ASOCIACION MIGUEL BRU
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La forense policial Lotito estaba imputada desde febrero de 2008 por el delito de encubrimiento agravado en el homicidio de Domínguez, quien en 2005 apareció muerto en la Comisaría 1º de Berisso. Los efectivos policiales de dicha dependencia alegaron que se trató de un suicidio. Transcurridos muchos meses y otros tantos Fiscales, se logró reunir suficiente evidencia para determinar que se había montado una escena detrás de la cual se escondía un caso de gatillo fácil. Las Asociación Miguel Bru (AMB) se encuentra patrocinando esta causa desde aquel entonces, cuando su familia acudió a la entidad con la firme sospecha de que Christian no había cometido un suicidio.

En toda esta trama la Dra. Lotito fue acusada de fraguar la autopsia para encubrir el homicidio.

Luego de reveladas las irregularidades de la forense policial, se realizó una nueva pericia médica efectuada ésta vez por dos peritos oficiales-judiciales y un perito de parte de la AMB, el Dr. Miguel Ángel Maldonado. Esta última estableció en forma contundente el homicidio y descartó la idea del suicidio. Allí se pudo reconstruir que se había simulado un ahorcamiento con el cinturón que Christian llevaba puesto, luego de torturarlo y matarlo. La marca del encubrimiento quedó dibujada en su mentón y no en su garganta.

Con el fin de seguir ocultando el homicidio, se hicieron desaparecer los paquetes vasculonerviosos borrando así una prueba importante para la investigación.

Sin embargo esta semana la Cámara Penal avaló la técnica que utilizó la forense Lotito para la necropsia justificando los errores cometidos durante la intervención, decisión que según el abogado Martín, representante de la AMB, es “antojadiza e infundada” por lo que pedirán ante la Fiscalía General que se revise esta decisión.

Los camaristas confirman también la elevación a juicio oral de los cuatro ex policías Cernuschi, Gómez, Antonelli y Príncipi, bajo la calificación de “tortura seguida de muerte”.

¿ Pablo, pasaron siete años de la masacre de Avellaneda. Cómo pesa esto en lo que hoy es la organización que lleva el nombre de Darío?

La verdad que no pesa tanto el tiempo, sino no avanzar. Pesa que la muerte de los compañeros siga impune, que los que apretaron el gatillo hayan sido juzgados y los que mandaron la orden, (el ex presidente Eduardo Duhalde, Soria, que era jefe de la SIDE en ese momento, la policía de Duhalde) sigan impunes y los dos activos en la vida política.Pesa mucho ese dolor. Que muertes como las de Darío y Maxi, Pocho Lepratti o Fuentealba queden cajoneadas y se separe sistemáticamente la responsabilidad material de la responsabilidad política.Pesa realmente eso, que la muerte de los compañeros que salieron a exigir algo más que justo que era trabajo, salario, salud, educación, para la gente de los barrios haya sido asesinada brutalmente por la policía, y los que dan la orden hoy sigan así como si nada.Darío era una persona muy solidaria. Cuando estaban replegando él ve que compañeros de Lanús con los que el militaba entran a la estación y va ayudarlos porque sabia también que Maxi estaba herido. Y no se escapó, se detuvo a ayudar a Maxi y de atrás Franchiotti con otros policías los fusilaron.

¿Cómo llevan ustedes esa experiencia de lucha y de compromiso?

Nosotros creemos que la mejor forma de reivindicarlos es en el día a día, el 26 es una fecha significativa pero el mejor ejemplo para recordar a los compañeros es en el trabajo día a día, en el trabajo, como Darío también lo pensaba, involucrando toda su vida, el estar en el barrio, el apoyar a la gente, luchar por las cosas que sean necesarias, y darlo todo. Poder entregar, como entregó Darío, todo lo que él tenia por lo que creía que era justo hasta llegar a entregar su vida por el hecho de no permitir que compañeros queden solos.

Pocho Lepratti y Carlos Fuentealba.

Pocho tenia 35 años, trabajaba con los más humildes. Coordinaba talleres para niños, y daba clases de teología. El miércoles 19 de diciembre, harto de que la policía dispare contra pibes y mujeres, se subió a la terraza de la escuela Nro. 756 del Barrio Las Flores, donde colaboraba con la preparación de la comida. Intentó parar la represión, pero un policía del móvil Nº 2270 del comando radioeléctrico de la ciudad de Rosario disparó directamente contra el cuerpo de Pocho. La bala de plomo se alojó en la traquea y lo mató.Carlos fue fusilado en Arroyito, localidad situada en las afueras de la ciudad de Neuquén, el 4 de abril de 2007, mientras participaba de una movilización docente junto a otros compañeros. Fue alcanzado en la cabeza por una bomba de gas lacrimógeno durante la represión policial ordenada por el gobernador Sobisch, contra los maestros que cortaban la ruta 22 reclamando mejoras salariales.Al igual que con Darío y Maxi, los responsables materiales de ambos asesinatos fueron juzgados, pero los políticos no. La impunidad alcanzó a estos tres militantes y arrasó con sus vidas, pero no con sus voces y su gente.

Ante esta medida el Ministerio y la Municipalidad apelaron la resolución, pero la Cámara de Apelación rechazó su recurso pues consideró que no tiene razón, ya que en la causa se ha dado prueba suficiente del incumplimiento del Estado en materia de Derechos Humanos de los niños en situación de vulnerabilidad.

De la resolución surge claro que no se han puesto en marcha los programas de promoción y protección de derechos de los niños/as y adolescentes, y han sido éstas omisiones del Estado, las que generaron las condiciones por las cuales niños y niñas han sido compulsivamente colocados en conflicto con la ley penal, y se hallan en serio riesgo debido a la persecución policial que han padecido y padecen, en su vida en la calle.

La sentencia que confirma la medida cautelar apelada, se resolvió por mayoría, en la Cámara de Apelación con dos votos concordantes de la doctora Milanta y del doctor Spacarotel, y con la disidencia del doctor De Santis.

Tal como lo decidió el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo I, Federico Arias, y lo ratificó ahora la Cámara de Apelación, la falta de cumplimiento de la ley, sumado a la renuencia a efectivizar la sentencia judicial, pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo las sanciones de las que disponen los jueces, como son las astreintes – sanción monetaria que se conmutará por cada día de incumplimiento de una orden judicial- y las denuncias penales correspondientes por el posible incumplimiento de los deberes de funcionario. En este caso la orden de retener parte del ingreso del Ministro de Desarrollo de la Provincia Daniel Arroyo y del Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata, Juan Pablo Crusat, fue dejada sin efecto hasta ser resuelta definitivamente la causa por incumplimiento.

Los argumentos positivos de los camaristas:

Del voto del Dr. Spacarotel: “…En ese contexto, las prestaciones asistenciales exigidas a la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia (Ministerio de Desarrollo Social), y la Municipalidad de La Plata, se muestran razonablemente exigibles dentro del ámbito de competencia de cada esfera de actuación… También, advertido de la grave situación del desamparo de los menores, visualizo correctamente ponderada las razones que contemplen la existencia de un peligro cierto en la demora…”

La doctora Milanta por su parte, señaló “(…) resulta incuestionable el deber jurídico indelegable en cabeza del Estado, de brindar asistencia integral a los menores en situación de riesgo, cuya tutela se impone restablecer en le presente proceso.

SI bien no constituye competencia de ese tribunal evaluar la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas políticas adoptadas por la administración provincial, ni disponer el modo en que debe subsanarse el problema de la minoridad, si lo es fijar pautas y establecer estándares jurídicos a partir de los cuales se elabora la política cuando las medidas dispuestas no superen la conformidad con las pautas internacionales sobre la materia…”