Grupo de investigación
Sobre la constitución de un grupo de estudio e investigación con el fin de revisar los mecanismos y/o procesos judiciales, la legislación vigente y la organización institucional del Estado.
“Observatorio-Contralor de noticias informativas sobre Jóvenes en Situación de Delito” :
Este proyecto de investigación fue realizado por la Asociación Miguel Bru, conjuntamente con el observatorio de Medios del Plan de Transparencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata.
El objetivo de este trabajo consiste en el desarrollo y publicación de una investigación sobre producción de noticias de jóvenes en situación de delito”, con el fin de propiciar el debate y la reflexión en el ámbito de los medios de comunicación y de la Facultad misma. Este trabajo permite pensar críticamente temas como derecho a la información, dispositivos de lectura, estereotipos y perfiles de peligrosidad, como medio para reflexionar y trabajar sobre la multicausalidad del tema.
Este trabajo fue presentado en la facultad de periodismo y Comunicación Social y aprobado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de La Plata.La investigación se hizo sobre un recorte significativo de noticias de diarios de La Plata (Hoy y El Día), provincia de Buenos Aires, y también de medios nacionales (Clarín, La Nación, Página 12, Crónica) durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2004 y enero - febrero de 2005.
Este trabajo realizado en el plazo de 6 meses nos permitió contar con un significativo corpus y un trabajo de investigación y reflexión.
A partir de la conclusión de esta etapa se comenzaron las tareas de advocacy con la Asociación Miguel Bru que a su vez permitirán la vinculación con destinatarios directos e indirectos.
Investigación e impulso jurídico: Hábeas Data
A partir de la preocupación sobre el posible trato discriminatorio por la forma en que se almacenan los datos personales de los / as ciudadanos /as y sobre la utilización arbitraria e ilegal de los mismos, un segundo equipo de investigación se propuso impulsar la protección de dichos datos.
Para ello la entidad presentó un hábeas data colectivo que solicita dar a conocer la existencia de los datos de la ciudadanía que figuran en los registros de la policía bonaerense denominados “carpetas de modus operandi”, confeccionados por las comisarías de dicha provincia. El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Federico Arias, resolvió hacer lugar al pedido dictando una resolución que lo avala.
El hábeas data fue presentado, a mediados de 2005, en conjunto con el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata y cuenta con el aval técnico de la Defensoría de Casación
Provincial que participa en la causa dando su opinión sobre el tema (amicus curiae).La medida ordena “a todas las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires la remisión de todos los álbumes o registros fotográficos existentes, denominados ‘modus operandi’, al tiempo que “prohíbe expresamente la utilización de
fotografías o la extracción de copias para uso en las dependencias policiales, considerándose ello una falta grave
Creación de UFI’s Especiales
Asimismo, la Asociación Miguel Bru impulsó, en la ámbito de la Procuración General de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, junto a otras entidades platenses, la creación de Unidades Funcionales de Investigación (UFI’s) para evitar que la Policía de la Provincia de Buenos Aires tome intervención en las causas penales que se siguen contra funcionarios policiales.
Si bien la delegación de la instrucción penal en la autoridad policial está prevista por el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, lo cierto es que rige en el caso la Convención contra la Tortura y la Resolución Nº 1390 de la Procuración, que determina que para dichos supuestos, el Fiscal debe prescindir de tal prerrogativa y abocarse de manera directa enla instrucción.La delegación de facultades de investigación a manos del personal policial, resulta contradictoria con los principios que consagra la Convención contra la Tortura, al establecer que las autoridades competentes, siempre que haya motivos para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, proceda a realizar una investigación pronta e imparcial.
La implementación de dicha medida exige su tratamiento en el ámbito legislativo, tarea para la cual la entidad está trabajando en el presente.