Movilización frente a Legislatura
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El pasado jueves 3 de diciembre, organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas, entre ellas la Asociación Miguel Bru (AMB), se reunieron frente a la Legislatura Provincial en rechazo al Código Contravencional y la reforma procesal penal impulsada por el Gobierno Provincial.En un país donde cada vez mas la palabra inseguridad se asocia con el delito de hurto o robo, las organizaciones sociales y de derechos humanos instan a tomar conciencia de que el primer crimen es el hambre y que es necesario combatir la desigualdad, la falta de oportunidades, la pobreza, las constantes violaciones a los derechos mas elementales. Los cambios no pueden ser parte de una reacción demagógica a los pedidos de seguridad y mano dura de un amplio sector de la sociedad. Las organizaciones denuncian que mientras el Gobierno busca dar mas atribuciones a la policía para reprimir, disminuye a la vez el presupuesto destinado a la atención de los niños y adolescentes, e incumple leyes de promoción y protección integral de sus derechos. Desde los medios de comunicación, se practica un discurso que plantea al encierro como “la solución” y que estigamtiza a los sectores mas vulnerados.
Por todo esto, un centenar de personas se reunieron el pasado jueves frente a la Legislatura para manifestar su rechazo al proyecto. Desde allí, Rosa Schonfeld, presidenta de la AMB, sostuvo que “el Gobernador y el Ministro de Seguridad pretenden crear una sociedad dónde la pobreza y la miseria desaparezcan barriéndolas bajo la alfombra. La “inseguridad” se combate con políticas de inclusión social, con trabajo, con educación, y no sancionando una ley que da a la policía poderes absolutos, legitimando lo que en realidad ya viene haciendo contra los mas desfavorecidos; reprimiendo, torturando, encerrando a los que menos tienen”. Al finalizar la jornada Alberto Mendoza Padilla, integrante de la AMB, dijo “durante todo el día compañeros y compañeras, organizaciones sociales y de derechos humanos, estuvimos manifestando nuestro mas enérgico y comprometido rechazo a esta embestida represiva de Scioli y de los legisladores del FPV entre otros, de querer aprobar el régimen contravencional. Todavía la lucha continúa. Por eso vamos a seguir manifestando y presionando frente a la legislatura”.
Qué plantea el Nuevo Código.
Entre otras cosas, tal como lo afirma un comunicado publicado por el Comité Contra la Tortura entre otras organizaciones que se expidieron al respecto, las reformas en el nuevo Código Contravencional aspiran incorporar situaciones que serán sancionadas con multas -o canjeo de esa multa por cárcel- entre ellas a toda aquella persona que se encuentre en vía pública sin poder dar explicación, o a quienes se manifiesten por cualquier reclamo en la calle. Incluso será sancionado el que, sin autorización, practique juegos deportivos o diversiones en lugar público “afectando el esparcimiento o la tranquilidad”, por ejemplo quienes jueguen un partido de fútbol en la plaza.
Si éstas modificaciones son aprobadas, mendigos, cuidacoches, vendedores ambulantes, prostitutas, irán presos/as por no poder pagar los costos de las multas. Además, serán penados quienes festejen carnaval, beban en vía pública, hagan ruidos molestos de cualquier especie- toques de campana, aparatos electrónicos- quienes estén festejando despedidas de solteros y recibidas de estudiantes donde se saque parte de la ropa o “arrojen sustancias que afecten su aspecto”.
Fabio Villarruel, abogado de la AMB plantea al respecto que “lo escalofriante podría resultar la posibilidad de pensar que el poder legislativo puede legítimamente habilitar poder punitivo, y sobre todo restringir libertades, a pesar de los limites impuestos por el programa político delineado constitucionalmente”. Y es que éstas medidas violentan derechos constitucionales y convencionales y supone la vulneración de la libertad individual y de los derechos humanos básicos, haciendo de ellos todo un contrasentido. Así, mientras el nuevo código contravencional habilitaría a sancionar a quienes duerman en la calle, la Constitución Nacional plantea por otra parte, que todo habitante tiene derecho a una vivienda digna. Rosa Schonfeld concluye “pareciera que para Scioli no tener lugar donde dormir, no tener para comer, no es una violación a los derechos humanos, sino una contravención que hay que pagar con cárcel. Es el colmo de los colmos.”