Los familiares de Daniel Oscar Migone y las entidades patrocinantes de la causa -el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Asociación Civil Miguel Bru (AMB)- elevaron un pedido ante el Fiscal General Dr. Héctor Vogliolo solicitando la remoción de la Fiscal Leila Aguilar (UFI Nro 5) de la pesquisa que sigue por la muerte de Daniel, quien fue asesinado el 10 de noviembre de 2005 en la Comisaría 9na de La Plata.

Motivan este pedido los innumerables silencios y excusas ante los pedidos de prueba que realizan los abogados patrocinantes de la familia Migone hace ya mas de dos años. Según expresaron los propios patrocinantes “hemos percibido claras muestras de la inoperancia y la discrecionalidad de la fiscalía que dirige la Dra. Aguilar, ya que a pesar del tiempo transcurrido desde el asesinato de Daniel, y sin haber agotado aún la prueba ofrecida por quienes representamos a la familia, en una reunión con sus padres, responsabilizó a los abogados de nuestras organizaciones de las demoras en la causa debido a la gran cantidad de prueba que ofrecemos, y les adelantó que según ella no llegará a los autores materiales del homicidio”.

La familia Migone, unida en la búsqueda de justicia a los demás familiares de víctimas de gatillo fácil, pide “que se revea o se sancione el accionar de la Fiscal Leila Aguilar como también de otros fiscales que investigan estos casos, tanto por su lentitud como su ineptitud o la falta de compromiso a la hora de investigar, distorsionando el rumbo de la investigación y encubriendo de esta manera a los asesinos”.

El retardo de justicia, la inoperatividad demostrada por quien dirige la investigación no resultan gratis en el desarrollo del proceso. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es llegar a la verdad, pues en el medio del camino no solo se pierden testimonios, testigos y recuerdos sino que también se destruyen y se pierden pruebas y registros claves para llegar a la verdad.

Ambas organizaciones afirman que esta actitud favorece la impunidad policial y la reiteración de casos de gatillo fácil y violencia institucional que encuentran total amparo en la justicia.