Distintas organizaciones de derechos humanos y otras entidades públicas se presentaron como AMICUS CURIAE ante el Juzgado de Garantías N° 5 - Depto. Judicial La Plata- a cargo de la Dra. Marcela Garmendia, designada recientemente en la causa por el crimen de Daniel Migone - donde la familia es patrocinada por la Asociación Miguel Bru (AMB)- luego que el juez Néstor De Aspro fuera recusado. Daniel fue asesinado el 10 de noviembre de 2005 en la Comisaría Novena de La Plata, la misma donde fue torturado, asesinado y desaparecido Miguel Bru el 17/8/93. En el escrito propician que se profundice la investigación y se garantice a la familia de la víctima el acceso al derecho a la verdad. Además sugieren que la investigación pase a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas.

El documento fue elaborado y suscripto por distintas organizaciones, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata (APDH LP), en la persona de la abogada Marta Vedio; la Asociación Miguel Bru (AMB) por medio de su presidenta, señora Rosa Schonfeld de Bru; el Centro de Estudios en Victimología e Incidentes Críticos (CEVIC) representado por su vicepresidenta, señora María C. Lavezzari; el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (CPV), a través de su director, abogado Alberto Palacio; el Colectivo De eso No se habla, representado por su presidenta, Valeria Volponi; el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, en la persona de su coordinador, abogado Roberto Cipriano García; la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, representada por el decano, abogado Hernán Rodolfo Gómez; el Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP; por intermedio de su directora, doctora Manuela G. González; el Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Publicas de la Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, a través de su directora, abogada Carola Bianco; Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, representado por su coordinadora, abogada Paola Catino; la Secretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, en la persona de su secretario Jorge Jaunarena, y la Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, representada por su responsable, señor Alberto J. Linares.
En el escrito propician que se profundice la investigación y se garantice a la familia de la víctima el acceso al derecho a la verdad. Además sugieren que la investigación pase a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas.

El AMICUS CURIAE –establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nuestra Constitución- permite que personas y/o entidades que no son parte en un determinado proceso, pero tienen una reconocida trayectoria en la temática que se trate- puedan participar y expresar su opinión ante los magistrados intervinientes, para que se acceda a la justicia del caso.

En su pedido, los firmantes afirman que “es menester que –como Amicus curiae- propongamos un método de actuación judicial que permita el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha suscripto”.

Asimismo, manifiestan que en los seis años que lleva la investigación, los fiscales a cargo no han indagado en profundidad el hecho que privó de la vida a Migone, limitándose a investigar solo ciertas rutinas que se agotan en la detención de algunas personas, como si eso por si solo explicase lo que ocurrió.

En este sentido, coinciden con el reclamo de la familia y la AMB de que es indispensable investigar y visibilizar las rutinas instaladas en las fuerzas de seguridad que permitieron el crimen de Daniel. En su escrito, los Amigos del Tribunal ponen énfasis en que sino se indagan “los sucesos que culminaran en la muerte de Oscar Daniel Migone”, tendría como consecuencia “la legitimación de la falta de respeto por derechos y libertades fundamentales” y “la negación de la obligación de garantizarlos, si se consagra la impunidad” de prácticas como las examinadas en esta causa.

Afirman que es evidente que la conducta de la policía con respecto a Migone no fue casual ni un accidente, sino que es una consecuencia directa de “ciertas rutinas de la institución que se reiteran sin el debido control. Por esto, estiman -como Amicus curiae- la urgencia e importancia de desentrañar el modus operandi que se desplegó en el presente caso, con el objetivo de conocer y poder efectivamente prevenir otros hechos semejantes”. Además expresan que tanto la práctica policial como la actitud de omisión de investigar de parte del Ministerio Público Fiscal “se confabulan para sostener una sistemática arraigada de tratos crueles, inhumanos y degradantes seguidos de muerte, tal como lo han denunciado -en reiteradas ocasiones- organismos no gubernamentales que trabajan la temática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Seis años de dilaciones

Cabe destacar que la causa recorrió durante casi 6 años diversas instancias, a través de todas las cuales la familia de la víctima ha exigido conocer toda la verdad de lo que le ocurrió a Daniel durante aquella fatídica noche.

La investigación recayó primero sobre la Unidad Fiscal 5 de Leila Aguilar. Tras tres años de dilación y reclamos desoídos, la familia de Daniel y la AMB, la recusaron por considerarse que con su accionar favoreció la impunidad policial. La causa pasó a los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri y se elevó a juicio con 5 funcionarios involucrados por las torturas seguidas de muerte, sin avanzar un solo paso en la investigación. Entonces la Sala III del Tribunal de Casación de la Provincia hizo lugar al pedido de los familiares de la víctima y la AMB, quienes reclamaban que la causa no sea elevada a juicio para que se investigue a todo el personal policial involucrado en la muerte del joven.

No obstante lo ordenado por el más Alto Tribunal Penal de la Provincia, la investigación volvió a manos de los fiscales Martini y Berlingieri, quienes en lugar de excusarse, y sin disponer una sola medida de prueba , volvieron a solicitar la elevación a juicio al juez De Aspro. Elevación a juicio, idéntica a la que presentaran hace ya dos años ante el mismo juez, y que fuera impugnada por la familia de Daniel Migone, medida acogida favorablemente por el Tribunal de Casación de la Provincia.

Por su parte, contrariamente a lo que impone el código de procedimiento, ni los fiscales Martini y Berlingieri, ni el juez De Aspro se excusaron de continuar en la causa, nuevamente la familia de la víctima fue quien los recusó y pidió se los aparte, a fin de que se le garantice imparcialidad por parte del juez y objetividad por parte de los fiscales.

Días pasados, la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental, apartó al juez De Aspro de la causa, y en su lugar designó a la jueza Marcela Garmendia, quien ahora debe resolver la otra recusación presentada por los familiares de la víctima contra los fiscales Martini y Berlingieri.

En tal sentido, las organizaciones y entes públicos que presentaron el “amicus curiae” al momento de referirse al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha suscripto, afirman que debe “propender a la profundización de la pesquisa planteada, con la intervención de los miembros especializados que el Ministerio Público Fiscal tiene, y que por competencia material, se desempeñan en la Unidad Funcional de Instrucción que se encarga de las Investigaciones Complejas”.

Por el crimen se encuentran imputados los ex policías Daniel Guillermo Espósito; el imaginaria de calabozos Carlos Ariel Toloza, el jefe de turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón; el teniente Luis Díaz Zapata y la oficial de servicio, María Valeria Maciel; quien se encuentra beneficiada con arresto domiciliario.

En todo este tiempo su familia afirmó que “no están todos los policías que participaron y encubrieron el asesinato”, resumió Marita Migone, hermana de Daniel. “Dijeron que había robado unos pasacassetes y que se suicidó, y sin embargo no tenia motivo ni para una cosa ni para la otra, mi hermano era un trabajador, vivía con sus padres y sus dos hijos menores, … “. Rosa Bru, presidenta de la AMB insiste con que “es fundamental que se agote la investigación porque hay muchas pruebas que indican que Daniel fue secuestrado, hay cantidad de elementos que indican que fueron falsos los motivos para justificar su presencia en la comisaría y que se armó una escena para encubrir su asesinato. Su familia merece saber la verdad”.