Homenaje al Padre Carlos Cajade
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El viernes último en horas del mediodía se llevó a cabo un acto en homenaje al Padre Carlos Cajade donde se destapó un busto de bronce en su memoria. Nacido en 1950, Cajade realizó en nuestra ciudad una obra sin igual; fundó el “Hogar de la Madre tres veces Admirable” para chicos de la calle desde donde nacieron muchas obras de asistencia y promoción social. Fue además cofundador de la Federación de los Chicos del Pueblo, órgano que nuclea en Argentina la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Cajade se convirtió en uno de los referentes mas importantes en materia de acción social y promoción de la niñez.
El 22 de octubre de 2005 falleció a causa de una enfermedad terminal.
Ayer al mediodía se destapó un busto con su rostro en la rambla de calle 7 y 90. Rosa Schonfeld de Bru, presidenta de la AMB presenció el acto y manifiestó que fue un homenaje muy emotivo resaltando que el sitio donde lo inmortalizaron es clave ya que es la calle por dónde el Padre caminaba diariamente para ir hasta su hogar. “Carlos nos enseñó muchísimo, fue un hombre que dedicó su vida a luchar por el bienestar del prójimo. Tenemos que aprender mucho de su obra, de su bondad y sus principios”.
Proyección del documental “Dónde está Miguel”
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El pasado viernes 28 se proyectó en la Casa de la Amistad Argentino - Cubana en Buenos Aires el documental “Donde está Miguel” en el marco del “Ciclo de cine latinoamericano” al que la AMB asistió cómo invitada. Este documental fué realizado por miembros de la AMB y amigos de Miguel Bru, con la coproducción de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Premiado por el 8° festival de Cine Latinoamericano de Derechos Humanos de Rosario, narra la desaparición de Miguel y la posterior búsqueda de la verdad por parte de sus familiares, amigos y amigas.
Para más información sobre los ciclos de cine y las actividades organizadas por la Casa de la amistad argentino/ cubana: http://www.casaargentinocubana.blogspot.com/
La problemática de los CPA
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La Subsecretaría de Adicciones es un organismo estatal que se encarga de la prevención y tratamiento de la problemática de adicciones en la provincia de Buenos Aires. Para llevar a cabo esta tarea cuenta con 189 Centros Provinciales de Atención a las Adicciones (CPA), que funcionan recibiendo a los pacientes y brindando atención gratuita. El trabajo se centra en la atención psicológica de los adictos que son luego oportunamente derivados a hospitales o centros de interacción.En la actualidad dicha subsecretaría depende del Ministerio de Salud, con lo cual, la adicción es considerada una problemática de salud, y se la aborda desde ese marco. La coyuntura política hoy los sitúa en un duro trance: los trabajadores una vez más deben salir a la calle a pelear por un lado por condiciones de trabajo y de atención apropiadas, pero además y quizás el motor mas fuerte, luchar para que ésta área continúe dependiendo del Ministerio de Salud, y no sea derivada a otra dependencia, rumor que hoy es mas una certeza que una posibilidad.
Las versiones hablan de que “adicciones” podría pasar a depender de una Subsecretaría de Gobernación.Estos centros funcionan desde hace tiempo “a pulmón”; los trabajadores ganan sueldos mínimos, los establecimientos no están en condiciones, algunos de ellos deben varios meses de alquiler, hay escasez de recursos humanos y económicos para atender correctamente, e incluso muchos de ellos han sufrido intentos de cierre.
Por estos motivos, los trabajadores de los CPA se encuentran reuniéndose en asambleas periódicas para intentar resolver su situación.Entrevista a Maximiliano Antonietti – Psicoanalista, empleado del CPA La Plata
¿Quiénes participan de las asambleas?
MA. Todos los CPA de La Plata y la Provincia de Bs. As. Más de 180 centros en total.
¿Cuál es el fundamento o el criterio que se utiliza para justificar el pase a una subsecretaría?
MA. Bueno, para empezar, se criminaliza de algún modo la adicción porque Scioli está bastante más a la derecha de lo que pensamos. Desde ese punto de vista si te ponés a pensar, la política de seguridad de Scioli es siempre apuntando al narcotráfico, bajar la ley de imputabilidad, etc. Está todo relacionado y además pensá que los pacientes prácticamente no votan, con lo cual tampoco les importa demasiado.
Lo que dicen es que dentro del Ministerio de Salud, la subsecretaría no puede manejar mucho dinero por eso los sueldos de mierda que tenemos, o por eso que muchos CPA se cierran porque no se puede renovar el alquiler. El argumento es básicamente burocrático.
El verso es este, según palabras del Ministro de Salud, que hay otras prioridades, por ejemplo, se necesitan mas anestesistas y a la hora de nuestras demandas, sueldos, alquileres de los CPA donde se atienden en toda la tarde muchísimos pacientes, etc, estamos a la cola de todo. Entonces plantean que a nosotros nos conviene que salgamos de la órbita del ministerio de salud, y que habría una partida de 20 millones de pesos asignada para esta subsecretaria.
No estamos dispuestos a pasar a una subsecretaria de gobernación, o seguridad por el encuadre ideológico que se le puede dar desde allí al tratamiento del adicto.
Al pasar a una subsecretaria estas siempre mucho más cerquita de la decisión del gobernador. Nosotros ya fuimos subsecretaria de gobernación cuando estaba Duhalde, y depende de cual sea el fin político hubo épocas que hasta teníamos que pelear porque nos querían llevar pacientes en camiones a los actos.Esas cosas siempre pueden ser mucho mas pasibles si estas cerca de la voluntad del gobernador.Por otra parte queremos seguir estando en salud, porque la adicción es un problema de salud.¿Qué opinión te merece la reciente renuncia de la Subsecretaria de Atención a las Adicciones María Graciela García?
MA. Era una interna entre ellos, a la subsecretaria la había puesto no se quien, y como no estaban de acuerdo le estaban haciendo un ahorque con el presupuesto, y se generó una situación terrible, nunca estuvimos tan mal presupuestariamente, y en vez de renunciar ella hace dos años como tendría que haber hecho, renuncio recién ahora.
¿En qué estado toman ustedes a los pacientes y cuál es el estado de los CPA?
MA. Hay de todo, para que te des una idea es una red de 180 centros de los cuales la mayoría son internaciones y el resto son tratamientos. Los pacientes llegan a nosotros espontáneamente y por jueces.
Nosotros somos la pata estatal que se encarga de adicciones y la mas grande de Latinoamérica. Se encarga como si fuera un hospital, no tiene ideología, o tiene la ideología que tiene el Estado.
A vos te pasan a algún organismo de seguridad o a una secretaria donde el gobernador pueda mandar algún instructivo de que es lo que hay que hacer y la cosa se complica
Esto no es del todo oficial, pero es un rumor fehaciente.
A eso sumale que todos los profesionales que estamos atendiendo, lo estamos haciendo bajo la ley… que no nos permite atender, es decir, yo para el estado soy un empleado administrativo, y no puedo atender. Lo hacemos igual.
Allí trabajan psicólogos, psiquiatras. Se trata lo psicológico, lo social, pero si hay algún problema de salud, se deriva a un hospital, de todos modos igual hay médicos.
Además hay un vaciamiento de la institución, hay gente que está cobrando sueldos miserables, hay lugares que hay que suspenderlos porque se llueve, no hay cloacas, pibes internados en comunidades que comen verduras cuatro días seguidos hasta que llega algún pollo que dona algún vecino, es decir, cosas de ese estilo todo el tiempo, lugares donde no hay agua potable, y tienen que hervir el agua y se quedan sin gas, y no pueden compran garrafas. No tenemos teléfono hace dos meses.
Hace unos años nos quisieron cerrar, y gracias a los pacientes que atendemos, y a los empleados que salimos a la calle, logramos frenar esto, pero siempre hay que mostrar los dientes, porque funciona de este modo.
Sancionan al Ministro de Desarrollo Social Provincial y al Municipio por incumplir en materia de niñez.
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El Juzgado de Primera Instancia en los Contencioso Administrativo Nº1 sancionó al Ministro de Desarrollo Social y al Secretario Municipal del mismo área por incumplimiento de sus deberes.
Lo hizo tras considerar incumplida la medida cautelar dictada a partir del amparo que la Asociación Miguel Bru (AMB) junto a otras organizaciones que conforman la “Asamblea Permanente por los derechos de los pibes” presentaron en noviembre de 2008. En ella se ordena el funcionamiento regular y continuo del servicio de atención telefónica, la implementación y ejecución de programas, la presentación de informes periódicos, entre otros puntos tendientes a poner en marcha una red de contención para niños y niñas en situación de calle de la ciudad.
Con fecha 8 de mayo el Juez Luis Federico Arias libró una orden judicial obligando a Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, la retención de toda retribución que perciba hasta cubrir la suma de ochocientos pesos diarios, desde el día 4 del corriente. De igual manera sancionó al Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata, Juan Pablo Crusat con la suma de doscientos pesos diarios. Las medidas tendrán efecto hasta el cese de la incumplimiento administrativo.
Ante la noticia, el Ministro de Desarrollo de la Provincia Arroyo apeló la resolución y distribuyó un comunicado en distintos medios de prensa donde califica las medidas que le impone la justicia cómo “desproporcionadas e improcedentes”. Entre ellas se refiere entre otras cosas a un servicio especial en hospitales para los menores en crisis, a la habilitación de un lugar que opere como centro de referencia diurno y nocturno para niños y niñas, y que conste además de una suficiente dotación de profesionales (medico, psicólogo, especialista en adicciones) entre otros puntos. Asimismo sostiene que se ha “demostrado efectiva asistencia a los niños a través de diversos programas y servicios”, pero las organizaciones que conforman la Asamblea y que se reúnen periódicamente para seguir de cerca la situación de ésta problemática dan fe de que ni la Municipalidad ni el Gobierno Provincial han demostrado siquiera la mas mínima intención de abordar la problemática. “Durante todos estos meses apenas se dedicaron a hacer hincapié sobre sus competencias y no competencias cuando la medida en realidad ya había sido dispuesta y no cabía discusión, sino sólo acción y urgente”, sostiene el representante de la AMB en la Asamblea Alberto Mendoza Padilla.
Casación rechazó la eximición de prisión del policía Espósito
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El Tribunal de Casación rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del ex funcionario policial Daniel Guillermo Espósito. Su detención ahora se torna inminente, por considerarlo sospechoso de aplicación de tormentos seguido de muerte, en la causa donde se investiga el asesinato de Daniel Oscar Migone. La figura por la cual se lo imputa prevé una sanción de reclusión perpetua, y es previsible que Espósito deba aguardar el juicio en prisión.El 3 de marzo de 2008 el juez De Aspro, a solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal, libró detenciones para cuatro funcionarios sospechados de encontrarse involucrados en la muerte de Daniel Migone, asesinado en la comisaría 9° de La Plata en noviembre de 2005. La causa fue elevada a juicio por la Fiscalía, por considerar que hay pruebas suficientes para probar que Daniel Migone fue asesinado y que el personal policial involucrado armó una escena tendiente a cubrir el crimen y hacerlo pasar como un suicidio. En aquella oportunidad fueron detenidos tres de ellos, el imaginaria de calabozos Carlos Ariel Toloza, el jefe de turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón, y una oficial, María Valeria Maciel, beneficiada con arresto domiciliario. En junio fue detenido también el oficial Luis Díaz Zapata y ese mismo día quedó en suspenso la captura respecto del sargento Daniel Guillermo Espósito porque su defensa presentó una eximición de prisión.
Ante la reciente resolución de Casación es inminente la detención del último de los policías señalados en el asesinato de Migone. Pero esto no implica necesariamente que los oficiales señalados sean todos los que estuvieron involucrados en la muerte de Daniel. Recordemos que ésta investigación recayó primeramente sobre la Unidad Fiscal 5 de Leila Aguilar. Tras tres años de dilación y reclamos desoídos, la familia de Daniel y las entidades que patrocinan la causa, la Asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), recusaron a la fiscal, por considerarse que con su accionar favoreció la impunidad policial. El juez Nestro De Aspro hizo lugar al pedido y la causa pasó a manos de los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri. Sin embargo a partir de allí sucedió lo que a entender de las organizaciones, es una práctica repetida y sistemática en las investigaciones que involucran a personal policial: sin disponer una sola de las medidas de prueba reclamada, Martín y Berlingieri ordenaron el cierre del caso. Como en otras oportunidades, sin profundizar investigación se requirió la detención de algunos para procurar la impunidad de muchos.
De ese modo, los agentes fiscales dejarían fuera de la investigación entre otros, a quienes desarmaron la escena del crimen y montaron la idea del suicidio, entre ellos se encontraría quien por aquel entonces resultaba titular de la comisaría Claudio Jaidar.
Una hipótesis fuerte que no se investiga.
La determinación de cerrar la investigación conlleva también a obviar profundizar en una de las hipótesis que cobró mas fuerza durante el devenir de la causa y que supone que Migone estaba involucrado sentimentalmente con la mujer de un funcionario policial de la comisaría 9°, motivo por el cual habría sido secuestrado. Esta hipótesis surge a partir del momento en que se logra acreditar, que la víctima ingresó a la comisaría con un teléfono celular que posteriormente apareció en el interior de uno de los rodados por cuyo robo los policías imputaron a Migone. A partir de esto existen fundadas sospechas de que cuando se “planta” el celular en el auto con el fin de culparlo de un robo, Daniel ya había sido asesinado. Con todo esto los representantes del Estado no se han preocupado en responder a la pregunta que se desprende de todo lo investigado y que es ¿por qué los funcionarios policiales que organizaron y actuaron toda la escena le armaron además una causa a un muerto?Ante la noticia de la pronta detención del ex funcionario Expósito, la familia de Daniel expresó su acuerdo pero agregó que tienen la certeza de que aún existen al menos cinco funcionarios policiales en actividad que participaron del secuestro y encubrimiento por el asesinato de Daniel, y que eso se desprende de la causa “por más que los fiscales se hagan los distraídos”. “Deseamos profundamente lavar la honra de nuestro hijo, sabemos que a él nadie nos lo va a devolver, pero para nosotros como padres, para mis nietos -los hijos de Daniel-, como para el resto de la familia, no es lo mismo que se diga como hasta hoy, que Daniel estaba en la comisaría por haber cometido unos delitos, a que se sepa que en verdad lo habían secuestrado porque le querían arruinar la vida” sostuvo su madre Amabella Carone.