ASOCIACION MIGUEL BRU
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La AMB solicita imputar al ex jefe de la Comisaría 6ta de Tolosa por muerte en una comisaría

Se trata de la causa que investiga la muerte de Maximiliano Díaz Subils en febrero de 2006 en la Comisaría 6ta de Tolosa. La Asociación Miguel Bru- como patrocinante de la investigación penal- hizo esta mañana una presentación ante la UFI 12 encabezada por el Fiscal Marchet, solicitando se impute al por entonces capitán de la dependencia, Oscar Luis Desiderio, por posible encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público.

Maximiliano murió un 19 de febrero, envuelto en una frazada en el patio de la Comisaría 6ta de Tolosa, después de agonizar 14 horas. Estaba detenido hacía menos de cuatro meses y sufría una infección pulmonar que le fue mal diagnosticada y mal tratada. Los médicos lo discriminaron, lo ignoraron. Y los policías lo maltrataron, incluso pegándole en los testículos para que no moleste mas con el pedido de ir al hospital. Tras ocho años de una investigación preliminar que atravesó serios obstáculos y dilaciones, a comienzos de este año, el caso fue asumido por el Fiscal Alejandro Marchet, quien imputó y llamó a declarar a tres médicas por homicidio culposo y a un médico del Hospital San Roque y tres efectivos de la Bonaerense, por abandono de persona seguido de muerte, imputación que prevé penas de entre 5 y 15 años de reclusión o prisión. Además otros dos funcionarios están imputados por falsedad ideológica y encubrimiento y coacción agravada.

Ahora se espera que el Fiscal considere imputar tambień al ex capitán Desiderio. Inmediatamente a la muerte de Maximiliano, el juez interviniente Federico Carlos Atencio, le ordenó que en el plazo improrrogable de doce horas informe las oportunidades en que Maximiliano fue trasladado al hospital, los motivos que generaron el traslado, así como las razones por las que dicha circunstancia no fue puesta en su conocimiento. El entonces capitán elaboró un informe plagado de falsedades, lo que a criterio de la Asociación Miguel Bru, supone no sólo una falsedad ideológica de instrumento público, sino también y fundamentalmente el encubrimiento de la conducta de sus subalternos, que hoy y al cabo de casi nueve años se encuentran imputados en la causa.

Este caso toma hoy una enorme vigencia. La detención de personas en comisarías fue prohibida en 2005 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El CELS litigó contra el Estado provincial demostrando que las dependencias policiales no son lugares preparados para alojar a personas y que la mayoría de ellas se encontraba detenida sin condena. Los calabozos de las comisarías están pensandos como lugares de estadía transitoria y no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad, limpieza, estructura, y recaudos mínimos para resguardar la salud de quienes allí se encuentran. No obstante poco después de la resolución de la SCJ, en febrero de 2006 Maximiliano murió abandonado y vomitando sangre en la dependencia del barrio plantense de Tolosa. Por algunos años las comisarías se abstuvieron de volver a mantener recluídas personas en sus calabozos. Pero ahora, en abril de este año, el Gobernador de la provincia encabezada por Daniel Scioli, en una clara respuesta demagógica a sus rivales en la campaña por la presidencia, decretó la “emergencia en seguridad”. Es así que dio paso a que el Ministro de Seguridad Alejandro Granados anulara estas resoluciones que habían inhabilitado calabozos en comisarías para el alojamiento de detenidos y hoy hay alojadas mas de 2000 personas.

Caso Migone- Audiencia en Casación

Esta mañana la Asociación Miguel Bru (AMB) y la familia Migone defendieron ante el Tribunal de Casación Penal, un recurso que presentaron para solicitar la ampliación de la imputación pedida en el juicio, contra los cuatro policías bonaerenses condenados por las torturas seguidas de muerte contra Daniel Migone.

Entre mayo y julio del año pasado se desarrolló el debate oral y público por la muerte de Daniel. En ese momento tuvo una importante trascendencia, entre otras cosas porque durante las audiencias ocurrieron hechos de naturaleza surrealista, como la reconstrucción espontánea que hizo un policía de la forma en la que Migone se habría querido suicidar. Además, fueron tales las contradicciones entre los testigos que comenzaron a hacerse más claros los motivos por los cuales la víctima se encontraba aquella noche en la comisaría: lo habían secuestrado. Por aquel entonces, la AMB solicitó al Tribunal que se amplíe la imputación a “privación ilegal de la libertad coactiva con resultado muerte por torturas”. Los jueces hicieron lugar al pedido pero finalmente al momento de resolver refirieron que la privación de la libertad no se había acreditado.

Fue por todo esto que la AMB recurrió a Casación para reclamar la revisión de esa parte de la sentencia. El Tribunal estuvo compuesto por los Jueces de la Sala IV Dr. Carlos Ángel Natiello, el Dr. Mario Eduardo Kohan y el Dr. Horacio Daniel Piombo perteneciente a la Sala VI. El letrado Fabio Villarruel comenzó explicando que “estamos acá buscando la verdad, no presos, y hoy sobre Daniel Migone sigue pesando todavía esa sospecha que sobre él derramaron sus asesinos”. En la exposición, exhibió una serie de documentos que ayudan a entender los motivos por los cuales la organización y la familia de la víctima sostienen que durante el juicio se develó el mecanismo del armado de las causas que trataron de imputarle a Daniel. Se mostraron registros, que iban desde AVL -seguimiento satelital de móviles-, a informes de Radio Estaciòn de Policìa y las actuaciones labradas por los propios imputados dónde se evidencia que Daniel no mintió cuando lescontó a quienes fueron testigos de su cautiverio, que no habia hecho nada, que lo estaban engarronando, que le estaban armando una causa.

Por su parte, las defensas de los imputados presentaron recursos para pedir que se revean las sentencias de los cuatro policías condenados a prisión perpetua, por torturar y matar a Daniel Migone. El Fiscal de Casación Armando Roldán dijo que en ellas se “reeditaron los planteos ya efectuados en juicio por las defensas” y los consideró improcedentes, imponiéndole además las costas.
A pesar de que la jornada no pudo ser presenciada por la audiencia, la AMB fue acompañada por distintas organizaciones de derechos humanos que se hicieron presentes en el Tribunal de calle siete, entre ellas Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Regional La Plata en la Red Nacional, Defensoría de Casación, ADULP, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la Facultad de Periodismo de la UNLP, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

La AMB pide a la Casación que se indague sobre el armado de causas en el caso Migone

El de Migone es un caso testigo de la extendida práctica policial del “armado de causas” o “empapelamiento”. Ese y no otros, fueron los motivos por los cuales a Daniel lo llevaron a la comisaría 9°, la noche en la que perdió la vida con motivo de la tortura a la que fue sometido. El próximo jueves 15 a partir de las 10 hs. en el salón Oval del Edificio de calle 7 entre 56 y 57, la familia de Daniel Migone, junto a la Asociación Miguel Bru (AMB), acompañados por organismos y organizaciones de derechos humanos participarán de una audiencia en la que la entidad sostendrá los lineamientos del recurso que interpuso a la Casación sobre la sentencia de primera instancia.

Desde mayo y hasta fines de junio del año pasado se debatió en juicio oral y público el homicidio y las torturas sufridas por Daniel Oscar Migone el 10 de noviembre de 2005 cuando apareció muerto en una celda de contraventores de la Comisaría 9° de La Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 condenó a los ex policías Luis Díaz Zapata, Daniel Guillermo Espósito y Carlos Ariel Toloza a prisión perpetua por torturas seguidas de muerte y a Marcelo Enrique Falcón a diez años de prisión e inhabilitación especial perpetua por omisión de evitar las torturas seguidas de muerte.

Durante las audiencias de debate, salieron a la luz elementos de prueba hasta ese momento ignorados, los que sumados a una enorme cantidad de prueba documental (seguimiento satelital de los móviles, libros de distintas dependencias policiales, pericias y testimonios) terminaron de echar por tierra la versión de la bonaerense de que Daniel estaba detenido por haber participado en tres robos y que luego se suicidó con su campera de jean. Para armar las “pruebas” por robo, los policías se valieron de la inserción de falsas declaraciones, supresión y destrucción de documentos públicos, así como del apoderamiento ilegítimo de un teléfono nextel que pertenecía a la víctima- y que fue “plantado” en un automóvil para adjudicarle el robo.

Es así que por aquel entonces, la AMB solicitó al Tribunal que se amplíe la imputación sostenida en su oportunidad por el Ministerio Público, que resultaba la de torturas seguida de muerte, a la de “privación ilegal de la libertad coactiva con resultado muerte por torturas”. Los jueces hicieron lugar a esta posibilidad pero finalmente al momento de resolver refirieron que la privación de la libertad no se había acreditado. Por esto, la AMB recurrió a Casación para reclamar la revisión de esa parte de la sentencia y acreditar ante el máximo Tribunal Penal de la Provincia, que la presencia de la víctima Daniel Migone en la Comisaría 9° sólo se explica a partir del armado de causas en su contra. Rosa Schonfeld de Bru, Presidenta de la organización, dijo que la lucha de la entidad y la familia continúa, aún después del juicio y las condenas, porque “sólo la verdad puede limpiar la memoria de Daniel y con eso, de algún modo, reparar el dolor que le han hecho vivir a su familia”.

Premian a Rosa Bru

La entrega del premio se dio en la Casa de Cultura y Oficios Populares Miguel Bru, y aprovecharon el evento los jóvenes que estudian periodismo multimedia, entrevistaron en la radio, y grabaron todo el acontecimiento. Los mismos que somos autores de esta nota y de las fotos. El taller cuenta con el apoyo del Ministerio de Seguridad, en el marco de un convenio que abarca los talleres de periodismo gráfico, radio, video y redes digitales. Rosa dijo que le encanta la Casa, que cada vez que viene “está más linda, más cuidada, más querida; me llena de orgullo”.

“Me gusta ver tanta juventud junta”

En la cocina de la Casa de Parque Patricios, Rosa Bru tomaba mate con Cristian Alarcón. Una de las chicas que estudia periodismo ahí fue a llenar el termo, para el mate. La esperaban sus compañeros en el aula de radio para seguir preparando las entrevistas. Era un día especial y había que aprovecharlo.

–¿Qué están haciendo allá, en el aula? – preguntó Rosa.

–Estamos practicando las preguntas para las entrevistas que les vamos a hacer a ustedes y a la funcionaria del ministerio– contestó la alumna.

–¿Podemos ir a ver?

–Sí– , contestó ella, aunque todavía estaban probando el audio de los micrófonos.

Rosa Bru recibió un premio del Ministerio de Seguridad que se entregó a varias mujeres, por el 8 de marzo. “Quisimos destacarla como una mujer comprometida y luchadora”, dijo Agustina Propato subsecretaria de participación ciudadana. Rosa dijo que el premio la emociona mucho y que lo comparte con todas las mamás “que lamentablemente nos toca luchar por nuestros hijos”.

Sobre el premio, Rosa consideró que “es un reconocimiento, porque un premio sería para alguien que trabaja en los barrios”. En la entrevista sentada en el aula de radio contó cómo inició la búsqueda por su hijo y la lucha por justicia, por ejemplo llevaba la foto a los canales de televisión y no se la querían recibir. La idea de la asociación fue de León Gieco.

Cristian Alarcón también estaba en el aula, sentado en frente de Rosa. Cuando hablaban sobre Miguel se miraban a los ojos. Rosa echaba un suspiro emocionada y se les caían algunas lágrimas.

Alarcón es periodista, amigo y compañero de Miguel Bru, “de la facultad, de fiestas, y de peñas”. En el 93 se comprometió con la búsqueda de Miguel, y escribió en Página 12 el primer artículo, que se lo aceptaron cuando investigando descubrieron que Miguel había denunciado a la Comisaría 9ª de La Plata porque habían hecho un allanamiento ilegal. Él tenía una banda punk, Chempes 69, y lo acusaban por hacer “ruidos molestos”.

Continúa trabajando por la causa, desde su lugar como periodista y como director de medios. “Seguir buscando preguntas es un ejercicio que hacemos los periodistas, un compromiso con lo que no sabemos”, dijo. Recordó la experiencia de trabajo territorial en la Isla Maciel, donde se conmovieron por la injusticia: “la pelea por los DD.HH. no es sólo porque no nos violenten, también buscamos tener derecho a la educación, a disfrutar de la cultura”. En este sentido parafraseó a la Presidenta Cristina Fernández, cuando dice que “la Patria es el Otro”, y agregó que “el otro es más importante que uno mismo”.

La subsectretaria Agustina Propato, destacó que la Seguridad es responsabilidad del Estado pero es a la vez obra de todos. En este sentido destacó el compromiso de continuar con la democratización de las Fuerzas y que “hoy la policía no se autogobierna”. Dijo que el 8 de mayo se celebra el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional.

Relanzamiento de Cosecha Roja en el Encuentro Federal de la Palabra

El 19 de abril a las 17 hs. se relanza Cosecha Roja en el Encuentro Federal de la Palabra (EFP), en Tecnópolis. Varios periodistas de policiales de distintas partes de Argentina y México debatirán sobre los desafíos del periodismo y compartirán sus experiencias de investigación y sus opiniones sobre las dinámicas de la violencia en Latinoamérica.

Moderada por Cristian Alarcón tendrá lugar la mesa debate “Narcos, policías y lincadores”, con la presencia de Marcela Turati, Cecilia González, Rodolfo Palacios, Elena Corbalán, Rolando López, Juliana Di Tullio y Carlos Figueroa, en la Sala A de Tecnópolis.

Cosecha Roja es la Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica. Nació tras los primeros encuentros de periodistas, académicos, escritores y guionistas organizados por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y el Open Society Institute (OSI) en el marco del Programa Narcotráfico, Ciudad y Violencia en América Latina.

El Encuentro Federal de la Palabra comenzó el 9 de abril y culmina el 20 de abril. Se desarrollaron distintas actividades, entre ellas una serie de mesas sobre la violencia integradas por escritores, periodistas y académicos.