La Asociación Miguel Bru, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, organizaron un acto por los 35 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
La concentración tuvo lugar en Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, donde Oscar Alberto Rodríguez (APDH), acompañado por Rosa Bru (A. Miguel Bru) y representantes de las otras organizaciones leyó el documento en nombre de las agrupaciones de derechos humanos participantes.

A 35 años del golpe cívico-militar de 1976: Memoria, Verdad y Justicia

La dictadura más sangrienta de nuestra historia ha dejado en nuestra sociedad múltiples heridas, muchas de las cuales aún sangran.
30.000 detenidos desaparecidos, cerca de 500 niños (hoy adultos) arrebatados a sus familias, millones de trabajadores arrojados a la miseria en pos de una completa reestructuración productiva que transfirió miles de millones de dólares a manos del capital más concentrado y una sociedad con sus lazos solidarios gravemente dañados.

La ronda de las Madres de Plaza de Mayo fue la forma que el reclamo audaz y creador eligió como herramienta de protesta. Así, inscribieron las Madres la lucha que se daba en Argentina en la conciencia universal.

Treinta y cinco años después aún estamos restañando esas heridas y resta aún mucho por hacer. La lucha contra la impunidad que los organismos de derechos humanos llevamos adelante desde antes de finalizar la dictadura sigue adelante con el reclamo de celeridad y unificación de las causas por terrorismo de estado. Entre ellos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, HIJOS y Hermanos.

Buscamos a los chicos que fueron separados forzadamente y permanecen desaparecidos, ignorando su identidad. Ya encontramos a más de cien, pero nos faltan muchos todavía .
Aquí vienen las Abuelas a realizar la minuciosa y titánica tarea de recuperación de los niños y niñas apropiadas. Otro ejemplo para el futuro.

Luchamos por conocer la Verdad acerca de cada uno de los episodios que componen el terrible genocidio. Para eso promovimos Juicios por la Verdad en todo el país, aún cuando la impunidad nos cerraba las puertas.

La lucha de los organismos tuvo dos momentos de reconocimiento político. El primero, en los albores de la democracia, que comienza con la anulación de la ley de autoamnistía, la creación de la CONADEP de cuyos legajos de prueba aún hoy se nutren los juicios y que culminó con el histórico juicio a las juntas militares. El segundo momento se inicia con la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida que significaron una traba para la continuidad del proceso de juzgamiento. Se refuerza con las sucesivas y distintas decisiones judiciales que fueron declarando inconstitucional el indulto de los años 90 y, a partir de esas bases, comienza su tránsito. Ha significado, hasta el momento, una decisión política de profundización de aquella primigenia decisión de juzgar. En tal sentido, celebramos los juicios que se están desarrollando: Córdoba, Rosario, Santa Fé, Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Neuqúen, Catamarca, Corrientes, Chaco, Bahía Blanca, La Pampa, en fin, a lo largo y ancho del país. Nos reconocemos en las decisiones de la Corte Suprema Nacional que han permitido abrir la puerta a la condena de los terroristas de estado. Y en su definición de que se trata de una política del estado argentino.

Reclamamos un país más justo, con la dignidad que otorga el trabajo y la satisfacción de todos y cada uno de los derechos humanos para todos y cada uno de sus habitantes. Bregamos por la progresividad de los derechos humanos que incluye, hacia el final del derrotero, la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales.

Exigimos investigación completa, profunda e independiente para las desapariciones de Jorge Julio López, Miguel Bru y Luciano Arruga, y para el homicidio de Silvia Suppo. Juicio y castigo a los culpables.
Llamamos a establecer mecanismos de promoción y protección efectivas de los derechos de niños, niñas y adolescentes que piensen en ellos como sujetos de derechos y no como carne de cañón de pretendidos sistemas de garantías que no garantizan más que la punición.

Procuramos el pronto establecimiento de un mecanismo nacional y mecanismos locales de prevención de la tortura amplios, democráticos e independientes, que nos permitan erradicar de los lugares de encierro esa gravísima violación a los derechos humanos .
Convocamos, para alcanzar estas metas, a redoblar esfuerzos en la militancia, la movilización y la unidad. Ese camino nos ha conducido a lograr lo que hasta hoy hemos conseguido. Multipliquemos la apuesta en la calle, en la lucha y en el reclamo, para la construcción de un futuro en conjunto, que nos encontrará emprendiendo las batallas que sean necesarias para garantizar la defensa irrestricta por los Derechos Humanos.

A 35 años del golpe cívico-militar de 1976 y en homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia.