ASOCIACION MIGUEL BRU
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El Juzgado de Primera Instancia en los Contencioso Administrativo Nº1 sancionó al Ministro de Desarrollo Social y al Secretario Municipal del mismo área por incumplimiento de sus deberes.
Lo hizo tras considerar incumplida la medida cautelar dictada a partir del amparo que la Asociación Miguel Bru (AMB) junto a otras organizaciones que conforman la “Asamblea Permanente por los derechos de los pibes” presentaron en noviembre de 2008. En ella se ordena el funcionamiento regular y continuo del servicio de atención telefónica, la implementación y ejecución de programas, la presentación de informes periódicos, entre otros puntos tendientes a poner en marcha una red de contención para niños y niñas en situación de calle de la ciudad.
Con fecha 8 de mayo el Juez Luis Federico Arias libró una orden judicial obligando a Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, la retención de toda retribución que perciba hasta cubrir la suma de ochocientos pesos diarios, desde el día 4 del corriente. De igual manera sancionó al Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata, Juan Pablo Crusat con la suma de doscientos pesos diarios. Las medidas tendrán efecto hasta el cese de la incumplimiento administrativo.
Ante la noticia, el Ministro de Desarrollo de la Provincia Arroyo apeló la resolución y distribuyó un comunicado en distintos medios de prensa donde califica las medidas que le impone la justicia cómo “desproporcionadas e improcedentes”. Entre ellas se refiere entre otras cosas a un servicio especial en hospitales para los menores en crisis, a la habilitación de un lugar que opere como centro de referencia diurno y nocturno para niños y niñas, y que conste además de una suficiente dotación de profesionales (medico, psicólogo, especialista en adicciones) entre otros puntos. Asimismo sostiene que se ha “demostrado efectiva asistencia a los niños a través de diversos programas y servicios”, pero las organizaciones que conforman la Asamblea y que se reúnen periódicamente para seguir de cerca la situación de ésta problemática dan fe de que ni la Municipalidad ni el Gobierno Provincial han demostrado siquiera la mas mínima intención de abordar la problemática. “Durante todos estos meses apenas se dedicaron a hacer hincapié sobre sus competencias y no competencias cuando la medida en realidad ya había sido dispuesta y no cabía discusión, sino sólo acción y urgente”, sostiene el representante de la AMB en la Asamblea Alberto Mendoza Padilla.

El Tribunal de Casación rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del ex funcionario policial Daniel Guillermo Espósito. Su detención ahora se torna inminente, por considerarlo sospechoso de aplicación de tormentos seguido de muerte, en la causa donde se investiga el asesinato de Daniel Oscar Migone. La figura por la cual se lo imputa prevé una sanción de reclusión perpetua, y es previsible que Espósito deba aguardar el juicio en prisión.

El 3 de marzo de 2008 el juez De Aspro, a solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal, libró detenciones para cuatro funcionarios sospechados de encontrarse involucrados en la muerte de Daniel Migone, asesinado en la comisaría 9° de La Plata en noviembre de 2005. La causa fue elevada a juicio por la Fiscalía, por considerar que hay pruebas suficientes para probar que Daniel Migone fue asesinado y que el personal policial involucrado armó una escena tendiente a cubrir el crimen y hacerlo pasar como un suicidio. En aquella oportunidad fueron detenidos tres de ellos, el imaginaria de calabozos Carlos Ariel Toloza, el jefe de turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón, y una oficial, María Valeria Maciel, beneficiada con arresto domiciliario. En junio fue detenido también el oficial Luis Díaz Zapata y ese mismo día quedó en suspenso la captura respecto del sargento Daniel Guillermo Espósito porque su defensa presentó una eximición de prisión.

Ante la reciente resolución de Casación es inminente la detención del último de los policías señalados en el asesinato de Migone. Pero esto no implica necesariamente que los oficiales señalados sean todos los que estuvieron involucrados en la muerte de Daniel. Recordemos que ésta investigación recayó primeramente sobre la Unidad Fiscal 5 de Leila Aguilar. Tras tres años de dilación y reclamos desoídos, la familia de Daniel y las entidades que patrocinan la causa, la Asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), recusaron a la fiscal, por considerarse que con su accionar favoreció la impunidad policial. El juez Nestro De Aspro hizo lugar al pedido y la causa pasó a manos de los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri. Sin embargo a partir de allí sucedió lo que a entender de las organizaciones, es una práctica repetida y sistemática en las investigaciones que involucran a personal policial: sin disponer una sola de las medidas de prueba reclamada, Martín y Berlingieri ordenaron el cierre del caso. Como en otras oportunidades, sin profundizar investigación se requirió la detención de algunos para procurar la impunidad de muchos.

De ese modo, los agentes fiscales dejarían fuera de la investigación entre otros, a quienes desarmaron la escena del crimen y montaron la idea del suicidio, entre ellos se encontraría quien por aquel entonces resultaba titular de la comisaría Claudio Jaidar.

Una hipótesis fuerte que no se investiga.

La determinación de cerrar la investigación conlleva también a obviar profundizar en una de las hipótesis que cobró mas fuerza durante el devenir de la causa y que supone que Migone estaba involucrado sentimentalmente con la mujer de un funcionario policial de la comisaría 9°, motivo por el cual habría sido secuestrado. Esta hipótesis surge a partir del momento en que se logra acreditar, que la víctima ingresó a la comisaría con un teléfono celular que posteriormente apareció en el interior de uno de los rodados por cuyo robo los policías imputaron a Migone. A partir de esto existen fundadas sospechas de que cuando se “planta” el celular en el auto con el fin de culparlo de un robo, Daniel ya había sido asesinado. Con todo esto los representantes del Estado no se han preocupado en responder a la pregunta que se desprende de todo lo investigado y que es ¿por qué los funcionarios policiales que organizaron y actuaron toda la escena le armaron además una causa a un muerto?

Ante la noticia de la pronta detención del ex funcionario Expósito, la familia de Daniel expresó su acuerdo pero agregó que tienen la certeza de que aún existen al menos cinco funcionarios policiales en actividad que participaron del secuestro y encubrimiento por el asesinato de Daniel, y que eso se desprende de la causa “por más que los fiscales se hagan los distraídos”. “Deseamos profundamente lavar la honra de nuestro hijo, sabemos que a él nadie nos lo va a devolver, pero para nosotros como padres, para mis nietos -los hijos de Daniel-, como para el resto de la familia, no es lo mismo que se diga como hasta hoy, que Daniel estaba en la comisaría por haber cometido unos delitos, a que se sepa que en verdad lo habían secuestrado porque le querían arruinar la vida” sostuvo su madre Amabella Carone.

“De Igual a Igual” (DIAI), el programa radial que la AMB emite en AM Radio Universidad entrevistó el pasado lunes a Claudia Cesaroni, abogada y criminóloga, integrante del Centro de Estudio de Políticas Criminales y Derechos Humanos (CEPOC) para consultarla acerca de la edad de imputabilidad y la justicia de menores. A continuación reproducimos parte de la charla.

DIAI . Hablamos de que la coyuntura lleva a discutir la baja en la edad de imputabilidad, determinada por la sensación de inseguridad que está planteada en la sociedad y que se alimenta desde los medios … quisiéramos saber su impresión acerca de esto.

CC. Si, de todos modos estos días, al calor de la gripe porcina o el dengue, el tema bajó en los medios y en la histeria de la agenda mediática, y con ello la situación de los menores, los delitos graves y la urgente y aparente necesidad de cambiar las leyes para encerrar más pibes. Esto también revela, como muchas veces, que las reacciones espasmódicas tienen que ver con poner en el tapete un tema, que vuelve a caer de esa escena cuando aparecen otros que se instalan de la misma manera.

DIAI. ¿Con esta nueva Ley se apunta a crear a un nuevo enemigo interno, como siempre pasa con los jóvenes, aquellos que se revelan contra el sistema y lo establecido?

CC. Yo creo que hay una construcción del otro que genera pánico, terror, que esta dotado de rasgos monstruosos. En este caso en algún momento fueron los anarquistas, los subversivos, los piqueteros, y ahora son los “menores”. Estos pibes son víctimas del desamparo, de la miseria, del abandono y son utilizados por otras personas que son adultos, no son niños ni adolescentes, y que están absolutamente amparados por la inacción de las autoridades y en primer lugar la policía, o directamente con la complicidad, este es el planteo de fondo..

DIAI. ¿Qué opina del planteo de Zaffaroni?

CC. Es sorprendente escuchar que este doctor, con el que nos hemos sentido alumnos y hemos intentado imitarlo, plantee esto. Él nos ha enseñado siempre que la mayor característica del sistema penal es que es excluyente, discriminatorio, estigmatizante, que elige a los más débiles y a los más vulnerables para atraparlos, que deja una red que se lleva los pececitos más pequeños y deja escapar a los más grandes. Él planteaba el otro día que es necesario brindar garantías a los pibes que son encarcelados sin proceso, y que para brindarles garantías hay que incluirlos en el sistema penal. Lo que nosotros decimos es que privarlos de libertad es ilegal por lo tanto hay que liberarlos, no legalizar ese encierro. Si estamos planteando que la única manera de brindarle garantías constitucional a las personas es incluirlas en el sistema penal, bueno, parece q eso es una falacia.

DIAI. ¿Y qué hacemos con un chico de 14 o 15 años de edad que comete un hecho grave?

La respuesta es: lo mismo que haríamos con uno de 13, de 12 o de 11, entender que ese pibe está en esa situación porque lo arrastra una historia anterior, y que quien tiene que atender su problemática son las áreas de Protección de Derecho que deben existir en cada municipio, Áreas de protección de Infancia. Este es un lugar donde la mamá, el papá o la maestra puede ir y decir “este chico no está viniendo a la escuela, está fumando paco, está abandonado”. Necesitamos que el municipio brinde programas de inserción, que lo ayude en la escuela, que le de becas, etc.

La punilidad tiene que ver con una decisión política, es una cuestión de política pública en la que el Estado dice: yo decido “aplicar pena desde tal edad”, no hay ninguna norma internacional que especifique un límite de edad. Hay países que la fijan en 12 o en 14 o en 16. El comité del derecho del niño, enuncia en su último documento publicado en 2007 que es incomiable fijar una edad de punilidad entre los 14 y 16 años. Es decir, no hay ninguna obligación de establecer la edad de punilidad a los 14, perfectamente se puede mantener en los 16. Nosotros decimos que debajo de esa edad, dejemos afuera del tema al sistema penal. No estamos diciendo que todo siga así: decimos que queremos un sistema penal juvenil con todas las garantías, con mediación penal, con posibilidad de que los pibes con delitos menos graves puedan resarcir ese daño trabajando, por ejemplo. Porque el pibe puede comprender que lo que hizo no está bien, es reprochable y debe resarcirlo. En muchos países funcionó este sistema de mediación penal.

DIAI. Es necesario hacer una analisis mas profundo, complejizar al problemática…

CC. Claro, estos pibes tienen 14 o 15 años , nacieron en el ‘94, en el ‘95, pleno menemismo. Sus familias quedaron arrasadas por el neoliberalismo, perdieron el trabajo, nunca accedieron a niveles de educación digna. Esto es interesante de discutir, porque escuchamos a tipos como Macri diciendo “lo que hay que dar es educación” y después lo primero que hacen es destruir la educación publica, pauperizarla, pagar mal a los docentes. Entonces no solamente se trata de que el pibe llegue a la puerta de la escuela y entre, el punto es que la educación que reciben centenares de pibes en este país, es paupérrima, de baja calidad, no les permite igualarse en oportunidades de desarrollo intelectual con pibes que tienen acceso a otros niveles de educación. Entonces un chico de 13 o 14 años arrastra todo eso en su propia vida y en su propio cuerpo, pero además arrastra la historia familiar, de marginación, de abandono, de degradación.

Todo el tiempo se habla de baja de edad de imputabilidad, pero en realidad lo que estamos diciendo es: podes imputar un delito a un niño de diez años, pero para que una persona sea imputada tiene que entender que el hecho que está cometiendo es criminal y que se le puede reprochar.