“De Igual a Igual” (DIAI), el programa radial que la AMB emite en AM Radio Universidad entrevistó el pasado lunes a Claudia Cesaroni, abogada y criminóloga, integrante del Centro de Estudio de Políticas Criminales y Derechos Humanos (CEPOC) para consultarla acerca de la edad de imputabilidad y la justicia de menores. A continuación reproducimos parte de la charla.

DIAI . Hablamos de que la coyuntura lleva a discutir la baja en la edad de imputabilidad, determinada por la sensación de inseguridad que está planteada en la sociedad y que se alimenta desde los medios … quisiéramos saber su impresión acerca de esto.

CC. Si, de todos modos estos días, al calor de la gripe porcina o el dengue, el tema bajó en los medios y en la histeria de la agenda mediática, y con ello la situación de los menores, los delitos graves y la urgente y aparente necesidad de cambiar las leyes para encerrar más pibes. Esto también revela, como muchas veces, que las reacciones espasmódicas tienen que ver con poner en el tapete un tema, que vuelve a caer de esa escena cuando aparecen otros que se instalan de la misma manera.

DIAI. ¿Con esta nueva Ley se apunta a crear a un nuevo enemigo interno, como siempre pasa con los jóvenes, aquellos que se revelan contra el sistema y lo establecido?

CC. Yo creo que hay una construcción del otro que genera pánico, terror, que esta dotado de rasgos monstruosos. En este caso en algún momento fueron los anarquistas, los subversivos, los piqueteros, y ahora son los “menores”. Estos pibes son víctimas del desamparo, de la miseria, del abandono y son utilizados por otras personas que son adultos, no son niños ni adolescentes, y que están absolutamente amparados por la inacción de las autoridades y en primer lugar la policía, o directamente con la complicidad, este es el planteo de fondo..

DIAI. ¿Qué opina del planteo de Zaffaroni?

CC. Es sorprendente escuchar que este doctor, con el que nos hemos sentido alumnos y hemos intentado imitarlo, plantee esto. Él nos ha enseñado siempre que la mayor característica del sistema penal es que es excluyente, discriminatorio, estigmatizante, que elige a los más débiles y a los más vulnerables para atraparlos, que deja una red que se lleva los pececitos más pequeños y deja escapar a los más grandes. Él planteaba el otro día que es necesario brindar garantías a los pibes que son encarcelados sin proceso, y que para brindarles garantías hay que incluirlos en el sistema penal. Lo que nosotros decimos es que privarlos de libertad es ilegal por lo tanto hay que liberarlos, no legalizar ese encierro. Si estamos planteando que la única manera de brindarle garantías constitucional a las personas es incluirlas en el sistema penal, bueno, parece q eso es una falacia.

DIAI. ¿Y qué hacemos con un chico de 14 o 15 años de edad que comete un hecho grave?

La respuesta es: lo mismo que haríamos con uno de 13, de 12 o de 11, entender que ese pibe está en esa situación porque lo arrastra una historia anterior, y que quien tiene que atender su problemática son las áreas de Protección de Derecho que deben existir en cada municipio, Áreas de protección de Infancia. Este es un lugar donde la mamá, el papá o la maestra puede ir y decir “este chico no está viniendo a la escuela, está fumando paco, está abandonado”. Necesitamos que el municipio brinde programas de inserción, que lo ayude en la escuela, que le de becas, etc.

La punilidad tiene que ver con una decisión política, es una cuestión de política pública en la que el Estado dice: yo decido “aplicar pena desde tal edad”, no hay ninguna norma internacional que especifique un límite de edad. Hay países que la fijan en 12 o en 14 o en 16. El comité del derecho del niño, enuncia en su último documento publicado en 2007 que es incomiable fijar una edad de punilidad entre los 14 y 16 años. Es decir, no hay ninguna obligación de establecer la edad de punilidad a los 14, perfectamente se puede mantener en los 16. Nosotros decimos que debajo de esa edad, dejemos afuera del tema al sistema penal. No estamos diciendo que todo siga así: decimos que queremos un sistema penal juvenil con todas las garantías, con mediación penal, con posibilidad de que los pibes con delitos menos graves puedan resarcir ese daño trabajando, por ejemplo. Porque el pibe puede comprender que lo que hizo no está bien, es reprochable y debe resarcirlo. En muchos países funcionó este sistema de mediación penal.

DIAI. Es necesario hacer una analisis mas profundo, complejizar al problemática…

CC. Claro, estos pibes tienen 14 o 15 años , nacieron en el ‘94, en el ‘95, pleno menemismo. Sus familias quedaron arrasadas por el neoliberalismo, perdieron el trabajo, nunca accedieron a niveles de educación digna. Esto es interesante de discutir, porque escuchamos a tipos como Macri diciendo “lo que hay que dar es educación” y después lo primero que hacen es destruir la educación publica, pauperizarla, pagar mal a los docentes. Entonces no solamente se trata de que el pibe llegue a la puerta de la escuela y entre, el punto es que la educación que reciben centenares de pibes en este país, es paupérrima, de baja calidad, no les permite igualarse en oportunidades de desarrollo intelectual con pibes que tienen acceso a otros niveles de educación. Entonces un chico de 13 o 14 años arrastra todo eso en su propia vida y en su propio cuerpo, pero además arrastra la historia familiar, de marginación, de abandono, de degradación.

Todo el tiempo se habla de baja de edad de imputabilidad, pero en realidad lo que estamos diciendo es: podes imputar un delito a un niño de diez años, pero para que una persona sea imputada tiene que entender que el hecho que está cometiendo es criminal y que se le puede reprochar.

El pasado viernes 17 de abril fue detenido el policía Néstor Antonelli, acusado del delito de encubrimiento y de falsedad documental. El policía era ayudante de guardia de la Comisaría 1ra de Berisso, donde fue asesinado Christian Agustín Dominguez hace cuatro años, y estaba a cargo del libro de guardia que fue adulterado.

El 1 de abril el Juzgado de Garantías N°1 elevó a juicio la causa donde se encuentran imputados y detenidos los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez, por el delito de torturas seguida de muerte. También se encuentra imputada la perito policial Mabel Lotito.
Christian Domínguez fue detenido el 5 de febrero de 2005 por personal de la comisaría 1era de Berisso, y según la policía se ahorcó con su cinturón en la celda de contraventores. Se encontraba de turno en aquel momento la Fiscalía a cargo del Dr. Heredia, quien no se hizo presente en el lugar de los hechos. La primera autopsia estuvo a cargo la perito policial Lotito, quien determinó que Christian se había ahorcado. Sin embargo la segunda autopsia, realizada por peritos judiciales y el Dr. Miguel Ángel Maldonado, perito de parte de la Asociación Miguel Bru y el abogado Ernesto Martín; determinaron que Christian falleció a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros. Aunque el total de las pruebas demostraba que se trató de un homicidio, tres fiscales fueron removidos de la investigación por considerarse que obraban sin la menor voluntad de descubrir a los culpables, como tampoco de encontrar a los responsables del encubrimiento.
Según las pruebas obtenidas, la policía habría simulado un ahorcamiento con el cinturón que Christian llevaba puesto, luego de torturarlo y matarlo. La marca del encubrimiento quedó dibujada en su mentón. Con el fin de seguir ocultando el homicidio, se hicieron desaparecer los paquetes vasculonerviosos borrando así una prueba fundamental para la investigación.

Organizado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el COMFER y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, el pasado jueves se realizó en el Teatro Argentino de nuestra ciudad el 8° Foro de Discusión sobre el borrador de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata de una consulta pública que tiene por objetivo debatir la propuesta de reforma a la Ley de Radiodifusión, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer a la ciudadanía recientemente durante un acto realizado en el Teatro Argentino de La Plata.

Los foros sirven para hacer aportes al proyecto que podría reemplazar al decreto-ley de Radiodifusión de la dictadura -firmada por Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy, en el año 1980- y que será enviado al Congreso de la Nación. Ya fue realizado en Resistencia, Posadas, la Secretaría de Medios, Canal 7, Paraná, Córdoba y Salta y continuará posteriormente en otras ciudades del país.

Participaron del foro realizado en nuestra ciudad, organismos de derechos humanos, trabajadores de la CGT, CTA, Universidades, investigadores de medios de comunicación comunitarios y cooperativos, integrantes de organizaciones sociales y estudiantiles. Desde la AMB se valoró este espacio de debate y se habló de la importancia de acordar una nueva ley de radiodifusión basada en los principios rectores de los derechos humanos de las Convenciones Internacionales, en donde se entiende a la comunicación como un derecho a la libertad de expresión. Desde nuestra organización se mencionó entre otras cosas la importancia del punto que propone que el 33% de las frecuencias se destinen a entidades sin fines de lucro pues de esta manera se democratiza el sistema de medios, punto que se acompañará de normativas que impidan expresamente los monopolios empresariales informativos. En este sentido Jorge Jaunarena, miembro fundador de nuestra entidad sostuvo que \\\”el caso de Miguel es un ejemplo claro de lo difícil que resulta difundir ciertos temas. A través de una larga lucha los medios comenzaron a difundir su caso y la movilización de mas de 3000 personas de la universidad permitió llevar a un jury de enjuiciamiento al ex juez Vara y al juicio a los policías que mataron a Miguel. Destacamos el compromiso que tuvieron en ese momento los trabajadores de prensa que cubrían lo que pasaba en la calle y que muchas veces tuvieron q enfrentarse a las líneas editoriales de los medios para hacer un espacio para el caso de Miguel\\\”. Rosa Schonfeld de Bru presidenta de nuestra ONG resaltó que \\\”es fundamental que los familiares puedan acceder a los medios, que se difunda su caso, que se sostenga en el tiempo, que puedan informar acerca de cómo avanzan sus causas, que puedan participar en la generación de noticias.”

El Foro continuará en Mar del Plata, Rosario, Mendoza, San Juan, La Pampa, Neuquén y Viedma. De esta forma, la actividad es abierta a la comunidad e invita a expresarse a quien participe de estos espacios de discusión.

Este mediodia “Autoconvocados por los derechos de los Pibes” y la Asamblea Permanente por los derechos de la Niñez instalaron una olla popular frente a la Municipalidad de La Plata para repudiar el incumplimiento del gobierno provincial y municipal en materia de niñez y adolescencia y el incumplimiento total de la medida cautelar que dictó el juez Luis Arias tras el amparo que interpuso la Asamblea Permanente.

A mediados de noviembre pasado el Juez en los Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, hizo lugar al amparo presentado por la Asamblea por los Derechos de la Niñez, donde se exige la constitución y puesta en marcha de una red de contención y abordaje de la problemática de los niños en situación de calle así como la urgente habilitación de un lugar que opere como centro de referencia diurno y nocturno para niños y niñas, y que conste además de una suficiente dotación de profesionales (medico, psicólogo, especialista en adicciones) . Entre otras cosas además se obliga al estado a tomar cartas en la urgente necesidad de dar cobertura alimentaria y atención médica a niños y niñas, y a la habilitación de una línea telefónica de 24 hs. a la que se pueda llamar en caso de emergencia así como también a la realización de acciones conducentes para viabilizar el acceso igualitario de los niños y niñas al sistema educativo (formal y no formal) así como también al diseño de programas de revinculación con sus familias en los casos que sea posible. Pero tanto el municipio como el poder ejecutivo provincial han hecho oído sordos al dictamen de la Justicia.

Por esta razón y porque la organizaciones tienen la plena convicción de que el éxito del proceso no significa nada si no se logra reavivar el compromiso de las organizaciones sociales y de la población en general en la lucha por el cumplimiento de los plenos derechos, es que se instaló una olla popular donde además de exigir respuestas del Estado, se realizará una campaña de concientización social.

Pedimos respuestas. Pero no éstas.

Para evitar problemas con grupos de choque paraoficialistas que impiden la manifestación de expresiones populares en las plazas publicas (léase control urbano y la policía de la comisaría 1ª de nuestra ciudad quienes la semana pasada desalojaron violentamente al grupo de personas que se habían reunido con el mismo fin) se presentó ésta vez una nota ante el Intendente Bruera firmada por las organizaciones presentes, que lo anoticiaba del reclamo.

Gran sorpresa causó en los representantes que fueron a entregar el documento el escuchar la que podría ser la primera respuesta de parte de la Municipalidad con respecto a la lucha que se viene entablando por la urgente atención de las necesidades básicas de niños y niñas en situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad. Provino del representante de la oficina del Intendente que se acercó a mesa de entradas a recibir la nota presentándose como Martín. “Si, si bien existe un derecho constitucional a la protesta… no se puede hacer en todas las plazas”. Así fue como sin esperarlo obtuvimos una súbita respuesta, salida desde el interior mismo del Municipio platense.

Y es que al parecer según ciertas interpretaciones, este derecho no se puede ejercer en todas las plazas. Sobre todo no se podría ejercer en las plazas que estén frente a organismos públicos. ¿Y esto por qué no? Porque molestan. Las protestas al parecer deberían ser en Plazas como Matheu, lejos de la gente. En la intimidad. Una nueva disposición municipal que aún no figura mas que a nivel retórico y que sin duda hace peligrar la libertad de reunión, expresión y manifestación pública. Nada más cerca del autoritarismo que el cercenamiento de los derechos fundamentales de la democracia.

Nuevamente el Estado se hizo presente en la lucha por los derechos de Niños Niñas y Adolescentes en situación de calle. Sí. Ud. lee bien. Se ha hecho presente de la forma en la que suele hacerlo en estos casos; mediante sus fuerzas represivas.

El martes en horas de la tarde, un grupo de personas integrantes de “Autoconvocados por los derechos de los Pibes” se encontraban frente a la Municipalidad de la Plata, dispuestos a realizar una nueva olla popular. El fin; repudiar el incumplimiento del gobierno nacional, provincial y municipal en lo referido a la aplicación real y efectiva de la ley 13.298 de Promoción y Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y el incumplimiento total de la medida cautelar dictada por el juez Luis Arias en el marco de el amparo que interpuso la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, de la cual forma parte la AMB. Fue entonces cuando personal de Control Urbano junto a efectivos policiales secuestraron todos los materiales dispuestos para tal fin, y no conformes con ello agredieron a uno de los jóvenes que se encontraba filmando la situación. Tras un forcejeo con Control Urbano se llevaron los equipos de sonido, la mercadería, garrafas y un grupo electrógeno.

Las organizaciones siguen y seguirán trabajando para poner sobre la agenda pública esta problemática. El próximo martes 7 de abril a las 12hs. se volverá a instalar una olla popular frente a la Municipalidad de nuestra ciudad- calle 12 entre 51 y 53. Olla nacida de un reclamo legítimo y justo, en repudio de la política de exterminio de los gobiernos contra la niñez, y para que todos exijamos por el fin de la verdadera inseguridad, que tiene como principio a la pobreza, la desigualdad, el abandono y la falta de políticas entre tantos otros flagelos.

La Historia sin fin

Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle” es un grupo compuesto por vecinos y organizaciones sociales que vienen abordando desde principios de 2008 la problemática de los jóvenes en situación de calle, y exigiendo un plan integral de atención.

La actividad con que se comenzó la acción y el abordaje conjunto, fue la realización de una olla popular nocturna hacia fines de julio del año pasado, cuyos objetivos fueron contener a los chicos cubriendo en la urgencia la necesidad alimentaria. Días después de su instalación, un grupo de hombres y mujeres vestido de civil, algunos de ellos identificándose verbalmente como policías, armados con palos, cadenas y armas de fuego golpearon y lesionaron a los 15 niños y niñas que vivían en la Glorieta de la Plaza a la vista de policías en bicicleta pertenecientes a la comisaría 1ª, que lejos de intervenir para detener la salvaje agresión a la que estaban sometiendo a niños y niñas, los acorraló en el lugar donde eran golpeados y amenazados.

La Asamblea

La Asociación Migue Bru, junto a otras entidades de derechos humanos nucleados bajo el nombre “Asamblea por los Derechos de la Niñez” y Autoconvocados, presentaron el 14 de octubre de 2008 un recurso de amparo ante el Poder Judicial Provincial, donde se exigió la constitución y puesta en marcha de una red de contención y abordaje de la problemática de los niños en situación de calle. El Juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias hizo lugar obligando de esta forma al estado provincial y municipal a buscar un lugar adecuado para atenderlos y donde puedan satisfacer sus necesidades mínimas. Sin embargo los distintos entes estatales se han excusado uno a uno y hablan de la necesidad de esperar a que se resuelva la transición entre el viejo patronato y el nuevo marco legal de la ley 13.298. En una reciente reunión mantenida con el Juez Arias, éste ratificó su convicción respecto a la responsabilidad del estado en esta problemática, pero fue realista; si la sociedad mira para otro lado, el Estado tiene vía libre para incumplir sin consecuencias.