El pasado miércoles finalizó el juicio contra Adán Osvaldo Garabento por el secuestro violación y asesinato de una niña de 11 años en San Miguel del Monte. Asimismo este viernes se cumplen 9 años del asesinato de “Sugus” Santillán en manos de un guarida privado del ferrocarril en William Morris. La AMB acompañó a los familiares de ambas víctimas.

El día 04 de junio finalizó el juicio contra Adán Osvaldo Garabento (45), responsable de violar, secuestrar y torturar hasta la muerte a una nena de 11 años en San Miguel del Monte en febrero de 2003. Rosa Schonfeld junto a familiares de la “Comisión de Familiares y Víctimas de la Violencia Institucional y el Gatillo Fácil representados por la Asociación Miguel Bru”, acompañaron el juicio y presenciaron el veredicto. Garabento fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal IV, a 49 años de prisión, en un fallo sin precedentes al ser la pena más alta en la Provincia en juicio oral.

Por otra parte, hoy se cumplieron nueve años de la muerte de Ramón Antonio Sugus Santillán de 21 años, asesinado en 1999 por un vigilador privado del ex ferrocarril San Martín a la salida de un partido de Boca Juniors. Si bien el tribunal oral número 4 de Morón impuso una pena de diez años al custodio Juan Sebastián Acosta por el homicidio simple de Santillán, el acusado sigue bajo el arresto domiciliario que los mismos jueces le otorgaron hace tiempo. Hoy a las 16 hs, se llevará a cabo en la estación William Morris, un acto en su memoria organizado por sus familiares y amigos. La AMB participará del reclamo.

Jonathan Ezequiel Mesa fue fusilado el 26 de diciembre de 2004 en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. Tenía 16 años. La AMB patrocina la causa desde 2006. Recientemente hubo importantes avances en la investigación que permitirían llegar a la verdad sobre el caso.

Jonathan fue asesinado en la intersección de las calles Méndez y Cangallo de la localidad de Wilde, Partido de Avellaneda. Quien lo fusiló era en ese momento numerario del Comando de Patrullas de Berazategui. Su nombre es Héctor Tartaglione. Según él mismo refiere, Jonathan junto a otros dos jóvenes habrían intentado robar un auto de su propiedad, dentro del cual se encontraban su hijo y un amigo. Allí fueron sorprendidos por Meza y sus compañeros. Su hija le habría dado aviso y este habría salido disparando directamente sobre Jonathan y provocando su muerte. Según refiere Tartaglione, el joven le disparó previamente con su arma, produciéndose entre ambos un enfrentamiento. La causa fue caratulada primeramente como Tentativa de robo con arma y homicidio.
Como resultado de esta misma balacera sufrió lesiones -producto de una esquirla- una niña menor de edad que se encontraba jugando en la vereda, aproximadamente a media cuadra del lugar donde el auto estaba estacionado.
La AMB y sus abogados se presentaron como patrocinantes de la causa en 2006. Desde entonces se ha ido avanzando en la investigación, no sin dificultades. Se ha logrado agregar la causa de la menor herida a la de Jonathan, y recientemente se ha podido dar con nuevos testigos que aseguran haber observado toda la secuencia, incluso cuando Jonathan recibe el primer disparo y se rinde, tirando el arma y pidiendo piedad, y posteriormente es fusilado por Tartaglione.

Una práctica sistemática.

Entre los años 2001 y 2006 en la localidad de Lomas de Zamora han sido reiterados los casos de gatillo fácil contra menores. Tales son los casos Salafia, Avalos, Puente, Rocaro, Bazán, Barberán, Rodas, Godoy, Arevalo, Figueroa, Amarilla, Martinez, Galarza y Krince, sólo por mencionar algunos. Las regularidades que se presentan en todas estas causas permitirían dar con la trama de un modo sistemático de represión y gatillo fácil. La impunidad en estos casos está garantizada por el poder judicial que basa su investigación pura y exclusivamente en la versión policial. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, de enero a octubre de 2004, 12 menores de 17 años murieron en enfrentamientos con policías en el Gran Buenos Aires. Sobre 10 causas iniciadas por muertes de menores en enfrentamientos en Lomas de Zamora se detectó que la mitad de las veces los policías involucrados estaban de franco, y que en la misma proporción habían sido ellos las víctimas de los presuntos robos por parte de los menores muertos. El crecimiento de los casos es sostenido. Así, la causa Mesa pasa a formar parte de una lista de casos en los cuales las c ausas penales son caratuladas por el delito en el cual presuntamente participaron los menores, sin mencionarse la existencia de un homicidio o de una investigación tendiente a averiguar las causas de su muerte.

El porvenir de la mayoría de estas causas, en las que sus víctimas son jóvenes de escasos recursos no es alentador. Sus familias no cuentan con los medios para pagar los honorarios de un abogado particular ni afrontar los gastos del seguimiento de una causa, y al momento de recurrir a una dependencia del Poder Judicial, terminan asumiendo un rol pasivo y de resignación ante las innumerables trabas que encuentran. Entre ellas, tal vez la de mayor importancia sea la falta de transparencia que el propio sistema genera en cuanto al seguimiento de los procesos en marcha.
Su destino entonces queda condicionado a las irregularidades y a la parcialidad que comete el personal policial que realiza la instrucción e investigación de la causa.