camioneta que escapó la noche siguiente a que cuatro policías de la Comisaría Tercera de Berisso resultaran condenados a prisión perpetua por su muerte. La madre de la víctima y abuela del niño atropellado, Mónica Yllescas, venía denunciando hostigamiento policial en la previa y durante el desarrollo del juicio.
El Tribunal Oral y Criminal Nº 1 de La Plata condenó el 30 de abril último a prisión perpetua al ex capitán Ricardo de La Canal, los tenientes Roberto Percuoco y Ernesto Conti y el oficial principal José Antonio Cácere por “homicidio agravado en abuso por sus funciones en el cargo”. El 21 de octubre de 2011 los cuatro efectivos secuestraron a Ariel Canizzo de su casa y lo golpearon brutalmente, lo que le provocó una asfixia lenta por la que murió horas después en la Comisaría Cuarta de Berisso.
La madrugada siguiente a la sentencia, el sobrino de Ariel y nieto de Mónica, de 16 años, fue atropellado cuando iba en bicicleta a su casa por una camioneta y terminó internado unos días en el hospital de Berisso. La camioneta, de vidrios polarizados, lo levantó por el aire y huyó mientras el niño estaba tirado en la calle sin conocimiento. Momentos después arribaron varios patrulleros de la Comisaría Tercera de Berisso pero no realizaron acta ni otro tipo de investigación.
Durante el juicio, Mónica Yllescas afirmó ante el tribunal que se sentía insegura junto a su familia, porque la Comisaría Tercera queda a sólo tres cuadras de su casa. El año pasado mientras su nieto jugaba en la esquina la policía le frenó casi encima, le apuntaron con un arma y lo amenazaron. Mientras se desarrollaban las audiencias, lo volvió a parar la policía sin motivo, al igual que a uno de los principales testigos. Además, un patrullero estuvo varias horas parado una noche al lado de la casa, situación que ya había sucedido meses atrás.
8 de Mayo: Día Nacional Contra la Violencia Institucional
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La fecha del Día Nacional Contra la Violencia Institucional se refiere a la denominada “Masacre de Ingeniero Budge”. En esa localidad del partido de Lomas de Zamora tres suboficiales de la policía bonaerense asesinaron de 29 disparos a tres jóvenes que estaban en una esquina.
La “Masacre de Ingeniero Budge” marcó un hito en la historia democrática de nuestro país, en relación al accionar represivo de las fuerzas de seguridad como el primer caso de “gatillo fácil”. La memoria colectiva también lo recuerda como la primera pueblada organizada a raíz de un caso vinculado estrechamente a una metodología utilizada durante la última dictadura cívico militar.
Así y luego de muchos debates, se define a la “violencia Institucional” como prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios públicos, pertenecientes a fuerzas de seguridad, operadores judiciales y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad.
La semana pasada el Tribunal Oral y Criminal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a cuatro policías de la Comisaría 3ª de Berisso por “homicidio agravado en abuso por sus funciones en el cargo”, por la muerte de Ariel Cannizzo. “Tras ocho años de lucha llegamos a este juicio. Es sumamente grave que los cuatro condenados durante 8 años siguieron ejerciendo como policías. No olvidemos que teníamos policías asesinos trabajando en una comisaría”, destacó Rosa Schonfeld, presidenta de la Asociación Miguel Bru, quien patrocinó a la familia de Canizzo con lxs abogadxs Verónica Bogliano y Juan Manuel Morente.
Los condenados son el ex capitán Ricardo de La Canal, los tenientes Roberto Percuoco y Ernesto Conti y el oficial principal José Antonio Cáceres, quienes el 21 de octubre de 2011 en un procedimiento irregular y sin mediar orden de captura “secuestraron” a Ariel de su casa y lo sometieron a una brutal golpiza, por la que murió luego en la Comisaría.
Para llegar al juicio hubo que remontar la inacción de la Justicia, como la del fiscal Marcelo Romero, que durante años denegó varios pedidos de prueba que permitían probar el homicidio de Ariel. También del juez Melazo que dictó el sobreseimiento de los imputados. Pero otra vez, en el marco de un proceso colectivo, del que fueron protagonistas la familia, lxs vecinxs que inmediatamente marcharon hacia la comisaría, abogaxs, la Asociación Miguel Bru (AMB), dieron como resultado que en octubre de 2016 la causa llegara a juicio en el Juzgado Correccional 1 de La Plata pero por la simple imputación de apremios.
Ese año y declarando ante la jueza correccional, ni los peritos oficiales de la asesoría pericial- que además incumplieron con los protocolos de autopsia-, ni el perito de parte pudieron determinar que los golpes que recibió Ariel no tuvieran que ver con su muerte, por lo que la AMB solicitó el cambio de carátula a “Homicidio agravado”. Ante esto la jueza se declaró incompetente, ya que el Juzgado Correccional no hubiera podido dictar condena en caso de comprobarse ese delito. De ésta manera el caso llegó a este juicio como “apremios ilegales”, una vieja y conocida estrategia del Poder Judicial para garantizar la impunidad de los casos de gatillo fácil, y se logró el cambio de calificación.
Este fallo judicial tan reciente nos sirve a modo de ejemplo para observar actores y políticas que intervienen en la denominada Violencia Institucional. Los jóvenes de sectores populares como víctimas de estos hechos, la familias que sin recursos buscan ayuda para que se haga justicia y no la reciben por parte del Estado; militantes y organizaciones de DD.HH. que brindan esa ayuda; el poder policial cometiendo esos hechos de Violencia institucional; las pericias del Estado y sectores del poder judicial que amparan o ponen obstáculos para que el caso salga a la luz; los medios de comunicación que en primera instancia avalan la versión policial La movilización de lxs vecinxs, la familia y la participación de las organizaciones fueron fundamentales para que se haga Justicia.
Hoy asistimos a un presente en donde la Doctrina Macri/Bullrich/ Chocobar significan un recrudecimiento represivo, sin precedentes en nuestro país, a no ser que nos remitamos a procesos dictatoriales. Esta política tiene dos objetivos fundamentales: reprimir a la protesta social de la clase trabajadora frente a los ajustes salariales, despidos y tarifazos, y por otro lado, reprimir a los pibes de los sectores marginados por la distribución desigual de la riqueza bajo el maquillaje de combatir la inseguridad.
Según informó la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) en el último informe sobre Violencia Institucional presentado en marzo de 2019, un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, dando un promedio de un asesinato cada 21 horas, más de uno por día. Lo que implica que el macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia de estos hechos de Violencia Institucional. El archivo refleja el imponente salto represivo del Gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983, y ya ha comenzado a superar los propios.
La educación, el trabajo, la salud, la vivienda digna, son sin duda alguna los componentes claves de una agenda política que tenga que ver con la inclusión y la justicia social, y que este gobierno durante su gestión demostró que no están, ni estarán entre sus objetivos. Para llevar adelante esta política, que prioriza el saqueo y el privilegio de unos pocos, la violencia institucional es un elemento clave.
Jornadas en el mes de lucha contra la Violencia Institucional
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Rosa Bru (presidenta de la Asociación Miguel Bru) estará en una mensa debate donde disertará junto a Claudia Vázquez Haro (presidenta de Otrans) y Roberto Cipriano (CPM).
La actividad se realiza en el marco de una Jornada organizada por el Mes de lucha contra la Violencia Institucional.
Tendrá lugar el jueves 8 a las 11. 30 hs en sede de la Comisión Provincial por la Memoria, calle 54 nro. 487 de La Plata.