La Asociación Miguel Bru, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, organizaron un acto por los 35 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
La concentración tuvo lugar en Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, donde Oscar Alberto Rodríguez (APDH), acompañado por Rosa Bru (A. Miguel Bru) y representantes de las otras organizaciones leyó el documento en nombre de las agrupaciones de derechos humanos participantes.

A 35 años del golpe cívico-militar de 1976: Memoria, Verdad y Justicia

La dictadura más sangrienta de nuestra historia ha dejado en nuestra sociedad múltiples heridas, muchas de las cuales aún sangran.
30.000 detenidos desaparecidos, cerca de 500 niños (hoy adultos) arrebatados a sus familias, millones de trabajadores arrojados a la miseria en pos de una completa reestructuración productiva que transfirió miles de millones de dólares a manos del capital más concentrado y una sociedad con sus lazos solidarios gravemente dañados.

La ronda de las Madres de Plaza de Mayo fue la forma que el reclamo audaz y creador eligió como herramienta de protesta. Así, inscribieron las Madres la lucha que se daba en Argentina en la conciencia universal.

Treinta y cinco años después aún estamos restañando esas heridas y resta aún mucho por hacer. La lucha contra la impunidad que los organismos de derechos humanos llevamos adelante desde antes de finalizar la dictadura sigue adelante con el reclamo de celeridad y unificación de las causas por terrorismo de estado. Entre ellos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, HIJOS y Hermanos.

Buscamos a los chicos que fueron separados forzadamente y permanecen desaparecidos, ignorando su identidad. Ya encontramos a más de cien, pero nos faltan muchos todavía .
Aquí vienen las Abuelas a realizar la minuciosa y titánica tarea de recuperación de los niños y niñas apropiadas. Otro ejemplo para el futuro.

Luchamos por conocer la Verdad acerca de cada uno de los episodios que componen el terrible genocidio. Para eso promovimos Juicios por la Verdad en todo el país, aún cuando la impunidad nos cerraba las puertas.

La lucha de los organismos tuvo dos momentos de reconocimiento político. El primero, en los albores de la democracia, que comienza con la anulación de la ley de autoamnistía, la creación de la CONADEP de cuyos legajos de prueba aún hoy se nutren los juicios y que culminó con el histórico juicio a las juntas militares. El segundo momento se inicia con la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida que significaron una traba para la continuidad del proceso de juzgamiento. Se refuerza con las sucesivas y distintas decisiones judiciales que fueron declarando inconstitucional el indulto de los años 90 y, a partir de esas bases, comienza su tránsito. Ha significado, hasta el momento, una decisión política de profundización de aquella primigenia decisión de juzgar. En tal sentido, celebramos los juicios que se están desarrollando: Córdoba, Rosario, Santa Fé, Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Neuqúen, Catamarca, Corrientes, Chaco, Bahía Blanca, La Pampa, en fin, a lo largo y ancho del país. Nos reconocemos en las decisiones de la Corte Suprema Nacional que han permitido abrir la puerta a la condena de los terroristas de estado. Y en su definición de que se trata de una política del estado argentino.

Reclamamos un país más justo, con la dignidad que otorga el trabajo y la satisfacción de todos y cada uno de los derechos humanos para todos y cada uno de sus habitantes. Bregamos por la progresividad de los derechos humanos que incluye, hacia el final del derrotero, la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales.

Exigimos investigación completa, profunda e independiente para las desapariciones de Jorge Julio López, Miguel Bru y Luciano Arruga, y para el homicidio de Silvia Suppo. Juicio y castigo a los culpables.
Llamamos a establecer mecanismos de promoción y protección efectivas de los derechos de niños, niñas y adolescentes que piensen en ellos como sujetos de derechos y no como carne de cañón de pretendidos sistemas de garantías que no garantizan más que la punición.

Procuramos el pronto establecimiento de un mecanismo nacional y mecanismos locales de prevención de la tortura amplios, democráticos e independientes, que nos permitan erradicar de los lugares de encierro esa gravísima violación a los derechos humanos .
Convocamos, para alcanzar estas metas, a redoblar esfuerzos en la militancia, la movilización y la unidad. Ese camino nos ha conducido a lograr lo que hasta hoy hemos conseguido. Multipliquemos la apuesta en la calle, en la lucha y en el reclamo, para la construcción de un futuro en conjunto, que nos encontrará emprendiendo las batallas que sean necesarias para garantizar la defensa irrestricta por los Derechos Humanos.

A 35 años del golpe cívico-militar de 1976 y en homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El día jueves 10, se realizó en el Anexo del Congreso Nacional una audiencia pública para rechazar la baja de la edad de imputabilidad que plantea el proyecto del Régimen Penal Juvenil aprobado en el Senado.

A partir del documento publicado por el Espacio No a la Baja, el debate sobre el Régimen Penal Juvenil “está mal planteado”, ya que “no se puede culpabilizar a los jóvenes de los negocios que involucran a los adultos ni el poder judicial no puede resolver problemáticas sociales”.

La audiencia pública que comenzó a las 15 en la Sala I del Congreso de la Nación, contó con el respaldo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Foro de los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires, Comité contra la Tortura y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación Civil Miguel Bru, entre organizaciones, y legisladores de Proyecto Sur, Frente para la Victoria y GEN.

Durante la audiencia, se hizo hincapié en que el proyecto profundizaba la estigmatización de los jóvenes y adolescentes de los sectores mas vulnerados, dejando de lado “el crimen organizado para la venta, tráfico, alquiler de armas y desarmaderos de autos es gerenciado por adultos y solo es posible con la complicidad de poderes políticos, empresariales, judiciales y policiales”, según indica el documento antes mencionado.

Para finalizar la audiencia, los distintos legisladores se comprometieron a rechazar este proyecto, y se buscará continuar la difusión y debate de la situación.

Rosa Bru y Alberto Mendoza Padilla -fundadores de la Asociación Miguel Bru-participaron como panelistas de la mesa “Derechos Humanos”, en el marco del conversatorio sobre relación Universidad/Sociedad, correspondiente al curso Introductorio de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

“Venir a esta facultad, representa rememorar toda la lucha encarada por la búsqueda de Miguel, con el poyo de sus amigos, compañeros y de la misma facultad se hizo posible no sólo trazar una historia en común, sino lograr que el tema se instale en el debate público, aun hoy después de 17 años” señaló Rosa, conmovida ante un anfiteatro colmado por ingresantes del ciclo 2011. Además se proyectó el documental ¿Dónde está Miguel?, y los participantes pudieron hacer preguntas sobre el trabajo que lleva adelante la Asociación.

Por su parte el prosecretario de Derechos Humanos de esta Casa de estudios, Alberto Mendoza Padilla , dio la bienvenida a los estudiantes y destacó el rol de la Universidad Pública en los procesos sociales y en la construcción y fortalecimiento de la memoria. “Nuestra facultad ha tenido y tiene una estrecha relación con la historia de la Asociación Miguel Bru, resulta importante mantener viva esa lucha, poder entenderla enmarcada en la idea de que lo que le pasó a Miguel, no es un caso aislado, sino que mantienen una estrecha relación con nuestra historia de terror reciente, con lo que fue el terrorismo de Estado, con sus fuerzas de seguridad, con sus metodologías, con su complicidad con el poder político y judicial. De la misma manera en el aprendizaje que tuvimos de las organizaciones de derechos humanos, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, luchando por de una sociedad justa donde se garantice el respeto por los derechos humanos”, destacó Alberto.

El Tribunal Oral Nº 5 de La Plata sentenció a 7 años y medio de prisión a Enrique Esteban Loretto, ex jefe de calle de la comisaría IV de Berisso, quien -según afirmó en su declaración- fuera también custodio del ex presidente Eduardo Duhalde y miembro del grupo Halcón, por los delitos de abuso y tenencia de armas de fuego, lesiones graves, vejaciones y violencia, por hechos ocurridos en el año 2003. La Asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) se manifestaron conformes con el resultado, tras casi 8 años de haber presentado junto a Carlos Areválo la denuncia por abuso y apremios ilegales, y acompañarlo y representarlo jurídicamente.

Cuando el oficial Loretto llegó al cargo de jefe de calle de la Comisaría IV de Berisso, se le escuchaba decir entre los vecinos: “Yo soy el oficial Loretto y vengo a limpiar el barrio”. La comisaría funciona en el barrio de Villa Argüello de esta localidad. Loretto tenía carácter y compromiso con su labor; incluso realizaba los operativos a bordo de su propia camioneta Ford celeste, doble cabina, de civil, con chaleco antibalas y acompañado siempre de su escopeta recortada. Era duro y a esto se sumó el contexto de pedido de “seguridad”, sostenido por el discurso de los medios masivos de comunicación y en ese momento con apoyo de los vecinos autoconvocados en los Foros de seguridad del barrio.

Loretto fue acusado por Carlos Arévalo, vecino de Villa Argüello, por haber sido golpeado y detenido la mañana del 6/5/ 2003, cuando iba a su trabajo. El oficial y sus compañeros detuvieron el auto en el que viajaba junto a dos personas. Ante la protesta del plomero por el trato recibieron, Loretto lo golpeó, le fracturó el tabique y con la nariz sangrando, le ató las manos con su propio cinturón y lo llevó detenido. En la Comisaría otro oficial le recomendó que hiciera la denuncia. Lo hizo y Loretto le inició una causa por “resistencia a la autoridad”.

El 9 octubre del mismo año, Loretto fue detenido por haber baleado a Diego Gabriel García, cuando iba a su casa. Los testigos dicen que mientras García caminaba por 69 entre 121 y 122, un hombre le disparó con una escopeta desde un Fiat Uno rojo, lo hirió y se fugó. Loretto fue encontrado unas cuadras más lejos, en el mismo auto y con una escopeta de iguales características, con el cartucho servido. García relató en el juicio que no conocía a Loretto, pero que luego del episodio éste vivía en la casa que le habían usurpado y que sabía por vecinos que allí funcionaba una casa de citas. Sobrevivió a las heridas pero quedó inhabilitado para seguir trabajando.

Todo esto fue debatido en los cinco días de audiencias que duró este juicio. Los doctores Horacio Nardo, María Isabel Martiarena de Bogliano y Carmen Palacio Arias vieron desfilar a las víctimas, testigos y peritos que corroboraron las versiones presentadas en cada una de las causas que llegaron juntas a debate, después de 8 años de ocurridos los hechos.

En los fundamentos del veredicto condenatorio para el ex policía, los jueces destacaron como agravantes la condición de policía en la comisión del delito, el daño causado, el autoritarismo, el uso de armas sin registrar y el abuso del sistema judicial al iniciar causas por resistencia a la autoridad para justificar un comportamiento indebido.
“Esperamos que esté adentro un largo tiempo y que esto sirva para que respeten más a los civiles. Loretto y los policías que lo acompañaban eran el terror del barrio”, dijo Carlos Arévalo después de escuchar la condena del Tribunal. Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru y quien recibió la denuncia de Arévalo, acompañó a su vecino durante todo el juicio y sostuvo al final: “Creemos que este puede ser un caso testigo. Estamos conformes. Esto va a dar confianza a la gente, coraje para denunciar”, “más miedo le demostrás, más crece” remarcó Rosa Bru en referencia al accionar policial en situaciones como ésta.

Por último, las abogadas Analía Carrillo y Sofía Caravelos, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) destacaron el rol fundamental de las organizaciones de derechos humanos en este juicio. “Esta causa llega a destino por el compromiso de las organizaciones. Existe otra denuncia de iguales características a la de nuestro representado, ocurrida en la misma fecha y por los mismos delitos que no ha llegado a juicio oral. Eso es porque las víctimas no han sido acompañadas” resaltó la Dra. Caravelos. Las abogadas agregaron además que este caso muestra que la propuesta de Mano Dura lo único que genera es la represión, y que proveer a la policía de estas herramientas no lleva a buen destino. Finalmente, Caravelos agregó en referencia a la lentitud con que el Poder Judicial llega a esta condena y al repudio en el fallo de los jueces a la práctica de Loretto de iniciar causas a sus detenidos por resistencia a la autoridad: “Nosotros hicimos una crítica. Es contradictorio repudiar una acción como ésta y tardar ocho años en ejercer el castigo. Si los policías hacen esas denuncias es porque no hay control por parte de la justicia. No hay maldita policía, sin maldito poder judicial” concluyó.

Loretto y sus abogados defensores quedaron haciendo cuentas. Es que no saben cuántos años más permanecerá en prisión. A los siete años y medio e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, debe sumar que aún le queda afrontar una causa por trata de personas que se tramita en un Juzgado Federal. Sus años de gloria como custodio del ex presidente Duhalde-cargo que remarcó el día que prestó declaración- e integrante de grupos de elite de las fuerzas de seguridad han pasado.

El jueves 3 de marzo a las 13 hs. se conocerá la sentencia del juicio al ex policía de la bonaerense Enrique Loretto, juzgado por el Tribunal Orlan Nro. 5 por apremios ilegales y abuso de armas. “Desde la asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Ación Jurídica (CIAJ) esperamos que el tribunal de lugar al pedido de la fiscal y de la abogada que nos representa. Pasaron siete años, realmente esperamos que mañana la víctima tenga una respuesta de la justicia, al igual que todos los demás vecinos que sufrieron los abusos de este policía”, declaró Rosa Bru, de la AMB.

El jueves pasado en el Tribunal presidido por la Dra. María Isabel Martiarena, junto a los jueces Horacio Nardo y Carmen Palicio Arias, tuvieron lugar los alegatos. Ese día el imputado pidió hacer uso de la palabra y se defendió de las acusaciones en ambas causas. Dijo sentirse una víctima de una “industria judicial que persigue uniformados” en referencia Rosa Bru y las organizaciones que representan al plomero Arévalo. “Las asociaciones que representan a la víctima, la víctima y todos los testigos no hicieron más que ensuciarme” sentenció.

Según expresó, García, víctima de los disparos en una de las causas, no pudo reconocerlo con certeza y en el caso de Arévalo, por lo que se lo acusa de apremios ilegales, no negó los golpes ni las características del procedimiento pero dijo que había actuado en “legítima defensa” porque la situación era de “peligro letal”. Llorando, Loretto dijo que conocía a Rosa Bru y que había hecho mucho por la búsqueda de su hijo, aunque no corresponden sus años de servicio a la fecha de la desaparición del estudiante Miguel Bru. “Además -dijo mientras miraba fijamente a una de las abogadas de la víctima, hija de desaparecidos- yo sé mucho de desaparecidos porque mi padre fue desaparecido durante la dictadura, pero yo no hice uso de mi historia como venganza”. Con la mirada sostenida en la Dra. Caravelos, abogada del CIAJ insistió “aquí hay una industria judicial que persigue uniformados”.

La primera en alegar fue la fiscal Maribel Furnus, quien sostuvo que fueron probados a lo largo de todo el debate la autoría de Loretto en ambos episodios e hizo referencia a las pruebas y testimonios que se condicen. Refirió que Loretto se comportaba como un sheriff en el barrio y sintetizó esta idea en una cita de una de los testigos sobre lo que el ex jefe de calle de la comisaría de Villa Argüello solía repetir: “yo soy el oficial Loretto y vengo a limpiar el barrio”. La fiscal sostuvo que abusó y deshonró su condición de funcionario público, que cometió delito y que en el caso de García dejó graves secuelas en su salud. Pidió 9 años de prisión por ambas causas.

La Dra. Caravelos, en representación del CIAJ y de la Asociación Miguel Bru, sostuvo que en la causa por apremios ilegales contra Arévalo debe tomarse en cuenta como agravante la condición de poder que detentaba Loretto al momento de cometer el delito. Recurriendo a la figura de vejación a que hiciera referencia la fiscal también, remarcó la humillación que significó para el plomero de Berisso vivir toda esa escena y cuestionó la legitimidad del procedimiento de averiguación de identidad, típico de la práctica policial, remarcando los cuestionamientos de legislación garantista por el poder que le otorgan al agente policial.

En referencia a la lentitud con que la justicia llevó este caso, la abogada del CIAJ remarcó que “el castigo, aunque tarde, daría cuenta de que no siempre la impunidad los cobija” refiriéndose a los uniformados que toman este tipo de proceder como práctica institucional. Finalmente, solicitó la pena de 7 años sólo para el caso que involucra a Arévalo.
Por último y en relación a la insistencia de Loretto en su declaración acerca de sentirse perseguido por las organizaciones de derechos humanos y que las mismas no tuvieron en cuenta su condición de hijo de desaparecidos, afirmó la letrada: “la dignidad no se transmite por sangre”. Cabe aclarar que el padre de Loretto murió en 1970 y no se encuentra incluído en ninguna de las denuncias de la Conadep.

Mientras que Rosa, al ser preguntada por los dichos del imputado, aclaró “lo verdadero e importante acá es que el que está acusado en dos causas es Loreto, y tras años de lucha hemos llegado hasta acá. No es un dato menor que hayan pasado siete años desde la denuncia por los apremios ilegales que recibió Carlos cuando iba a trabajar, desde la AMB y el CIAJ esperamos que el tribunal de lugar al pedido de la fiscal y de la abogada que nos representa. No puede quedar impune que personal de un servicio de calle pueda detener ilegalmente una persona y golpearlo hasta fracturarle la nariz. Pasaron siete años, realmente esperamos que mañana la víctima tenga una respuesta de la justicia, al igual que todos los demás vecinos que sufrieron los abusos de este policía”.

La defensa de Loretto, por su parte, en su alegato refirió que: “Esto es una sarta de mentiras. Miente la víctima y mienten todos”. Puso en duda el testimonio de García en la primera causa y hasta el de la perito en balística; en el caso de Arévalo refirió que la culpa la tuvo el plomero por su comportamiento: “no acatar una orden de cacheo es una agresión”. La defensa del ex jefe de calle la Comisaría IV de Berisso solicitó la absolución en ambos casos.