ASOCIACION MIGUEL BRU
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Tras pedir durante más de un año y ante distintas instancias judiciales que no se cierre la causa- pues aun quedan muchísimas circunstancias a ser investigadas- su familia se vio esta semana en la obligación de aceptar la elevación a juicio de la causa, a raíz de una enfermedad crónica que padece su madre: “No puedo esperar más, no tengo tiempo”, dijo entre lágrimas. De esta forma, con la apresurada elevación a juicio por parte de la Fiscalía Nro. 4, quedan beneficiados todos los policías que hicieron posible que el ex Sargento Santiago Regalía matara a Darian de un disparo en la cabeza, y luego armara una escena donde intentó simular un enfrentamiento.

Hace ya casi un año que la Fiscalia Nro. 4, a cargo de los Fiscales De Lucis y Di Gregorio, requirieron la elevación a juicio desoyendo una y otra vez los pedidos de prueba presentados por las entidades que patrocinan a la familia del Darian- la Asociación Miguel Bru (AMB) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Estas pruebas son claves para imputar al resto de los policías que hicieron posible que Santiago Regalía matara de un disparo en la cabeza a Darian, cuando se encontraba esposado dentro de un patrullero en enero de 2007. Tanto su familia como las organizaciones patrocinantes consideran que la decisión de elevarla a juicio cuando aún no se ha agotado la investigación perjudica los derechos de acceder a la toda la verdad, y garantiza la impunidad de muchos cómplices y encubridores. Por ello se realizó en aquel momento un pedido ante el Juez de Garantías para que revea la decisión. Pero Néstor De Aspro no hizo lugar y prosiguió con lo solicitado por el Ministerio Público. Las organizaciones patrocinantes plantearon recientemente a la familia la posibilidad de apelar esta medida ante el tribunal de Casación al término de la feria judicial, reclamando una vez más que prosiga la investigación para imputar al total de lo culpables. Sin embargo, tras un profundo análisis junto a las organizaciones que las representan, los padres de Darian, desmoralizados y agotados por las respuestas que han tenido hasta ahora de parte de la justicia, consideraron que ya no pueden esperar, aunque sean concientes de lo que implica esta decisión.

LOS BENEFICIADOS.

Con la causa elevada a juicio tal como está, el Sargento Gutiérrez, tendrá que responder por “encubrimiento”, aunque según surge de las pruebas aportadas por el Ministerio de Seguridad, e incluso de su confesión, resultaría participe necesario ya que no solo fue quien conducía el vehículo a bordo del cual Regalía torturó a Barzábal, sino que habría sido él mismo quien generó las condiciones de posiblidad para que Darian sea torturado y luego asesinado, conduciendo a paso de hombre y prolongando así por casi diez minutos la detención del adolescente cuando debió ponerlo a disposición del Juez competente. También se beneficia el Teniente 1ero. Martínez, ya que se dejaría impune el hecho de que haya utilizado un arma que había sido previamente secuestrada, para “plantarla” en el lugar del hecho y simular que se trató de un enfrentamiento. Asimismo, la ayudante de guardia, la oficial González, tambien queda eximida por haber mentido sobre el verdadero devenir de los hechos consignando en el libro de guardia una versión muy diferente de la que arroja la investigación.

Regalía podría salir en libertad.

Santiago Regalía será imputado de homicidio agravado por su condición de funcionario público. Este ex Sargento se encuentra detenido con prisión preventiva hace casi dos años, y aquí surge otra cuestión que no es menor para la familia Barzábal. Transcurrido este plazo, Regalía podría salir en libertad. Muchos pensarán, y con toda razón, que hay miles de detenidos que se encuentran tras las rejas desde hace mucho más de dos años. Pero es que la injusticia argentina permite que la mayoría de los acusados de bajos recursos queden encerrados y sin condena indefinidamente (puesto que para ella no hay pobre inocente hasta que se demuestre lo contrario). Pero no es igual con los crímenes organizados; ricos, poderosos y amparados, como en el caso de la mafia policial, pueden salir en libertad o gozar de arresto domiciliario pagando su libertad a la Justicia transcurridos los dos años de prisión sin condena, ya que para estos casos se aplican los plazos que realmente dispone la ley. Con lo cual la posibilidad de que el ex Sargento Regalía recupere su libertad y vuelva al barrio de los Barzábal es una probabilidad real que pesa también en la familia al momento de decidirse por acciones que si bien implican mayores posibilidades de poder acceder a la verdad (solo posibilidades), también prolongan aún más los plazos de espera.

El 10 de enero de 2007 a Darian Barzábal de diecisiete años, lo detuvieron, lo esposaron, lo subieron a un patrullero y lo asesinaron de un tiro en la cabeza dentro del mismo auto. El disparo lo efectuó el ex sargento Santiago Regalía quien no sólo disparó el arma sino que armó también una escena para simular que Darian estaba armado, todo lo cual lo habría realizado gracias a la complicidad necesaria de varios de sus compañeros de la Comisaría Tercera de los Hornos. La causa fue elevada a juicio hace ya un año por los Fiscales Di Gregorio y Deluccis, desoyendo que ellos no sólo los pedidos de los familiares de Darian, e ignoraron los derechos que los asisten, sino además beneficiando directamente a todos aquellos funcionarios policiales involucrados en el asesinato de Darian, beneficio que alcanza incluso al propio autor material del hecho.
Aquel día, un ex funcionario policial Dorato denunció que habrían entrado a su casa para robarle. Acudió entonces un patrullero conducido por el ex sargento Gutierrez acompañado por el ex sargento Regalía. Muchos de los testigos y los mismos imputados, declaran que los policías golpearon al chico en el piso y luego lo subieron esposado al patrullero. Luego, en vez de dirigirse a la Comisaría, dieron un “paseo” de casi diez minutos a 15 km por hora por una zona de baldíos con escasa iluminación, mientras Regalía golpeaba y amenazaba con su arma al joven. Fue en ese momento, cuando Gutierrez manejaba el patrullero casi a paso de hombre, que Regalía gatilló su arma sobre el joven. Pero Darian no murió inmediatamente, ambos agentes en lugar de dirigirse de inmediato al hospital más cercano, fueron a la comisaría, donde subió a la patrulla el teniente primero Iván Martínez. Recién entonces fueron hacia el Hospital San Juan de Dios, pero a una velocidad promedio de 25 km por hora. Todo esto fue probado por los registros aportados por el AVL, el sistema satelital que localiza y reporta cada 27 segundos la posición de los móviles policiales. El mismo Gutiérrez declaró luego que en ese trayecto, Martínez ordenó detener el patrullero para sacarle las esposas a Darian, luego le plantaron el arma con el que pretendieron hacerle asumir el rol de victimario en lugar de víctima.
Los familiares de Darian, junto a las organizaciones de derechos humanos que los patrocinan – el CIAJ y la AMB- impugnaron la elevación a juicio solicitada por los fiscales, por entender que de la propia investigación se desprende, que el ex sargento Christian Gutierrez- quien conducía el patrullero- debe responder como partícipe necesario del crimen, ya que sin su participación, Regalía no podría haber cometido el crimen del modo en que lo hizo. Sin embargo, la fiscalía lo beneficia y imputándolo solo como encubridor del hecho, al igual que al resto de los cuatro policías. Entre ellos el teniente primero Martínez, quien habría sido el responsable de sustraer el arma que tenía bajo custodia y pertenecía a otro procedimiento, para “plantarla en la escena del crimen” y a quien le cabría una imputación por peculado, un delito que prevé una pena de hasta 10 años de prisión.
El reclamo de la familia de Darian, se sostiene no solo en el derecho a acceder a la verdad de lo ocurrido, sino incluso una cuestión que tiene incidencias prácticas sobre todos los procesos, mucho más aún en los que están involucrados funcionarios policiales: las deficiencias en la etapa de instrucción son a la larga sinónimo de impunidad.

En el año 2002 el mismo Tribunal absolvió a un policía acusado de matar por la espalda a un joven de 17 años. También en esta causa la Fiscalía había pedido 15 años de condena argumentando que el acusado había disparado -al cuerpo y por la espalda- 9 balas y que una impactó en la cabeza de la víctima y lo mató. En ambos casos los vecinos que vieron lo ocurrido declararon en favor de la víctima, sin embargo el Tribunal desestimó sus dichos sin más, y al igual que en el Juicio que se llevó a cabo por la muerte de Beto, se les abrió una causa por falso testimonio.

La etapa de instrucción.

Podría decirse que ya en la etapa de instrucción, la causa por la muerte del Beto Martínez se encontraba encaminada para que los ex policías resultaran absueltos de culpa y cargo por considerarse que actuaron el “legítima defensa”. Así fue como con ese mismo argumento en marzo de 2004 el Fiscal a cargo de la investigación pidió el sobreseimiento de Luján Martínez, pedido que fue denegado por el Juez de Garantías y el Fiscal General, haciendo ambos hincapié en las diversas irregularidades cometidas en la investigación.

En un principio la causa recayó sobre la Fiscalía a cargo del Dr. Heredia, quien posteriormente (y con motivo de la denegatoria del sobreseimiento de la legítima defensa) fue apartado de la causa que quedó luego a cargo del Dr. Morán. Cuando este último retomó la investigación había pruebas que ya habían “desparecido” de manera poco mas que misteriosa: la ropa tanto de Gauna como del Beto, las armas de ambos policías, y el revolver que le habían atribuido a Mauro Martínez. Sólo las armas fueron encontradas años después: se habían pasado a depósito como prueba en otra causa diferente y que nada tenía que ver con ésta. Para quienes trabajan en el ámbito de lo penal, es de público conocimiento que los amigos del encubrimiento no tienen mejor forma de hacer desaparecer una prueba que volcándola en una causa “equivocadamente”. Así, la Asociación Miguel Bru junto al Dr Ernesto Martín y Pablo Oleaga tomaron el caso sabiendo que se hallaba plagado de irregularidades. Sólo por mencionar algunas de las curiosidades más groseras que rondan en torno a la investigación; el ex oficial Ismael Gauna no dio declaración siquiera una vez en seis años y medio de investigación. Luego se dió a la fuga y fue encontrado tres años mas tarde de que se librara su pedido de detención. Lo mismo con el oficial Lujan Martínez, quien durante un año se halló prófugo de la justicia sin que esto implicara una cuestión digna de mención por parte del Tribunal.

Modos que se repiten.

El Juicio Oral, y a veces público.

En el caso que el Tribunal I juzgó en 2002 el esquema parece calcado: la víctima termina cargando la culpa. En 1999 Oscar Maximiliano Araya recibió nueve balas que un policía le disparó por la espalda, una de ellas impactó en su nuca y terminó con su vida. En aquella oportunidad De la Serna, Saraví Paz y Labombarda alegaron, al igual que en la causa de Beto, que el policía actuó en legítima defensa. Lejos de ello, el fiscal Javier Guzmán había exigido una condena de 15 años de prisión. Luego de este fallo no se presentó apelación y nada mas se supo. No es de extrañar entonces que otra vez el Tribunal haya seguido la misma fórmula.

En el juicio por la muerte de Mauro no solo se desestimaron las declaraciones de tres testigos claves sino además de una perito policial, la Dra Noms, quien analizó la posibilidad de que Gauna haya efectivamente recibido un disparo de parte de El Beto, y dejó en claro que eran mas las dudas que las certezas que rondaban en torno a este suceso.

El Tribunal pasó por alto además que uno de los testigos que declaró la versión que sostienen los policias, Pedro Luque, fue condenando tiempo atrás por falso testimonio con relación a esta causa y tomaron como válidas sus declaraciones anteriores, hecho que reviste una clara y grosera ilegalidad.

Por si todo esto fuera poco, en reiteradas oportunidades el Tribunal realizó ante el asombro de los presentes juicios de valor injustificables, como fue el caso del Juez Labombarda cuando preguntó a un testigo “¿pero qué era eso? ¿Un aguantadero?”- por la casa de los hermanos Fiol, lugar donde ocurrieron los hechos.[1]

Por otra parte la actitud de los Jueces ante los testigos no fue la misma cuando se trató de uno presentado por la querella y de uno presentado por la defensa. En el primer caso la paciencia de los tres magistrados tuvo límites exiguos. En cambio, en el caso de los testigos de la defensa, e incluso en el momento de las declaraciones de los propios imputados, el Tribunal repentinamente se encontró armado de la paciencia más oriental. Pese a los antecedentes de Gauna y Martínez su versión fue avalada por el Tribunal en todos sus términos, reforzándolas toda vez que hubo lugar y desvirtuando a la vez toda prueba que operara en su contra, de manera sumamente antojadiza.

Días después del fallo absolutorio los abogados que patrocinan la causa el Dr. Ernesto Martín y Pablo Oleaga, junto a la AMB pidieron las cintas de grabación del juicio y el Tribunal las negó.

Al finalizar la feria judicial la AMB junto a sus abogados y la familia de Beto presentarán un Recurso de Casación sobre el fallo. “Esta lucha recién empieza”, sostuvo Graciela, hermana de el Beto, al finalizar el juicio absolutorio. No se equivoca, pues ahora a diferencia de la investigación inicial- que pecó por su parcialidad y estrechez de información- los hechos comienzan a esclarecerse. Mientras tanto la justicia, lenta y caprichosa, se va asomando por lugares impensados.

Una receta infalible.

Mauro estaba tendido en el piso, reducido y esposado cuando recibió el disparo que le dio muerte. Algunos testigos aseguraron que el oficial Gauna jugaba con su arma en el estómago de Beto. En ese momento comenzó lo que para muchos policías es un procedimiento más en su accionar: una pizca de plantar un perro por allí, un poco de acomodar un escena por allá, otro poco de acordar un discurso con el resto… Ahora el ingrediente mas importante y ya esta listo: con la complacencia de algunos integrantes del poder judicial la receta queda preparada para servir este plato caliente: gatillo fácil e impunidad garantizada.
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[1] Este hecho dio lugar a una presentación por parte de su hermana, en razón que significaba una descalificación hacia Beto que no estaba siendo Juzgado ni se encontraba presente, y en definitiva un prejuicio sobre el caso.