Rosa Bru, presidenta de nuestra entidad, inauguró las charlas previstas en el marco de la finalización del curso para ingresantes a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Ante mas de 200 alumnos presentó el video “Donde está Miguel” que refleja los detalles del caso de la desaparición de su hijo, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la UNLP. Al ser consultada por la pena de muerte, sostuvo que “ni a los asesinos de Miguel les deseo la muerte”. “Estoy totalmente en contra de este tipo de medidas”.

Además agregó que las autoridades de la facultad “siempre me apoyaron en la lucha, siempre recibí la solidaridad, el afecto y el acompañamiento de los alumnos, como ustedes, que se pusieron al frente de la lucha. Recuerdo una anécdota muy graciosa: una vez se mudó el tribunal de casación donde yo hacía una vigilia en una casilla, entonces yo también me mudé con la casilla y no le avisé a los chicos para no molestar, todo el mundo me preguntaba “¿rosa y los estudiantes?”, ya me identificaban con ellos…”

Y concluyó “sigo reclamando que me digan dónde está mi hijo, ese siempre fue mi motivo fundamental en esta causa. Les pido a uds. que acompañen y colaboren con la gente que atraviese este tipo de situaciones… no se imaginan la gran ayuda que pueden brindar. Me emociona mucho verlos, me hacen acordar a cuando Miguel y sus amigos estudiaban aquí”.

El pasado lunes, la Asamblea Permanente por los Derechos de los Pibes mantuvo una extensa reunión con el Juez en los Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, ante quien se está llevando adelante el proceso de amparo que se inició a mediados del año pasado con la urgente situación en la que se encontraban chicos y chicas que pernoctaban en Plaza San Martín.

La reunión fue solicitada por un grupo de madres de niños y niñas que se encuentran comprendidas en la medida cautelar dictada por Arias. Además concurrieron algunas de las organizaciones que conforman la Asamblea; representantes de la Cátedra de Trabajo Social V de la UNLP, de Autoconvocados, los abogados que patrocinan la causa y Rosa Schoenfeld de Bru como representante de la Asociación Miguel Bru.
La audiencia se extendió hasta entrado el mediodia, y los distintos representantes manifestaron su preocupación sobre el incumplimiento del Estado en materia de defensa de los derechos de niños y niñas. Sucede que ante la presentación del amparo que realizó la Asamblea a mediados de octubre de 2008, el Juez hizo lugar a la medida cautelar y de esta forma obligó a distintos organismos de la Provincia a buscar entre otras cosas, un lugar adecuado para atender a niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad social donde puedan satisfacer sus necesidades mínimas. Además, se dictaminó un plazo para que se disponga un servicio especial en hospitales para los menores en crisis, entre otras muchas medidas que habían sido solicitadas por esta y otras organizaciones. Pero nada de esto avanzó seriamente desde entonces.
Por otra parte las madres presentes hicieron alusión a un nuevo problema que se encuentran atravesando; en sus barrios existen personajes que las persiguen con la amenaza de que no seguirán percibiendo los magros 180 pesos que se le otorgan para alimentar a sus hijos. Ante esta situación, se ven obligadas a asistir a actos y eventos para recibir el subsidio.

Durante el encuentro el Juez Arias manifestó su apoyo ante los pedidos de la Asamblea. Pero lo cierto es que hasta donde le corresponde al Poder Judicial, las medidas han sido dictadas pero es el Poder Ejecutivo quien debe tener la decisión política de ponerlas en marcha. Que no lo haga supone un hecho de altísima gravedad institucional, ya que se trata del incumplimiento de una manda judicial dentro de un sistema democrático y republicano de gobierno. En torno a este tema se debatió largamente y si bien las sanciones están en camino, eso no asegura que las medidas lo estén, y que mejorarán las condiciones de niños y niñas.
“Este es un problema que atraviesa a toda la sociedad, y como ciudadanos debemos estar al menos activamente informados sobre las problemáticas y la lucha en este caso de niños y niñas de nuestra ciudad. Pero la sociedad está dormida y prefiere pedir cárcel a los menores, en vez de ver que hay un problema de fondo. Con la sociedad a su favor el ejecutivo tiene vía libre para incumplir sin que nada suceda. Pero no vamos a permitirlo”. Sostuvo Rosa Schoenfeld de Bru, Presidenta de la Asociación Miguel Bru, al finalizar la reunión.
“Estamos convencidos de que el éxito del proceso no significa nada, si no logramos reavivar el compromiso de las organizaciones sociales y de la población en general en la lucha por el cumplimiento de lo que logramos”. “Todos sabíamos que lo formal, como las leyes y hasta las sentencias, no sirven de nada -y eso está mas que claro en este caso- si sólo nos vamos a quedar con que nos dé la razón el Poder Judicial, y si el ejecutivo sigue sin cumplir.” Sostuvo Carola Bianco, una de las abogadas que patrocinan la causa.

El jueves 19 de febrero se cumplieron tres años desde que Maximiliano Díaz Subils agonizó en un calabozo de la comisaría 6ta de Tolosa durante 14 horas hasta morir sin asistencia. El personal policial, enterado de su enfermedad no concurrió en su auxilio. La causa es patrocinada por la Asociación Miguel Bru (AMB) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).

El día 19 de febrero de 2006 Maximiliano Díaz Subils fue hallado sin vida en la Comisaría 6ª de Tolosa a cargo del Comisario Oscar Desiderio, quien informó a sus familiares que su muerte se debió a un paro respiratorio. Los detenidos que se encontraban esa noche en la comisaría declararon que el día anterior a su muerte Maximiliano se sentía descompuesto, y pidieron que sea atendido por un médico. Pero no sólo no fue asistido sino que fue sacado al patio de la dependencia y obligado a pasar la noche desnudo a la intemperie. Los 23 detenidos declararon que Maximiliano se encontraba enfermo desde hacía una semana y que pidieron, en reiteradas oportunidades, que sea atendido. De las cinco veces que se lo trasladó al hospital en ninguna de ellas se le diagnosticó neumonía, enfermedad por la que luego falleció. En una de estas oportunidades Maximiliano fue revisado sin descender del patrullero. Tras la autopsia pudo saberse que además, fue golpeado en los testículos, pecho y costillas.

Ahora se intenta determinar tanto el grado de responsabilidad médica como así también el de responsabilidad policial en este hecho. “Esta causa constituye una muestra cabal de que las comisarías no están en condiciones de alojar detenidos”, opinó el abogado patrocinante de la causa Fabio Villaruel.

El pasado martes, representantes del Comité Contra la Tortura y de la Asociación Miguel Bru (AMB) mantuvieron una reunión para debatir distintos puntos de vista sobre problemáticas que atañen a ambas entidades. Por otra parte el miércoles en horas de la tarde la AMB se reunió con las organizaciones con las que conforma la “Asamblea Permanente por los Derechos de los Pibes”.

El Comité Contra la Tortura fue creado en hace seis años por la Comisión Provincial por la Memoria, para encargarse de velar por el respeto a los derechos humanos frente a las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la reunión que mantuvieron junto a nuestra entidad fue el de intercambiar pareceres respecto de las políticas de seguridad y el control policial en la Provincia. Estuvieron presentes además, los abogados que junto a la AMB patrocinan la causa de Mauro “El Beto Martínez”, que llegó a juicio a fines del año pasado y cuya sentencia favoreció con la absolución a los dos policías imputados. El Comité se encuentra trabajando actualmente en la confección del su informe anual, donde entre otras cosas se investigan casos de torturas, apremios ilegales, y gatillo fácil entre otras problemáticas.

Asimismo, representantes de la AMB se reunieron esta semana con organizaciones, abogados particulares y vecinos con quienes conforma la Asamblea Permanente por los Derechos de los Pibes. A raíz de la situación en la que se encontraban niños y niñas que pernoctaban en Plaza San Martín- agravados por los hechos de violencia que vivieron a mediados en 2008 cuando un grupo para-policial intentó sacarlos violentamente de la Plaza- se presentó en octubre un amparo a favor de la protección de los niños y niñas en situación de calle de nuestra ciudad. El Juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias hizo lugar a la medida cautelar exigida por esta y otras organizaciones y de esta forma obligó al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense a buscar un lugar adecuado para atender a niños y adolescentes, donde puedan satisfacer sus necesidades mínimas. Sin embargo desde entonces ninguna de las medidas se ha llevado a delante de manera seria. Las organizaciones siguieron denunciando a los organismos que deberían estar poniendo en marcha un sistema de protección urgente. Sin embargo las entidades entre ellas el Municipio, se han pasado los días escribiendo solicitudes donde se desentienden de la responsabilidad por las omisiones denunciadas. Mientras desde el Estado se siguen redactando excusaciones, las organizaciones de la sociedad civil continúan viendo la forma de paliar la situación.
En la reunión mantenida en la sede de La Plata de la Asociación Miguel Bru estuvieron presentes representantes del Colectivo La Cantora, de la Cátedra de Trabajo Social V de la U.N.L.P, integrantes de Autoconvocados, y los abogados que patrocinan la causa.

En la madrugada del 5 de febrero de 2005, Christian Agustín Dominguez fue detenido por personal de la comisaría 1era de Berisso. Horas después dos policías tocaron a la puerta de la casa de Pedro y Norma, papás de Christian, para decirles que éste se había dado muerte dentro de la celda de contraventores. Se encontraba de turno en aquel momento la Fiscalía a cargo del Dr. Heredia, quien no se hizo presente en el lugar de los hechos como correspondería. La primera autopsia no la realizaron peritos judiciales. La Dra. Ana Lotito, personal de la fuerza policial, realizó ésta prueba básica y fundamental para establecer las causales de su muerte y determinó que Christian se había ahorcado

Una de las tantas marchas para pedir justicia por Christian

Así es como Pedro y Norma, llenos de dolor y dudas llegan a la Asociación Miguel Bru hace cuatro años atrás. El Dr. Ernesto Martín, abogado que colabora desinteresadamente desde los comienzos del trabajo de la entidad, decidió hacerse cargo de la investigación. Así es como se ordena realizar una segunda autopsia, ésta vez sin que manos policiales estén involucradas en la intervención; dos peritos oficiales-judiciales y un perito de parte de la AMB, el Dr. Miguel Ángel Maldonado determinaron que Christian falleció a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros. Así, se descartó la hipótesis de un suicidio. El cúmulo de pruebas que desde hace cuatro años se han ido recopilando es categórico; demostró que se trató de un homicidio. Sin embargo, tres fiscales fueron removidos de la investigación por considerarse que obraban sin la menor voluntad de descubrir a los culpables, como tampoco de encontrar a los responsables del encubrimiento.
Según las pruebas obtenidas, la policía habría simulado un ahorcamiento con el cinturón que Christian llevaba puesto, luego de torturarlo y matarlo. La marca del encubrimiento quedó dibujada en su mentón. Con el fin de seguir ocultando el homicidio, se hicieron desaparecer los paquetes vasculonerviosos borrando así una prueba mas que importante para la investigación.
Hace casi un año los Fiscales Javier Berlingieri y Marcelo Martini pidieron ante el Juzgado de Garantías N° 1, la elevación a juicio de la causa. El Juez dio lugar, y dispuso la prisión preventiva de tres de los cinco imputados. Se encuentran inculpados los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi, Victor Gómez, el oficial Leonardo Antonelli, y la perito policial Mabel Lotito.
Su familia junto a la AMB y los abogados patrocinantes esperan ahora la fecha de juicio. Su familia espera además que el Ministro de Seguridad autorice la colocación de una placa recordatoria frente a la comisaría donde mataron a Christian. En junio de 2008 el Concejo Deliberante de Berisso votó a favor de este pedido, pero desde entonces la familia espera que el Ministerio de Seguridad Carlos Stornelli se disponga a firmar el petitorio. Una vez mas, resta esperar.