Publicada en Infojus Noticias
Foto1: TELAM. Foto 2: Sec de Prensa Facultad de Periodismo y Com. Social UNLP

Está destinado a docentes, niños y adolescentes. Allí se explican cuáles son sus derechos y cómo actuar frente a las formas más graves de violencia institucional. “A mí me quedó la experiencia de no saber dónde recurrir”, dijo Rosa Bru.

Derecho a circular libremente y a expresar opiniones, derecho a no ser detenido sin orden judicial y derecho a llamar a un abogado. Esos son algunos de los puntos destacados del manual “Los derechos humanos frente a la violencia institucional”, que se presentó hoy en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata. El texto, que llegará a las escuelas primarias y secundarias de todo el país, fue elaborado por equipos de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Educación de la Nación.

El manual, que puede ser descargado del sitio educ.ar , presenta una propuesta pedagógica a partir de una definición de la violencia institucional que contempla las formas más graves de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes, como las detenciones arbitrarias o distintas formas de apremio que utilizan los integrantes de las distintas fuerzas.

En el aula 25 de la unidad académica, Rosa Schönfeld de Bru, madre de Miguel Bru, y Raquel Witis, madre de Mariano Witis, dieron testimonio sobre la desaparición y el asesinato de sus hijos en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, en plena democracia. “A mí me quedó la experiencia de no saber dónde recurrir”, dijo Rosa, tras recordar que para buscar a su hijo lo primero que hizo fue recurrir a la policía, la misma fuerza que se lo arrebató. Recalcó por eso la importancia de que el manual también llegue a los padres.

Raquel contó cómo se trabajó desde el área jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos para la elaboración del manual que define la violencia institucional. “Nos referimos a situaciones que involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, aislamiento y tortura, entre otras), que llevan adelante o para las que prestan complicidad determinados funcionarios públicos, en contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación y de instrucción)”.

“Cuando un funcionarios del Estado abusa de su poder y niega derechos estamos ante una violación a los derechos humanos”, dijo Raquel y resaltó: “Para saber cuándo esto sucede, tenemos que conocer nuestros derechos y cómo tiene que ejercer las acciones el funcionario”.

Seguidamente enumeró: “hay que recomendarles a los jóvenes que salgan con documentos a la calle” y acto seguido remarcó que “todos tenemos derechos a reunirnos en plazas, a cuestionar o reclamar pacíficamente, y a dar nuestras opiniones”.

Antes, Jorge Jaunarena, el secretario de Derechos Humanos de la facultad que se había encargado de presentarlas, remarcó la importancia de que este trabajo llegue a manos de los más jóvenes que “son las principales víctimas de la violencia institucional”. Recordó que, según el último informe de la Casación Penal bonaerense, el 96% de los niños y niñas que se encuentran en situaciones de detención sufrieron violencia por parte de los funcionarios que deberían velar por sus derechos.

El coordinador de los Programas para la Inclusión Democrática en las escuelas del Ministerio de Educación, Gustavo Galli, como el director de Formación en Derechos Humanos de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Matías Moreno, destacaron al manual como parte de las políticas públicas de promoción y protección de los derechos humanos que lleva adelante el Estado nacional.

Galli aseguró que “este manual no podría haber llegado a las escuelas sin un marco de políticas públicas de promoción y respeto por los derechos humanos y de memoria que así lo favorezcan”.

“Para que esto no suceda más tenemos que profundizar la democracia y también educación, en términos de la memoria”, afirmó. Como ejemplo, sobre el rol de la institución educativa, recordó la lucha por la memoria de Ezequiel Demonty, arrojado por la policía al Riachuelo desde un puente que, ahora, por iniciativa de sus compañeros lleva su nombre.

Moreno, por su parte, se refirió al manual como una herramienta para dar la batalla cultural contra el sentido común que hoy “estigmatiza a ciertos grupos” para legitimar la violencia institucional dirigida a esas clases subalternas. “Por el contrario, queremos que una cultura de derechos humanos atraviese a todas las instituciones”, dijo.

Una guía sobre derechos y cómo ejercerlos

El manual destaca el derecho que tiene todo habitante a circular libremente y expresar libremente sus opiniones, enseña que nadie puede ser detenido sin orden judicial correspondiente y detalla que en caso de ser detenido asiste el derecho a negarse a declarar, a negarse a la extracción compulsiva de sangre y a negarse a reconocer objetos secuestrados.

También enseña que los jóvenes tienen derecho a llamar a un abogado; que si son menores deben ser comunicados de manera inmediata con sus padres y en el caso de ser una mujer la detenida, ésta no debe ser “cachada” por un varón y precisa que la revisación “no incluye revisación ginecológica”.

El cuadernillo incluye una serie de actividades que el docente puede plantear a sus alumnos para trabajar cada uno de los aspectos vinculados a la violencia institucional; provee casos típicos de violencia institucional y prevé que los niños y adolescentes analicen el rol de los medios de comunicación en la cobertura de hechos de violencia institucional.

En la primera sección, se presentan los núcleos centrales de la noción de violencia institucional desde el paradigma de los derechos humanos. En la segunda sección hay algunas orientaciones generales para la intervención educativa y en la tercera una serie de actividades facilitadoras para trabajar con los y las alumnos/as. Si bien las mismas están diseñadas de modo secuencial, pueden ser utilizadas por separado o en distinto orden.