ASOCIACION MIGUEL BRU
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Para fortalecer la divulgación y promoción de Derechos Humanos, la entidad realiza desde el 2005 “DE IGUAL A IGUAL” un programa radial de educación y divulgación de políticas públicas y Derechos Humanos, Civiles, Sociales, Económicos y Culturales, conjuntamente con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Este año el programa contará semanalmente con columnas dedicadas a los temas de Género y Pueblos Originarios y una columna especializada sobre los Juicios por la Verdad. El próximo lunes el programa estará dedicado a conmemorar los 33 años del golpe militar que en 1976 asaltó el poder en la Argentina tiñendo de sangre y genocidio la historia de nuestro país.

La casilla de mensajes de De Igual a Igual; deigualaigual@live.com

En el recurso al que esta semana dio lugar la Cámara de Casación se denuncian irregularidades cometidas durante el desarrollo del juicio. En él, no sólo los abogados que representan a la familia de Mauro habían pedido penas de prisión perpetua para los acusados sino que la misma Fiscalía de Juicio había pedido 20 años de prisión por considerar que se trató de un caso de gatillo fácil. Tanto los letrados representantes como la AMB consideran que en el juicio y en el fallo del Tribunal I se han vulnerado derechos de carácter constitucional como el Debido Proceso, el Derecho de Defensa en Juicio, el derecho a la Igualdad, el Principio de Razonabilidad así como también Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, hoy constitucionalizados.
Rosa Bru, presidenta de la AMB sostuvo al respecto que “ La sentencia absolutoria en la causa Martínez, no es más que el broche de oro de un modo de operar que se repite en todas las causas donde se investiga el accionar del personal policial. Y es que paradójicamente todos los casos en el que se encuentran involucrados oficiales de la fuerza son investigados por la misma policía y generalmente las causas recaen en tribunales que actúan en complicidad. Desde el comienzo mismo del caso se pone en marcha todo un sistema de complicidades que derivan en impunidad y ausencia de justicia ”.

El joven, de tan solo 16 años fue visto por última vez en el barrio 12 de Octubre en Lomas del Mirador. Un testigo asegura que fue detenido en la comisaría de la zona. Vanesa, hermana del joven, sostiene que su hermano era constantemente perseguido por la policía que “siempre lo paraba en la calle por portación de cara, lo maltrataban y agredían verbal y físicamente”. La familia de Luciano Arruga ya recorrió comisarías y hospitales, pero nada se sabe de su paradero.

Además agregó que las autoridades de la facultad “siempre me apoyaron en la lucha, siempre recibí la solidaridad, el afecto y el acompañamiento de los alumnos, como ustedes, que se pusieron al frente de la lucha. Recuerdo una anécdota muy graciosa: una vez se mudó el tribunal de casación donde yo hacía una vigilia en una casilla, entonces yo también me mudé con la casilla y no le avisé a los chicos para no molestar, todo el mundo me preguntaba “¿rosa y los estudiantes?”, ya me identificaban con ellos…”

Y concluyó “sigo reclamando que me digan dónde está mi hijo, ese siempre fue mi motivo fundamental en esta causa. Les pido a uds. que acompañen y colaboren con la gente que atraviese este tipo de situaciones… no se imaginan la gran ayuda que pueden brindar. Me emociona mucho verlos, me hacen acordar a cuando Miguel y sus amigos estudiaban aquí”.

La reunión fue solicitada por un grupo de madres de niños y niñas que se encuentran comprendidas en la medida cautelar dictada por Arias. Además concurrieron algunas de las organizaciones que conforman la Asamblea; representantes de la Cátedra de Trabajo Social V de la UNLP, de Autoconvocados, los abogados que patrocinan la causa y Rosa Schoenfeld de Bru como representante de la Asociación Miguel Bru.
La audiencia se extendió hasta entrado el mediodia, y los distintos representantes manifestaron su preocupación sobre el incumplimiento del Estado en materia de defensa de los derechos de niños y niñas. Sucede que ante la presentación del amparo que realizó la Asamblea a mediados de octubre de 2008, el Juez hizo lugar a la medida cautelar y de esta forma obligó a distintos organismos de la Provincia a buscar entre otras cosas, un lugar adecuado para atender a niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad social donde puedan satisfacer sus necesidades mínimas. Además, se dictaminó un plazo para que se disponga un servicio especial en hospitales para los menores en crisis, entre otras muchas medidas que habían sido solicitadas por esta y otras organizaciones. Pero nada de esto avanzó seriamente desde entonces.
Por otra parte las madres presentes hicieron alusión a un nuevo problema que se encuentran atravesando; en sus barrios existen personajes que las persiguen con la amenaza de que no seguirán percibiendo los magros 180 pesos que se le otorgan para alimentar a sus hijos. Ante esta situación, se ven obligadas a asistir a actos y eventos para recibir el subsidio.

Durante el encuentro el Juez Arias manifestó su apoyo ante los pedidos de la Asamblea. Pero lo cierto es que hasta donde le corresponde al Poder Judicial, las medidas han sido dictadas pero es el Poder Ejecutivo quien debe tener la decisión política de ponerlas en marcha. Que no lo haga supone un hecho de altísima gravedad institucional, ya que se trata del incumplimiento de una manda judicial dentro de un sistema democrático y republicano de gobierno. En torno a este tema se debatió largamente y si bien las sanciones están en camino, eso no asegura que las medidas lo estén, y que mejorarán las condiciones de niños y niñas.
“Este es un problema que atraviesa a toda la sociedad, y como ciudadanos debemos estar al menos activamente informados sobre las problemáticas y la lucha en este caso de niños y niñas de nuestra ciudad. Pero la sociedad está dormida y prefiere pedir cárcel a los menores, en vez de ver que hay un problema de fondo. Con la sociedad a su favor el ejecutivo tiene vía libre para incumplir sin que nada suceda. Pero no vamos a permitirlo”. Sostuvo Rosa Schoenfeld de Bru, Presidenta de la Asociación Miguel Bru, al finalizar la reunión.
“Estamos convencidos de que el éxito del proceso no significa nada, si no logramos reavivar el compromiso de las organizaciones sociales y de la población en general en la lucha por el cumplimiento de lo que logramos”. “Todos sabíamos que lo formal, como las leyes y hasta las sentencias, no sirven de nada -y eso está mas que claro en este caso- si sólo nos vamos a quedar con que nos dé la razón el Poder Judicial, y si el ejecutivo sigue sin cumplir.” Sostuvo Carola Bianco, una de las abogadas que patrocinan la causa.