Ordenan el cierre de la investigación de la causa de Daniel Migone
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Los fiscales de la UFI 3, Marcelo Martín y Javier Berlingieri , habrían ordenado el cierre de la causa Migone.
Esta no es una noticia repetida. Esta no es la misma noticia de hace un par de semanas. Aclaramos esto porque puede suceder que ésta historia le parezca conocida. Había una vez una causa en la que organizaciones y familiares de las víctimas, de manera activa impulsan la investigación, requieren a los fiscales que cumplan con su deber, piden pruebas, siguen de cerca el desempeño de los investigadores, organizan pedidos de justicia, actos y eventos en memoria de las victimas. El desenlace de la primera etapa de la investigación se da en todas las causas igual, como esas novelas de la tarde desesperantemente predecibles: las causas son elevadas a juicio de manera prematura tras ordenar la detención de alguno de los implicados, sin profundizar debidamente la investigación y garantizando la impunidad a muchos de los policiales responsables de graves violaciones a derechos humanos. En la etapa del juicio esto por una parte impedirá a los familiares conocer lo verdad, al tiempo que servirá para que a los funcionarios implicados se les asigne responsabilidades menores y con ello condenas morigeradas.Daniel Migone fue asesinado el 10 de noviembre de 2005 en un calabozo en la comisaría 9na de La Plata. El personal policial involucrado armó una escena para hacer pasar su muerte como un suicidio. La investigación recayó sobre la Unidad Fiscal 5 de la agente fiscal Leila Aguilar. Tras tres años de dilación y reclamos desoídos, la familia de Daniel y las entidades que patrocinan la causa, la Asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, recusaron a la fiscal para que sea apartada de la causa, por considerarse que con su accionar favoreció la impunidad policial. En este proceso, la fiscal quiso recuperar el tiempo perdido pidiendo la detención de cuatro de los policías implicados en las torturas que llevaron a la muerte a Daniel. El juez Nestro De Aspro hizo lugar al pedido y la apartó de la causa, la que pasó a manos de los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri . A partir de allí sucedió lo que a entender de las organizaciones, es una práctica repetida y sistemática en las investigaciones que involucran a personal policial: sin disponer una sola de las medidas de prueba reclamada, Martín y Berlingieri habrían ordenado el cierre de la causa. Como en otros casos, sin profundizar investigación se requirió la detención de algunos para procurar la impunidad de muchos. Así el 16 de julio el Oficial Zapata fue detenido a pedido de la fiscalía al imputarlo por participar en el crimen de Migone.
De ese modo, los agentes fiscales dejarían fuera de la investigación entre otros, a quienes desarmaron la escena del crimen y montaron la idea del suicidio, entre ellos quien por aquel entonces resultaba titular de la comisaría 9na, Claudio Jaidar.
Un sistema que garantiza la impunidad.
Christian Domínguez, fue detenido el 5 de febrero de 2005 y llevado a la Comisaría 1ra de Berisso . Horas mas tarde su familia fue notificada de que el joven se había “ahorcado con su cinturón en la celda de contraventores”. Durante estos tres años de investigación, cuatro fiscalías estuvieron a cargo de la causa. Hacia fines de febrero y a pocas semanas de haberse puesto al frente de la investigación, los actuales Fiscales Javier Berlingieri y Marcelo Martini pidieron su elevación a juicio. Quedaron imputados cinco agentes y la médica policial Ana María Lotito. Como si con eso se pudiera silenciar el pedido de justicia de las organizaciones y de los familiares de las víctimas, el Juez dio lugar a la elevación, sin reunir las pruebas suficientes.
Otro ejemplo de este modus operandi judicial se dio en la causa de Darian Barzábal , el joven asesinado hace un año y medio dentro de un patrullero: fue elevada a juicio sin hacer lugar a los pedidos de prueba de la Familia patrocinada por la AMB y el CIAJ. Antes los pedidos reiterados de las organizaciones patrocinantes, los fiscales D’Gregorio y Delucis se apresuraron a cerrar el caso e imputaron solo por encubrimiento a quienes habría resultado partícipes del homicidio del joven, tal es el caso del chofer del móvil, el sargento Cristian Gutiérrez. En tanto dejaron impune a quien sustrajo de otro procedimiento el arma que le “plantaron” a Darian , así como a la ayudante de guardia quien también habría encubierto el hecho.