El próximo viernes 19 a las 10.30 hs. la familia de Daniel Migone –asesinado en la Cría 9na en noviembre de 2005- realizará un acto y conferencia de prensa frente a la fiscalía platense – 7 entre 56 y 57-, acompañados por la Asociación Miguel Bru y otros familiares de víctimas de gatillo fácil y violencia institucional patrocinados por esta entidad y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).

La familia de Daniel Migone reclamará ante el Fiscal General, Sr. Héctor Vogliolo, que se interiorice de los detalles de la causa para garantizar el derecho a la verdad y la justicia; y que revise la decisión de los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri quienes ordenaron el cierre de la investigación días pasados, sin haber hecho lugar a reiterados pedidos de prueba presentados por la familia y las organizaciones patrocinantes.

Oscar Migone, Anabella Teresa Carone y Marita Migone -padres y hermana de Daniel Migone- y las entidades patrocinantes sostienen que existen sobradas pruebas de que Daniel fue detenido y torturado hasta su muerte en un calabozo de la Comisaría Novena –la misma donde en 1993 asesinaron y desaparecieron a Miguel Bru-; y que los policías presentes la noche del crimen se organizaron para encubrir el asesinato armando un causa en contra de Daniel. Un ejemplo de esto es que su cuerpo fue retirado de la comisaría luego de que resultara asesinado, para desarmar la escena del crímen y dificultar posteriormente la investigación.

Aunque han sido detenidos 5 policías, las organizaciones sostienen que los fiscales pasaron por alto importantes pedidos de prueba que presentaron varias veces en la causa, donde aportan elementos para que se investigue la trama de complicidad y encubrimiento que permitiría imputar a otros funcionarios policiales. Además de no dar lugar a los pedidos de la familia, los fiscales pidieron el cierre de la causa considerando que habían concluido la investigación.

El caso de Daniel Migone:

En la madrugada del 10 de noviembre de 2005, funcionarios policiales se acercaron al domicilio de la familia Migone para informarles que su hijo había fallecido. La versión oficial sostenía que a Daniel lo habían detenido por robar estéreos de tres vehículos, y que en el interior de un calabozo de la comisaría 9na se había ahorcado con su propia campera. Allí, funcionarios policiales lo habrían encontrado agonizando, por lo que lo trasladaron al H.I.G.A. General San Martín. Según la policía, Daniel llegó con vida y falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos que lo asistieron.

Pero la versión policial comenzó a desgajarse. El informe de autopsia demostró que Daniel murió por asfixia mecánica por compresión del cuello, con traumatismo craneoencefálico previo, presentando además traumatismo escrotal y cuya mecánica es compatible con el accionar de un tercero. El testimonio de los médicos que recibieron el cuerpo de Daniel fue contundente; él no pudo haber muerto en el camino hacia el hospital. Por los signos que su cuerpo presentaba, se hallaba muerto hacía mucho mas tiempo.

Desde entonces, se confirmó que lo que había sido presentado como un suicidio, en realidad pretendió ocultar las torturas que le provocaron la muerte. A partir de que la autopsia confirmó que Daniel murió por la acción de un tercero, las organizaciones patrocinantes pidieron que se investiguen diversos puntos de la versión policial, pero la fiscalía decidió cerrar la causa.

Entre los principales puntos que demuestran que Daniel fue privado ilegalmente de su libertad, se destacan los testimonios de quienes estuvieron en la comisaría con Daniel y que afirman que él les adelantó que lo estaban “empapelando”. Incluso uno de los funcionarios policiales actualmente detenidos declaró haber visto que a Daniel le sacaron todas sus pertenencias al llegar a la comisaría, incluido un celular que horas después sería casualmente “encontrado” por los mismos funcionarios policiales que lo detuvieron, dentro de uno de los autos por cuyo robo se lo acusaba. Estas y otros elementos de prueba permiten sostener que Daniel fue secuestrado, y que por motivos que aún desconocemos posteriormente fue asesinado por policías que luego montaron toda una escena en torno a un supuesto suicidio. Las trabas para llegar a la verdad sobre qué ocurrió esa noche no provienen solo de la policía, sino tal y como venimos denunciando a partir de nuestra experiencia en esta y muchas otras causas, son favorecidas por una rutina sistemática de algunos funcionarios judiciales, que demoran las causas e investigan con parcialidad, encubriendo de este modo a los asesinos.

“No hay maldita policía sin maldito poder judicial”

A mediados de febrero la familia Migone, junto a las entidades que los patrocinan, solicitaron al Fiscal General Dr. Héctor Vogliolo que aparte a la Fiscal Leyla Aguilar de la investigación. Este pedido fue el último de una larga serie de solicitudes por las demoras en la investigación, que la fiscal supo desoír. En esa oportunidad el Dr. Vogliolo no se hizo lugar al pedido de la familia. Durante el trámite de la causa, y a solicitud de la AMB y el CIAJ, el Fiscal General llamó la atención de la fiscal en tres oportunidades, por las dilaciones y falta de curso a la prueba ofrecida por la familia de Migone. Posteriormente, en marzo pasado, la familia de Daniel junto a sus patrocinantes se vieron en la necesidad de recusar a la Dra. Aguilar, no solo ya por la falta de trámite en la investigación, la cual se hallaba inactiva desde noviembre de 2007, sino fundamentalmente porque, aún con las pruebas ofrecidas a las que no había dado lugar, tuvo la imprudencia de adelantar cual sería el resultado de la investigación que dirigía. “Nunca voy a llegar a los autores materiales”, habría manifestado Aguilar a la madre de Migone.

Ante el pedido de recusación, Aguilar pidió la detención de cuatro de los policías implicados en las torturas que llevaron a la muerte a Daniel. Sin embargo, tanto sus familiares como la AMB y el CIAJ mantuvieron el pedido de recusación presentado ante el Juez de Garantías interviniente, para que Aguilar sea definitivamente apartada.

El juez Néstor de Aspro, el 14 de marzo pasado, le dio la razón a la familia Migone. Posteriormente la causa pasó a manos de los fiscales Martini y Berlingieri.

En la actualidad se encuentran detenidos con prisión preventiva el oficial Luis Díaz Zapata, el imaginaria de calabozos Carlos Ariel Toloza y el jefe de turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón, así como también una oficial, María Valeria Maciel, es beneficiada con arresto domiciliario, y el oficial Espósito tiene el pedido de eximición en trámite. El sargento Toloza está imputado del delito de “imposición de torturas seguidas de muerte”, mientras que sus colegas Maciel y Falcón de “omisión” de denunciar ese delito.

Las entidades patrocinantes de la causa entienden que sin bien la mayoría de los responsables de la muerte de Daniel ya han sido individualizados, existe una trama de encubrimientos ideada por la propia cúpula de la seccional 9na, quienes no obstante el tiempo transcurrido y los elementos aportados por la familia aún no han sido imputados por la fiscalía. Sin profundizar la investigación, se requirió la detención de algunos para procurar la impunidad de muchos. De ese modo, los agentes fiscales dejarían fuera de la investigación entre otros, a quienes habrían secuestrado a Daniel, así como a aquellos que habría desarmado la escena del crimen y montaron la idea del suicidio, entre ellos se encontraría quien por aquel entonces resultaba titular de la comisaría 9na, Claudio Jaidar.

Por todo esto, y ante el pedido por parte de los fiscales del cierre de la investigación, el CIAJ y la AMB presentarán este viernes al Fiscal General Dr. Vogliolo un escrito donde se pedirá la revisión de la decisión de elevar a juicio la causa.