ASOCIACION MIGUEL BRU
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El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Asociación Civil Miguel Bru (AMB), patrocinantes de la causa, junto a la familia Migone, consideran que existe una voluntad política de investigar lo menos posible los hechos donde la policía esta implicada: “asesinatos como el de Migone, Domínguez, Diaz Subils o Barzábal encendieron en sus familiares la lucha por la búsqueda de la verdad y encontraron asistencia en organizaciones que pugnan por llegar a echar una luz de justicia sobre estos casos. Sin embargo son miles las causas donde los familiares no encuentran fuerza o apoyo, y quedan en el olvido y a merced de la desidia y la confabulación judicial.”

Por todo esto, el hecho de que haya sido denegado el pedido de remoción de la Fiscal que investiga la causa por la muerte de Daniel no es una sorpresa para quienes transitan por este camino a diario. Representantes de la AMB sostienen que “lamentablemente nuestra lucha no es solo contra el gatillo fácil, sino también contra “la elevación a juicio fácil”, contra el “prejuicio fácil” y contra todo aquello que garantice la impunidad y la violación a los derechos. También sabemos, y también lo sabe el Dr. Héctor Vogliolo, que en reiteradas oportunidades desde la Fiscalía General y ante el solo pedido de familiares o letrados se ha procedido a dar lugar a la remoción de un Fiscal.”

Christian fue detenido el 5 de febrero de 2005 y llevado a la Comisaría 1ra de Berisso. Horas mas tarde su familia fue notificada de que el joven se había “ahorcado con su cinturón en la celda de contraventores”. Desde ese mismo momento quedaron a cargo de la investigación los integrantes de la dependencia policial, involucrados directa o indirectamente en la muerte de Christian. El primer Fiscal a cargo, el Dr Heredia, no se hizo presente en la escena del hecho y la primera autopsia - prueba básica y fundamental para establecer las causales de su muerte- fue llevada adelante por la Dra Ana María Lotito, personal de la fuerza policial, y no por peritos judiciales como se le había sugerido a la fiscalía. De esta manera, a partir de las primeras actuaciones policiales y del fiscal, el crimen contó desde el principio con todas las condiciones necesarias para ser encubierto. El abogado de la Asociación Civil Miguel Bru (AMB), patrocinante de la causa junto a los padres de Christian, pidieron en 2006 la remoción del fiscal Heredia basado en reiteradas irregularidades cometidas por el funcionario. Así, la causa fue tomada por la Fiscal Ana Medina, quien no tardó en sumarse al círculo de encubrimiento instigando a un testigo para que cambie su declaración de acuerdo a una prueba presentada por policía científica, entre otras muchas anomalías. De la misma manera que Heredia, la fiscal Medina fue apartada y asumió el Dr. Tomas Moran.

Luego de reveladas las irregularidades de la autopsia realizada por la ahora detenida forense policial, se realizó una nueva pericia médica efectuada ésta vez por dos peritos oficiales-judiciales y un perito de parte de la AMB, el Dr. Miguel Ángel Maldonado. Esta última estableció en forma contundente el homicidio y descartó de plano la idea del suicidio. La policía había simulado un ahorcamiento con el cinturón que Christian llevaba puesto, luego de torturarlo y matarlo. La marca del encubrimiento quedó dibujada en su mentón. Con el fin de seguir ocultando el homicidio, se hicieron desaparecer los paquetes vasculonerviosos borrando así una prueba importante para la investigación. En octubre de 2005, los ex oficiales Gómez y Cernuschi fueron detenidos e imputados por “omitir declarar torturas” pero un mes después la Cámara Penal recalificó su conducta como “encubrimiento” y tras el pago de una fianza fueron puestos en libertad.

Tres años después del crimen y a raíz de fuertes cuestionamientos de su accionar por parte de los particulares damnificados, la causa volvió a cambiar de Fiscal; Tomás Morán entregó la investigación a los fiscales Berligieri y Martíni, quienes en menos de tres semanas pidieron la detención de cinco de los implicados, por determinar que hay pruebas suficientes para imputarlos del delito. Al momento, el Juez de Garantías Guillermo Atencio analiza el requerimiento de la Fiscalía, y el pedido de excarcelación realizado por los representantes de los imputados.

La reunión duró aproximadamente media hora, y el legislador se comprometió a elevar el pedido a los distintos bloques para ser tratado en las primeras sesiones legislativas del año.

A dos años de su muerte, la causa, a cargo de la Fiscal Leila Aguilar, sigue su rumbo no sin dificultades. Un año después de la muerte de Maximiliano los policías que estaban en disponibilidad aún seguían ejerciendo sus funciones. Tras una larga lucha llevada a cabo por sus familiares, la Comisión de Familiares y Víctimas de la Violencia Institucional y el Gatillo Fácil y la Asociación Miguel Bru, se consiguió que no puedan volver a trabajar hasta finalizado el juicio, para evitar así otro abuso de poder por acción u omisión que pueda llevar a la muerte a otro detenido. Ahora se intenta determinar tanto el grado de responsabilidad médica como así también el de responsabilidad policial en este hecho.