ASOCIACION MIGUEL BRU
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El día 19 de febrero de 2006 Maximiliano Díaz Subils fue hallado sin vida en la Comisaría 6ª de Tolosa a cargo del Comisario Oscar Desiderio, quien informó a sus familiares que su muerte se debió a un paro respiratorio. Los detenidos que se encontraban esa noche en la comisaría declararon que el día anterior a su muerte Maximiliano se sentía descompuesto, y pidieron que sea atendido por un médico. Pero no sólo no fue asistido sino que fue sacado al patio de la dependencia y obligado a pasar la noche desnudo a la intemperie. Los 23 detenidos declararon que Maximiliano se encontraba enfermo desde hacía una semana y que pidieron, en reiteradas oportunidades, que sea atendido. De las cinco veces que se lo trasladó al hospital en ninguna de ellas se le diagnosticó neumonía, enfermedad por la que luego falleció. En una de estas oportunidades Maximiliano fue revisado sin descender del patrullero. Tras la autopsia pudo saberse que además, fue golpeado en los testículos, pecho y costillas.

Ahora se intenta determinar tanto el grado de responsabilidad médica como así también el de responsabilidad policial en este hecho. “Esta causa constituye una muestra cabal de que las comisarías no están en condiciones de alojar detenidos”, opinó el abogado patrocinante de la causa Fabio Villaruel.

El Comité Contra la Tortura fue creado en hace seis años por la Comisión Provincial por la Memoria, para encargarse de velar por el respeto a los derechos humanos frente a las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la reunión que mantuvieron junto a nuestra entidad fue el de intercambiar pareceres respecto de las políticas de seguridad y el control policial en la Provincia. Estuvieron presentes además, los abogados que junto a la AMB patrocinan la causa de Mauro “El Beto Martínez”, que llegó a juicio a fines del año pasado y cuya sentencia favoreció con la absolución a los dos policías imputados. El Comité se encuentra trabajando actualmente en la confección del su informe anual, donde entre otras cosas se investigan casos de torturas, apremios ilegales, y gatillo fácil entre otras problemáticas.

Asimismo, representantes de la AMB se reunieron esta semana con organizaciones, abogados particulares y vecinos con quienes conforma la Asamblea Permanente por los Derechos de los Pibes. A raíz de la situación en la que se encontraban niños y niñas que pernoctaban en Plaza San Martín- agravados por los hechos de violencia que vivieron a mediados en 2008 cuando un grupo para-policial intentó sacarlos violentamente de la Plaza- se presentó en octubre un amparo a favor de la protección de los niños y niñas en situación de calle de nuestra ciudad. El Juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias hizo lugar a la medida cautelar exigida por esta y otras organizaciones y de esta forma obligó al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense a buscar un lugar adecuado para atender a niños y adolescentes, donde puedan satisfacer sus necesidades mínimas. Sin embargo desde entonces ninguna de las medidas se ha llevado a delante de manera seria. Las organizaciones siguieron denunciando a los organismos que deberían estar poniendo en marcha un sistema de protección urgente. Sin embargo las entidades entre ellas el Municipio, se han pasado los días escribiendo solicitudes donde se desentienden de la responsabilidad por las omisiones denunciadas. Mientras desde el Estado se siguen redactando excusaciones, las organizaciones de la sociedad civil continúan viendo la forma de paliar la situación.
En la reunión mantenida en la sede de La Plata de la Asociación Miguel Bru estuvieron presentes representantes del Colectivo La Cantora, de la Cátedra de Trabajo Social V de la U.N.L.P, integrantes de Autoconvocados, y los abogados que patrocinan la causa.

Una de las tantas marchas para pedir justicia por Christian

Así es como Pedro y Norma, llenos de dolor y dudas llegan a la Asociación Miguel Bru hace cuatro años atrás. El Dr. Ernesto Martín, abogado que colabora desinteresadamente desde los comienzos del trabajo de la entidad, decidió hacerse cargo de la investigación. Así es como se ordena realizar una segunda autopsia, ésta vez sin que manos policiales estén involucradas en la intervención; dos peritos oficiales-judiciales y un perito de parte de la AMB, el Dr. Miguel Ángel Maldonado determinaron que Christian falleció a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros. Así, se descartó la hipótesis de un suicidio. El cúmulo de pruebas que desde hace cuatro años se han ido recopilando es categórico; demostró que se trató de un homicidio. Sin embargo, tres fiscales fueron removidos de la investigación por considerarse que obraban sin la menor voluntad de descubrir a los culpables, como tampoco de encontrar a los responsables del encubrimiento.
Según las pruebas obtenidas, la policía habría simulado un ahorcamiento con el cinturón que Christian llevaba puesto, luego de torturarlo y matarlo. La marca del encubrimiento quedó dibujada en su mentón. Con el fin de seguir ocultando el homicidio, se hicieron desaparecer los paquetes vasculonerviosos borrando así una prueba mas que importante para la investigación.
Hace casi un año los Fiscales Javier Berlingieri y Marcelo Martini pidieron ante el Juzgado de Garantías N° 1, la elevación a juicio de la causa. El Juez dio lugar, y dispuso la prisión preventiva de tres de los cinco imputados. Se encuentran inculpados los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi, Victor Gómez, el oficial Leonardo Antonelli, y la perito policial Mabel Lotito.
Su familia junto a la AMB y los abogados patrocinantes esperan ahora la fecha de juicio. Su familia espera además que el Ministro de Seguridad autorice la colocación de una placa recordatoria frente a la comisaría donde mataron a Christian. En junio de 2008 el Concejo Deliberante de Berisso votó a favor de este pedido, pero desde entonces la familia espera que el Ministerio de Seguridad Carlos Stornelli se disponga a firmar el petitorio. Una vez mas, resta esperar.

El 25 de julio de 2008 en horas de la noche un grupo organizado de unas 25 personas movilizadas en varios automóviles encerraron, golpearon y amenazaron a niños y niñas que vivían en la plaza San Martín, ubicada en pleno centro de nuestra ciudad frente a la Casa de Gobierno. Algunos de ellos se identificaron como policías, y atacaron a la voz de “así van a aprender” y “hay que tirarlos a todos en un pozo”. La Organización Autoconvocados por los Derechos de los Pibes en situación de Calle, formada con organizaciones sociales y vecinos venían trabajando en la problemática y muchos de ellos se presentaron como testigos de lo ocurrido aquella madrugada.

Esta organización junto a otras entidades de derechos humanos entre ellas la AMB y abogados particulares presentaron un recurso urgente donde se pedía por la situación de los chicos y chicas. El Juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias hizo lugar obligando de esta forma al estado provincial y municipal a buscar un lugar adecuado para atenderlos y donde puedan satisfacer sus necesidades mínimas. Además, se dictaminó un plazo de 20 días para que se disponga un servicio especial en hospitales para los menores en crisis, sobre todo por el tema de las adicciones y para llevar adelante todas las acciones tendientes a la restitución de los derechos vulnerados. “Nos referimos a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que en la ciudad de La Plata, son arbitrariamente detenidos por la policía, por el hecho de vivir en la calle, niños que padecen enfermedades crónicas y que no pueden sostener los tratamientos que se les ha indicado en los hospitales públicos a los que pudieron acudir, pues habitan a la intemperie, sumado a que -por razones de fuerza mayor- se han desvinculado del sistema de educación formal y no formal, poseen innumerables dificultades para alimentarse, son víctimas de abusos y algunos de ellos han alcanzado la muerte en ésta ciudad en el mismo transcurso de este proceso”

Ocurrió que a meses de esta medida, el Municipio se ha pasado los días escribiendo solicitudes para revocar la medida cautelar ordenada contra la Municipalidad de La Plata, pues a su entender, no tiene responsabilidad alguna en las omisiones denunciadas por las organizaciones. Mientras tanto la urgente situación de los niños y niñas no ha cambiado, y mientras los entes estatales se hunden en la perversa burocracia, las organizaciones de la sociedad civil continúan viendo la forma de paliar la situación. Esta semana la AMB, junto a otras entidades, dos mamás de chicos y chicas que vivían en la Plaza y la abogada Carola Bianco –todos nucleados en la Asamblea Permanente por lo Derechos de los Pibes y Pibas-, se reunieron con funcionarios de la Subsecretaria de Adicciones. En su representación se hicieron presentes Beatriz Peker y Hernán Esperanca quienes comentaron qué programas y proyectos se están llevando a cabo desde el área, ofreciendo una articulación entre el Estado y las organizaciones. Asimismo se comprometieron a solicitar reuniones con otras áreas de otros ministerios que tengan incumbencia directa con la problemática de la pobreza para pensar en un abordaje integral de acuerdo la Ley 13.298. Los integrantes de Autoconvocados, que ya venían trabajando tiempo atrás con los chicos y chicas de Plaza San Martín plantearon algunas de las dificultades con las que se encuentran las madres de los chicos para acompañar y sostener junto a sus hijos los tratamientos por adicción, tanto ambulatorios como de internación. También hicieron hincapié en la falta de políticas que planteen y ofrezcan posibilidades de capacitación y trabajo para la prevención y recuperación. La abogada Carola Bianco, que junto a otros abogados elaboraron, presentaron y patrocinan el amparo, se encargó de remarcar el encuadre legal de la medida cautelar cuyo objeto es obtener el cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico (Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 13.298 con sus respectivos decretos reglamentarios). Desde la Asociación Miguel Bru se remarcó la necesidad de pensar e intervenir en una respuesta y solución integral e inmediata a las situaciones en las que se encuentran tanto los niños y niñas de Plaza San Martín como así también a los mas de 60 mil chicos en situación de calle en la provincia en el marco legal propuesto en el amparo. A lo largo de la reunión se estableció el lugar, la obligación y el rol de cada uno de los actores sociales presentes y en función de ello las responsabilidades que le competen a cada uno.

Asimismo tanto la familia de Mauro como la AMB consideran apropiado aclarar que muy por el contrario a lo que se ha publicado en los medios, el ahora fallecido Ismael Gauna- quien sufrió un accidente que lo electrocutó días después del fallo- no pasó “casi seis años presos como repiten. Por el contrario, el Juez Guillermo Atencio libró las órdenes de captura para ambos imputados el 15 de junio del año 2004. Ambos policías se dieron a la fuga y en el caso de Martínez fue detenido un año después. Ismael Gauna, fue encontrado recién en julio del año 2007, gracias a la denuncia de un vecino, escondido en el barrio El Churrasco, esto implica que se hallaba prófugo de la justicia. Resta decir que los mismos medios que desinforman con tanta liviandad, dieron la noticia en primer plano en aquel entonces, y luego no dudaron en decir “Murió electrocutado luego de pasar cinco años preso”. Nada más alejado de la realidad.