Señalizarán la Comisaría Quinta de La Plata
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El próximo lunes 16 de diciembre a las 17.30 horas, será señalizada la Comisaría 5ª de La Plata -Diagonal 74 entre 24 y 25- como ex centro clandestino de detención, tortura y maternidad clandestina durante el terrorismo de Estado.
En esta dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, funcionó un centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983.
Esta seccional formo parte del “Circuito Camps”, tal como se conoce a la red de 29 centros ilegales de detención comandada por los ex generales Ramón Camps y Ovidio Pablo Ricchieri, que en su mayoría funcionaron en dependencias policiales del conurbano bonaerense y La Plata.
En ese marco, la Comisaria 5ª se vinculó fuertemente con la Brigada de Investigaciones de La Plata y el Destacamento de Arana. Se conoce hasta el momento que aquí permanecieron detenidas ilegalmente unas 200 personas, entre las cuales hubo niños y maternidad clandestina.
En diciembre de 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a 23 de los responsables por los crímenes cometidos en el “Circuito Camps” – 16 de ellos a prisión perpetua- e instó al Ejecutivo provincial para que desafecte el uso policial de esta comisaría y la destine a un espacio de memoria.
La señalización de los sitios de memoria expresa en el espacio publico el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas.
Pronunciamiento sobre la extorsión policial
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Desde la Asociación Miguel Bru, una entidad que lucha desde hace más de veinte años contra la violencia institucional y policial , consideramos que los hechos ocurridos en distintas provincias -que comenzaron con la “protesta” policial en Córdoba- constituyen una extorsión inaceptable, una más de las que sufrimos a diario los ciudadanos y ciudadanas por parte de las fuerzas de seguridad.
“Vamos por la ciudad que es nuestra” gritaron los policías cordobeses tras la resolución del conflicto después del acuerdo con el Gobierno (http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-234973-2013-12-04.html ). No podemos dejar de advertir que estas diatribas no son un mero eufemismo, sino la más pura literalidad. Hace años denunciamos que la policía se maneja de maneras extorsivas, dejando zonas liberadas, gestionando redes delictivas asociadas al juego, al narcotráfico y a la trata de personas, haciendo caja a costa de comercios, trabajadores y trabajadoras, y reprimiendo a los sectores mas vulnerables de la sociedad. Esta misma policía participó activamente de las páginas más oscuras de nuestra historia, apoyando golpes de estado sanguinarios y genocidas, reprimiendo, torturando y desapareciendo a la par de los militares, en muchas comisarías que funcionaron como Centro Clandestinos de Detención. Inclusive, hasta podemos decir, que la policía no ha sido ajena a ninguno de los hechos delictivos mas resonantes de la democracia.
Consideramos entonces como ya hemos dicho en más de una oportunidad, que nuestro país merece y se debe un debate profundo sobre el problema estructural de las fuerzas de seguridad. Tenemos que aprovechar este momento para pensar en qué policía necesitamos y hablar con todas las letras de la reforma policial y judicial, una deuda pendiente de resolver.
Porque lejos de ser una excepción, los saqueos que se generaron en distintas provincias y que pudieron generarse aquí -si no se hubiera llegado a un buen puerto en la negociación del lunes 9- resultan la regla, en tanto que las zonas liberadas son la condición de posibilidad para que la sociedad ceda derechos,en pos de un poder cada vez mayor de los uniformados para combatir el delito, que como siempre -y en la asonada policial se advirtió de un modo descarnado- generan el problema y el escenario de miedo, y nos venden la solución.
Creemos justo todo reclamo social por acceso a un mejor salario o cualquier derecho no garantizado, pero sabemos que las fuerzas de seguridad tienen un carácter diferente al de otros trabajadores, y por tanto sus propias reglas internas. En este sentido un paro policial es inaceptable y constituye una extorsión, porque pone en riesgo la seguridad de la población.
No queremos dejar de destacar el papel de los medios de comunicación dominantes en el fogoneo constante con el claro objetivo de generar pánico social. Cuando paran otros trabajadores, los medios que responden a corporaciones de claro corte de derecha, cuestionan “las formas” de protesta, sin embargo en este caso no fue raro que hayan instaurado el planteo sobre “lo justo” o no del reclamo, sin cuestionar sus formas. Así, no podemos dejar de señalar el oportunismo de algunos sectores que aprovecharon la posibilidad de generar escenas de desestabilización en el marco del aniversario de los treinta años del retorno a la democracia.
Consideramos,una vez mas, que el poder judicial tiene un papel relevante, se deben investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades en el caso de haberse “liberado” zonas que posibilitaron los saqueos, con la consecuente pérdida de vidas humanas. Desde siempre venimos reclamando y hoy más que nunca, que el poder judicial DEBE investigar profunda y seriamente al personal policial cuando es sospechado penalmente, para no generar actitudes cómplices que a la postre, puedan entenderse como una suerte de legitimación de un accionar antidemocrático.
Por último también queremos decir que estamos seguros que la fecha elegida para generar este escenario de miedo no es casual. Muchos años de lucha y sacrificio de parte del pueblo permitieron consolidar esta democracia, creemos que las libertades conseguidas, fundamentalmente en esta última década, son un logro que debemos defender desde todas las instituciones.
Acto por Daniel Migone
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El lunes 11 de noviembre la familia de Daniel Migone y la Asociación Civil Miguel Bru realizan un acto a las 18.30 hs. en la Comisaría Novena de La Plata –calle 5 y 59- al cumplirse 8 años de que el joven fuera torturado y asesinado dentro de esa dependencia policial.
Daniel Migone apareció muerto el 10 de noviembre de 2005 tras haber estado detenido solo una hora y con signos de una brutal golpiza en la Comisaría Novena, la misma dónde en agosto de 1993 torturaron, asesinaron y desaparecieron al estudiante de Periodismo Miguel Bru.
Desde ese momento su familia y la AMB sostuvieron una lucha continua en reclamo del derecho al acceso a la verdad. La investigación quiso ser elevada a juicio en reiteradas oportunidades, con investigaciones débiles y apuradas, cuando aún no se había hecho lugar a varios pedidos de prueba presentados por el particular damnificado. En medio de la investigación la AMB debió recusar a la fiscal Leila Aguilar y al Juez Néstor de Aspro.
Tras ocho años de lucha, en mayo comenzó el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 donde en dos meses de audiencias quedó al desnudo la rutina y el patrón de los casos de gatillo fácil de la bonaerense, y fue deshecha la versión policial de que Daniel se había suicidado con su campera de jean. El fiscal fue Martín Chiorazzi, y la familia estuvo representada por Fabio Villarruel, abogado de la AMB; mientras que los cinco ex policías fueron defendidos por abogados particulares.
En julio los jueces Juan Carlos Bruni, Emir Caputo Tártara y Ernesto Domenech condenaron por unanimidad a los ex policías Luis Díaz Zapata, Daniel Guillermo Espósito y Carlos Ariel Toloza, a prisión perpetua por torturas seguidas de muerte; y Marcelo Enrique Falcón a diez años de prisión e inhabilitación especial perpetua por omisión de evitar las torturas seguidas de muerte. La oficial de servicio Valeria Maciel fue absuelta con voto dividido.
Mientras se cumple un nuevo aniversario del crimen de Daniel, su familia no baja los brazos atenta a la investigación radicada en la UFI de Marcelo Romero, para que se profundice la investigación sobre la detención ilegal.
Caso Bulacio: un claro ejemplo de la complicidad policial-judicial.
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El 19 de Abril de 1991, Walter Bulacio tenía 17 años, iba a ver por primera vez a su banda favorita, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en el estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. Junto con otros 72 chicos fue víctima de una razia feroz y sin sentido como acostumbraba a hacer la policía, en este caso la Seccional 35 a cargo del Comisario Espósito. La orden era reprimir a esos jóvenes que encontraban en la cultura del rock, una forma de expresión, de libertad, de reclamo, en el marco de un estado neoliberal que se lo devoraba todo en beneficio de unos pocos y en el que las fuerzas de seguridad ocupaban un rol clave para el disciplinamiento y el control social.
Lo golpearon, lo dejaron seriamente lastimado y demasiado tarde –adrede- lo llevaron al Hospital Pirovano con traumatismo de cráneo, según le dijeron los médicos a su madre, además constataron en la huellas de su cuerpo que los policías le habían pegado. Pasaron más de 22 años, nunca se juzgó a Espósito por la muerte de Walter, porque la carátula de “torturas seguida de muerte” que impulsó la querella siempre fue desestimada por los cerca de 50 jueces que intervinieron en distintas etapas del proceso.
En 1999, el Estado argentino ofreció una indemnización a la familia de Walter para que la demanda no siguiera adelante, pero los Bulacio la rechazaron, dijeron que no buscaban plata y querían el reconocimiento del Estado en la muerte del joven. La causa en la CIDH siguió adelante. En 2002, en los tribunales locales prescribió la causa contra Espósito. Pero un año mas tarde el Estado argentino reconoció ante la CIDH que Walter “fue víctima de una violación a sus derechos en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a una detención ilegítima”. La CIDH ordenó que se “adopten las acciones ‘enérgicas’ para evitar la prescripción de la causa”, se indemnice a la familia y “sean investigados y sancionados quienes permitieron la impunidad de este caso”.
El viernes pasado Espósito fue condenado solo a tres años de prisión en suspenso, sin aplicación efectiva, por “privación ilegítima de la libertad”, un delito con penas de entre 2 y 6 años. El argumento de la defensa fue que la policía actuó por aplicación del Memorando 40, una reglamentación interna pergeñada por dos jueces correccionales en 1967, que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia en el arresto de un menor de edad, y que fue derogada luego del Caso Bulacio.
Su padre murió sin obtener justicia, su abuela –que siempre encabezó la lucha- no pudo asistir al juicio por su delicado estado de salud. Su mamá quedó con graves problemas psíquicos desde esa fecha, y tampoco pudo presenciar el juicio por esta situación de salud. “Teniendo en cuenta todo lo que pasó a lo largo del proceso judicial, podría tomarse como un logro que le hayan dado tres años a Espósito, pero nos hubiera gustado que fuera preso, que tuviera que sufrir algo de lo que sufrimos nosotros como familia. A Walter nada nos lo puede devolver, pero verlo a Espósito preso hubiera sido alcanzar un poco de justicia”, dijo su hermana Tamara Bulacio, que tiene 20 años y dos hijos. Tamara, desde niña, iba a las marchas de la mano de su abuela, para pedir justicia por su hermano, a quien no conoció porque murió dos años antes de que ella naciera.
“Yo sabía, yo sabía, que a Bulacio lo mató la policía”, cantábamos en las marchas en búsqueda de justicia por Walter, pero la palabra “Bulacio” fue reemplazada por “los chicos” a medida que se empezaron a sumar. Andrés Nuñez, Maxi Albanese, Miguel Bru, y tantos otros. Sin duda alguna este caso marca otro hecho emblemático en dónde la complicidad policial-judicial fue el eje de una trama de injusticia que se repitió con miles de pibes y pibas víctimas del “gatillo fácil” en democracia.
Lic. Jorge Jaunarena
Asoc. Miguel Bru. Sec. de DDHH. FP y CS.
Distinguen a Rosa Bru por su lucha de los derechos humanos
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Rosa Schonfeld de Bru fue distinguida como personalidad destacada de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “por su incansable lucha a favor de las víctimas de la violencia institucional”, y como un ejemplo de lucha, solidaridad y compromiso por los Derechos Humanos.
El reconocimiento a la presidenta de la Asociación Civil Miguel Bru tuvo lugar en el Salón Perón de la Legislatura. La iniciativa fue aprobada por la Legislatura a partir de la propuesta de las Diputadas Claudia Neira y Gabriela Alegre -Bloque Buenos Aires 20/21 (FPV).
Rosa agradeció y se comprometió “a seguir luchando por los jóvenes y en contra de la maldita policía, que no se ha ido, porque este año, en La Plata, hubo siete chicos muertos en circunstancias confusas que se deben investigar”. Además destacó el trabajo de quienes la acompañan en la Asociación Miguel Bru, y recordó que hace unos días, “escuchando a un chico tocar muy fuerte la batería, en la casa que abrimos en Parque Patricios, me acordé de Miguel cuando tocaba en su banda de rock Chempes 69”. Fue uno de los tantos momentos emotivos, coronado con aplausos.
El primer orador fue Daniel Quiroz, de la AMB, quien relató el trabajo que realizan en la Casa de Cultura y Oficios de la Asociación Miguel Bru de Parque Patricios, donde funciona un espacio de inclusión social con talleres para personas de “14 a 100 años aprendan oficios, fotografía, periodismo y a tocar instrumentos musicales”.
Las diputadas Neira y Alegre manifestaron que era un orgullo reconocer a una mujer que, como tantas otras mujeres, salió a buscar a su hijo y con su lucha, acompañada por los compañeros y amigos de Miguel, logró que el caso de su hijo hoy forme parte de la historia del país y de sus luchas”.
Rosa también pidió que se reconozca a “muchas madres que vienen luchando, en silencio y en soledad, para que se haga justicia por la muerte de sus hijos y que pocas veces son reconocidas”. En el acto estuvo presente Dolores Demonty, la madre de Ezequiel Demonty, y otros familiares.
El homenaje finalizó con un minirrecital a cargo de más de cincuenta chicos y adolescentes que forman parte de las Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Con instrumentos de viento y cuerdas, los chicos interpretaron obras de la música clásica y contemporánea. La actuación terminó con “Rezo por vos”, que compusieron e interpretaron Charly García y Luis Alberto Spinetta. Como cierre tocaron “El rock de Piedrabuena”, una pieza musical nacida en el barrio del mismo nombre, en Lugano. En la ocasión se volvió a denunciar al gobierno porteño, invocando que el “santo ajuste” pone en riesgo la continuidad de las diez orquestas barriales que están funcionando.