“No hay maldita Policía sin maldito Poder Judicial” Caso Darian Barzábal
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La Asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) que patrocinan a los familiares de Darian Barzábal, el joven de 17 años asesinado por la policía bonaerense el pasado 10 de enero en Los Hornos, informan a la comunidad que en el día de la fecha, presentaron un escrito a la UFI nº 4 donde, entre otras cosas, expresaron:* que el Ministerio Público Fiscal impute a quien se desempeñaba comoAyudante de Guardia encargada de llevar el Libro de Novedades y Guardia de la Comisaría 3º de Los Hornos, porque habría cometido delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y de falsedad ideológica de instrumento público, al omitir llevar en tiempo real y en debidas formas los registros de la mencionada dependencia policial.
Dicha omisión, conocida en la jerga policial como “parada de libros” es una de las rutinas policiales aparentemente inofensivas, que consiste en llevar el registro de los movimientos de las dependencias en “cuadernos paralelos” con un retraso no menos de dos horas, para así disponer de un margen que les permita falsear datos, o para maniobrar ante determinados casos de violencia policial, entre otras irregularidades.
La Ayudante de Guardia de la Comisaría Tercera de Los Hornos, si bien fue apartada de las fuerzas de seguridad por la Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad, aún no fue convocada como imputada por la Fiscalía nº 4 tal como lo ordena la normativa vigente y ello es lo que exigen los letrados que asisten a la familia de Darian.
* que en relación al arma de fuego, revolver calibre 32, marca Italo Gra Serie 4012, que trataron de “plantarle” a Darian para simular un enfrentamiento y así justificar el asesinato del niño, la Auditoria General de Asuntos Internos, determinó que era un secuestro que se encontraba en custodia en la dependencia policial de Los Hornos. Una vez acreditado ello, el CIAJ y la Asociación Miguel Bru, expresaron a la Fiscalía que investigue cuáles eran los funcionarios públicos encargados y responsables de la custodia de dicho objeto. Ya que si biendicho arma resulta uno de los elementos para acreditar el fusilamiento y encubrimiento respecto de la muerte del joven Darian, no es menos cierto, que tal objeto se encontraba en custodia de los funcionarios policiales confiados a ellos en razón de su cargo, y para aparecer en la escena del crimen debió ser sustraída previamente del lugar donde se encontraba en custodia y ello debe ser investigado a la luz de los artículos 255, 261 y 262 del Código Penal que prevén penas de hasta diez años de prisión.
* que se arbitren los medios tendientes a preservar a los testigos de represalias e intimidaciones, y que se extremen las medidas a fin de resguardar todos los efectos secuestrados en el marco de la causa. Ya que no resulta extraño que en las causas donde están implicados policías, se “extravíen” las evidencias tal como aconteció en el caso de Cristian Domínguez donde desaparecieron los cordones e incluso, el paquete basculo nervioso obtenido en la operación de autopsia, evidencia contundente para acreditar el asesinato.
El asesinato del joven Darian a través del Gatillo Fácil de la Policía Bonaerense se suma a la larga lista de víctimas en manos de fuerzas de seguridad del Estado Argentino. Se calcula según organizaciones de derechos humanos, que desde 1983 hasta la fecha, se registraron más de 2100 casos de gatillo fácil. Que en la mayoría de ellos, las víctimas son jóvenes y pobres que viven en barrios marginales.
El caso de Darian, en que la respuesta institucional fue acorde a lo esperado en un Estado de Derecho, nos demuestra que en tantos otros casos impunes, no es posible una maldita policía sin un maldito poder judicial.