Caso Domínguez: alegaron los defensores de los ex policías imputados
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En el último día de alegatos en el juicio por el asesinato de Christian Domínguez –ocurrido el 5 de febrero de 2005 en la Comisaría Primera de Berisso- los abogados defensores de los policías imputados solicitaron su absolución. El viernes 14 a las 9 de la mañana se realizará otra audiencia en los tribunales de La Plata-8 entre 57 y 58- donde los abogados de la Asociación Miguel Bru que representan a la familia y la fiscal presentarán sus réplicas.
Los abogados de los ex policías imputados Luciano Príncipi y German Cernuschi -acusados de privación ilegitima de la libertad y tortura seguida de muerte-; del ex policía Victor Gómez-imputado por torturas seguida de muerte- y de Leandro Antonelli –acusado de falsedad documental y encubrimiento- insistieron con que el joven se quitó la vida y pidieron la absolución de los acusados.
En sus alegatos; Eduardo Caniggia, Víctor Nanni y Julio Beley sostuvieron que la detención de Domínguez fue legal ya que estaba ebrio en la vía pública y cuestionaron la prueba de alcoholemia que arrojó como dato que tenía 2,94 de alcohol en sangre. Insistieron con que la víctima era conciente de sus actos y no había perdido la motricidad fina por lo cual estaba en condiciones de colgarse de su cinturón.
Además cuestionaron los testimonios e informes de los peritos de la Asesoría - Andrea Nons y Miguel García Olivera- y el Dr. Miguel Angel Maldonado, perito de parte de la familia. Según los letrados los peritos no fueron imparciales y no pudieron acreditar la causal de muerte por acción de terceros. Asimismo desacreditaron los testimonios de los detenidos diciendo que nadie vio nada y que los dos o tres que dijeron haber escuchado los golpes y gritos pueden haberlo oído de la televisión. Insistieron además que no hubo torturas ni físicas ni psicológicas.
El abogado Julio Beley, quien representa a Príncipi, afirmó que su defendido estaba descansando en otro cuarto y nunca pudo haber estado en la celda de contraventores cuando sucedió el crimen.
Por su parte el martes la fiscal Rosalía Sánchez y los abogados de la Asociación Miguel Bru – Ernesto Martín, Pablo Oleaga y Marcelo Ponce Nuñez-pidieron que se condene a prisión perpetua a los imputados. Asimismo consideraron como agravantes de la pena su condición de funcionarios públicos y la simulación de suicidio, entre otros. Mientras que para Antonelli solicitaron cinco años de condena.
Alegatos en el juicio por Christian Domínguez: piden perpetua a los ex policías
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En el marco del juicio por el asesinato de Christian Domínguez –ocurrido el 5 de febrero de 2005 en la Comisaría Primera de Berisso- la fiscal y los abogados de la Asociación Miguel Bru pidieron que se condene a prisión perpetua a los ex policías imputados Luciano Príncipi y German Cernuschi -acusados de privación ilegitima de la libertad y tortura seguida de muerte- y al ex policía Victor Gómez, por torturas seguida de muerte. Asimismo consideraron como agravantes de la pena su condición de funcionarios públicos y la simulación de suicidio, entre otros. Los alegatos continúan mañana miércoles 12 de septiembre desde las 12:00 en los Tribunales platenses, ubicados en calle 8 57 y 58.
La fiscal Rosalía Sánchez sostuvo en su argumento que Christian Dominguez fue privado ilegitimamente de su libertad, posteriormente trasladado la comisaria 1° de Berisso y torturado hasta su muerte por efectivos policiales, hecho que se sustenta con las pruebas que otorgaron los procedimientos médicos. La Fiscal señaló con dureza lo que llamo “una práctica sistemática” dentro de dicha dependencia policial en alusión al uso de golpizas y torturas a los detenidos. Esto se desprende de los testimonios de más de cuatro personas que estuvieron detenidas en esa comisaría durante la madrugada del 5 de febrero de 2005 y que prestaron declaración en éste juicio. “No sólo le pegaron a Christian Dominguez, los golpes eran sistemáticos en esa seccional para con todos los contraventores ” dijo la Fiscal quien a su vez desestimó la posibilidad de “suicidio” que sostiene la defensa.
El juicio comenzó el 30 de julio año tras siete años de lucha y reclamo de justicia de la familia Domínguez y la Asociación Miguel Bru, entidad que patrocina la causa a través de los abogados Ernesto Martín, Pablo Oleaga y Marcelo Ponce Nuñez. La fiscal Rosalía Sánchez y los abogados de la familia formularon igual acusación por los delitos de Privación Ilegal de la Libertad con Abuso en sus funciones y por Tortura Seguida de Muerte para Cernuschi y Príncipi. En el caso de Víctor Gómez se lo acusa de tortura seguida de muerte y por delito de encubrimiento a Leandro Antonelli, a quien le pidieron la pena de 5 años. Además pidieron que se forme causa para varios funcionarios por delitos de falso testimonio y por encubrimiento en el caso del Comisario Chayle.
El Tribunal Oral está integrado por Domenech, Florencia Butiérrez y Liliana Torrisi. La defensa de los imputados está a cargo de los abogados Eduardo Caniggia y Víctor Nanni (para Gómez, Cernuschi y Antonelli), mientras que Julio Beley representa al ex policía Luciano Príncipi, también acusado de un intento de robo de autos.
Por Matías Prieto, AMB.
11/9 Alegatos en el juicio por Christian Domínguez
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El martes 11 de septiembre a las 9 de la mañana se realizarán los alegatos en el juicio por el crimen de Christian Domínguez, ocurrido el 5 de febrero de 2005 en la Comisaría Primera de Berisso. Los imputados son los ex policías Luciano Príncipi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez –acusados de “torturas seguidas de muerte”, todos detenidos- y el ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el delito de encubrimiento y de falsedad documental. Al término de los alegatos la familia Domínguez y la Asociación Miguel Bru realizarán una conferencia de prensa en la entrada del tribunal de La Plata (calle 8 entre 56 y 57).
El juicio comenzó el 30 de julio año tras siete años de lucha y reclamo de justicia de la familia Domínguez y la Asociación Miguel Bru, ong que patrocina la causa a través de los abogados Ernesto Martín, Pablo Oleaga y Marcelo Ponce Nuñez. La fiscal Rosalía Sánchez y los abogados de la familia ampliaron la acusación por el delito de privación ilegal de la libertad para Cernuschi y Príncipi, a lo que no hubo oposición de la defensa.
El Tribunal Oral está integrado por Domenech, Florencia Butiérrez y Liliana Torrisi. La fiscal es Rosalía Sánchez. La defensa de los imputados está a cargo de los abogados Eduardo Caniggia y Víctor Nanni (para Gómez, Cernuschi y Antonelli), mientras que Julio Beley representa al ex policía Luciano Príncipi, también acusado de un intento de robo de autos.
Durante las audiencias varios ex detenidos afirmaron que la noche del crimen se escuchaban gritos que venían del calabozo de contraventores, golpes y que un hombre lloraba y pedía “dejá de pegar”. Los relatos coinciden en que luego se oyeron muchos pasos y que los policías discutían diciendo “ ¡que hacés boludo !”, “se murió el pibe!”, además pudieron oir que alguien decía “¿q vas a hacer con el cuerpo ?” y “no te hagas problema que le sacamos el cinto”.
“Es imposible que se haya colgado”
En el juicio los peritos de la Asesoría Pericial, Andrea Nons y Miguel García Olivera, junto a Miguel Angel Maldonado- perito de parte de la familia- quienes hicieron la reautopsia el 28 de febrero de 2005, aseguraron que fue un caso de “muerte en custodia por acción de terceros”, mientras que los peritos de parte de los ex policías imputados insistieron con que se trató de un suicidio
A través de sus informes y una reconstrucción en 3 D de la escena del crimen con fotografías a partir de pericias planimétricas, Nons, García Olivera y Maldonado aseguraron que es imposible que el joven se haya colgado. Según lo expuesto, Domínguez aparecía suspendido con sus piernas flexionadas de cara a la puerta del calabozo de contraventores, la única forma en que podría “haberse atado”, ya que su altura (1,73 m) coincide exactamente con la altura del borde de la reja donde los policías sostienen que estaba atado con su cinturón.
Los peritos afirmaron que la marca de la hebilla del cinturón en el mentón del joven fue provocada post mortem ya que no había lesiones en profundidad en esa zona ni en el maxilar inferior. “Esto prueba que fue colocado luego para simular el suicidio, versión que sostiene la policía desde hace 7 años” afirmó su madre Norma Domínguez. La doctora Nons explicó que éste es un caso de “muerte en custodia pero por acción de un tercero”, como consecuencia de la “fuerza de sujeción por un brazo en posición horizontal que provocó una asfixia obstructiva” denominada como “presa cervical”.
Además, el dr. Maldonado explicó que Christian tenía 2,94 gramos de alcohol en sangre, resultado obtenido de la alcoholemia realizada en la autopsia horas después de su muerte. Esta cantidad mezclada con las pastillas antidepresivas que había tomado le provocaron “un grado de excitación pero no de lucidez, la pérdida de la motricidad fina, la visión doble y la incapacidad de pensar una secuencia como para planear como matarse” dijo Maldonado. “Estaba afectado física y neurologicamente, es imposible que en ese estado haya podido enhebrar el cinto y atarlo a la reja” afirmaron los peritos.
Por otro lado, el psiquiatra Muñoz, aseguró que “En las últimas entrevistas Christian estaba bien de ánimo, y con muchos planes para el futuro”. “Como médico yo estaba muy contento con su evolución en el tratamiento”, agregó. El médico explicó que las pastillas que tomaba la víctima, mezcladas con el alcohol, le generaron una falta de motricidad importante y que la única alternativa física que tenía cuando lo detuvo la policía era dormirse.
Torturas
En el marco del juicio se realizó una inspección ocular en la Comisaría Primera de Berisso. La medida de prueba fue solicitada por el abogado Julio Ricardo Beley, defensor de Príncipi, a partir del testimonio de varios ex detenidos. Estos testigos coincidieron en haber escuchado que golpeaban a un hombre en el calabozo de contraventores, y que luego de un silencio total, sintieron voces que murmuraban y se reprochaban entre sí. Afirmaron que las golpizas eran habituales dentro de la comisaría, tanto para los contraventores como para los detenidos con causa. De la inspección ocular quedó claro que el lugar en donde estuvo alojado Christian, a partir de su condición psicofisica, constituía una tortura ya que no tenia donde recostarse, sentarse, no tenía agua y las condiciones de higiene eran pésimas.
El primer fiscal
Durante el juicio el tribunal resolvió no citar a declarar al fiscal Leandro Heredia porque “bajo juramento podría autoinculparse y tener serias consecuencias administrativas y legales.” Mientras que los abogados defensores de los ex policías también se opusieron a que se cite a Heredia. Julio Beley -quien defiende al ex policía Luciano Príncipi- aclaró que representa a Heredia en otras causas en su contra y que se está impulsando un jury político en contra de su defendido.
Heredia era el fiscal de turno la noche del crimen. Nunca se presentó en la Comisaría y delegó la investigación en los mismos policías sospechosos. “Les dio la oportunidad de que armen la escena del crimen con la versión policial de que mi hijo se suicidó” dijo Norma Domínguez. Heredia fue removido de la causa por la Asociación Miguel Bru por esta y otras serias irregularidades.
El libro de guardia
El Tribunal dictó la nulidad de la pericia caligráfica realizada sobre el libro de guardia de la seccional, por entender que se violó el derecho a defensa de los acusados. Por su parte la fiscal de juicio y los abogados de la familia Domínguez dejaron asentada su oposición y dejaron abierta la instancia procesal para apelar la resolución ante Casación. El informe fue motivo de controversia luego de que los defensores plantearon su nulidad por entender que se violó el derecho a defensa. En este sentido, Eduardo Caniggia argumentó que no pudo presenciar el trabajo de los científicos de la Asesoría Pericial y porque el sobre en el que estaba a resguardo el libro había sido abierto dos días antes de la pericia para digitalizar las imágenes.
Esta pericia había sido dispuesta para el 23 de agosto pasado, pero como uno de los peritos tenía que tomarse vacaciones, se adelantó 48 horas la digitalización de las imágenes. La nueva fecha no habría sido comunicada a los defensores, quienes cuestionaron la veracidad del informe final. El resultado de esta pericia es importante para las defensas de Leandro Antonelli- el encargado de llevar el libro de guardia- y Víctor Gómez.
En las audiencias, varios testigos aseguran que la víctima fue detenida en pleno centro de Berisso a las 00.20 del 5 de febrero de 2005, y que de allí lo llevaron directamente a la seccional, pero su ingresó fue registrado dos horas más tarde, a las 02.10. Los manuales policiales indican que los movimientos en las comisarías deben ser asentados de inmediato. En este caso se apunta a saber que pasó entre el ingreso real del joven y la hora en que fue asentado.
Antonelli acusado de robo
Leandro Antonelli también fue juzgado por un intento de robo de autos en el invierno del año 2006 en el playón de estacionamiento de un complejo de edificios ubicado en 122 y 66, en jurisdicción de la comisaría Novena de La Plata.
Varios testigos que declararon no recordaron detalles concretos del hecho. Además la defensa pidió la nulidad del acta de procedimiento que habría sido mal confeccionada por el oficial Luis Díaz Zapata, quien está detenido por la muerte de Daniel Migone, quien apareció muerto en un calabozo de la comisaría Novena de La Plata, la misma donde fue torturado, asesinado y desaparecido Miguel Bru el 17/8/93. La familia Migone también es patrocinada por la Asociación Miguel Bru.
Debate y aportes por los derechos de niñ@s y adolescentes
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Convocada por el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, la AMB y Secretaría de DDHH de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP; se realizó el 30 de agosto la audiencia pública para tratar la situación de la salud mental infanto juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La jornada se realizó en la sede del bosque de la Facultad de Periodismo de La Plata y contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, Derechos humanos y estatales que trabajan problemáticas ligadas a niñez y adolescencia. Cada orador hizo hincapié en la necesidad y urgencia de crear y fortalecer espacios que trabajen la materia en la provincia de Buenos Aires. A su vez se denunció el vaciamiento y la omisión por parte del estado Provincial.
Alberto Mendoza Padilla - Pro-secretario de Derechos Humanos de la facultad de periodismo y miembro fundador de la AMB- destacó la importancia de generar estos ámbitos democráticos de discusión y participación, la Audiencia “es un mecanismo de la democracia, experiencias de este tipo en la provincia casi no existen, la posibilidad de que todos los actores sociales involucrados se puedan expresar es imprescindible, cada propuesta, cada idea, va a ser tomada en cuenta. La participación de todas las organizaciones y de los representantes de algunas instancias del poder judicial me parece fundamental.” Por último agregó que “desde la asociación el compromiso militante e ideológico que tenemos hace casi veinte años con las causas que pensamos que son justas, nos impulsa a trabajar con compromiso el tema de niñez y adolescencia”.
Por su parte, el defensor penal juvenil platense Julián Axat pidió: “Que el Ministerio de Salud y la Secretaría de la Niñez presenten, en 30 días, una ley de Salud Mental que se adecue a la legislación nacional”. El funcionario enfatizó sobre la importancia de que este servicio público lo administre el Estado y no el sector privado como ocurría en la década del 90.
Por otro lado, Alicia Romero del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria dijo que es “muy importante que se habiliten estos espacios para debatir” asuntos tan urgentes como conocer “la situación que padecen los niños en la provincia”. Además agregó que es imprescindible contar con un dispositivo que funcione regionalmente y que aborden la “integralidad de los derechos de los niños, porque no se puede considerar a la salud como una cuestión apartada al medio en que se desarrolla la familia.”
Respecto de la jornada Rosa Bru, presidenta de AMB, destacó la necesidad de discutir en conjunto con la ciudadanía este problema, “la situación es urgente y merece que debatamos en conjunto, que nos unamos para buscar soluciones y que exijamos mayor compromiso con las políticas públicas de niñez y adolescencia”. A su vez manifestó su alegría por la gran participación de organizaciones con la que contó esta audiencia y agregó “cada propuesta enriquece la visión sobre la problemática”.
Mientras que el Juez Luis Arias dijo “escuchar las ponencias de cada organización, de quienes trabajan, de quienes están en la calle y dedican todo tiempo y esfuerzo a las problemáticas de los pibes enriquece verdaderamente a la función judicial”. Además agregó “nosotros trataremos de ser un vínculo entre las políticas públicas y las organizaciones sociales para que se re respeten los derechos sociales consagrados en la constitución”.
La audiencia tuvo lugar en el marco de la ejecución de la sentencia dictada en una causa por una demanda al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y a la Municipalidad de la ciudad de La Plata por la atención de menores en situación de calle. Este recurso fue presentado por la Asociación Miguel Bru, la Cátedra V de Trabajo Social ; la Asociación Protecto Productivo y Ecológico; Liliana Veronica Giber -madre de Cristian Giber- ;
la mamá de Cristian Gonzalez y la COFAM.
De la apertura también participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Garrido, el subsecretario de Atención a las Adicciones, Carlos Sanguinetti y el secretario de DD.HH. de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Jorge Jaunarena.
En el transcurso de la jornada distintas personas, organizaciones sociales, civiles, gubernamentales y entidades de bien público presentaron sus propuestas con el objetivo de aportar ideas tras la decisión de la Justicia.
Entre otros expusieron representantes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires;la Defensoría del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, diputados del Bloque Nuevo Encuentro; la Defensa de Niños y Niñas Internacional; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ; Área Grupos Atención Preferente Defensoría del Pueblo Provincia de Buenos Aires; Madre contra el paco y por la vida; Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; el Programa “Niñez, DD.HH y Políticas Públicas” de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales; la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones; Fundación Sur Argentina; el Consejo Local de Niñez y Adolescencia de La Plata; la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Sustancias -FONGA-; el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud; el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria; el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires; la Olla Popular de Plaza San Martín; Indymedia La Plata; la Cátedra de Trabajo Social V de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP; la revista ¡Ni un Paso atrás! de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; el Centro de Orientación para Familiares de Detenidos; ATE; Asociación Civil La Cantora; S.U.T.E.B.A; APDH.
Audiencia Pública: Salud Mental Infanto Juvenil en la provincia de Buenos Aires
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La Secretaría de DDHH de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y la Asociación Miguel Bru invitan el próximo jueves 30 de agosto a las 10 hs. a la audiencia pública “Salud mental infanto-juvenil en la provincia de Buenos Aires”. El Juzgado Nº 1 del fuero contencioso administrativo de La Plata, a cargo de Luis Federico Arias, convoca a la jornada con el objeto de recibir propuestas vinculadas a las problemáticas de salud mental de niños, jóvenes y adolescentes, con la finalidad de establecer estándares, protocolos de actuación, espacios o dispositivos terapéuticos, abordaje y tratamiento de los jóvenes con problemas de adicciones. Dicho encuentro tendrá lugar en el aula anfiteatrada de la sede del bosque de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, diag. 113 y 63, Nº 291.
La jornada estará especialmente dirigida a programas de abordaje y tratamiento de menores con problemas agudos de adicciones y a todas las personas o entidades públicas o privadas vinculadas con la temática mencionada.
El llamado se inscribe en la ejecución de la sentencia dictada en una causa iniciada por una demanda de la Asociación Miguel Bru, entre otros actores, al ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y otros entes públicos por la atención de menores en situación de calle, y por la que se condenó a los Estados provincial y municipal a crear un “servicio hospitalario especializado (en las cuestiones mencionadas) que garantice atención las 24 horas”.
Para inscribirse
Desde el juzgado se informó que los interesados en participar de la audiencia pública pueden inscribirse hasta el 29 de este mes enviando sus datos al correo electrónico: contencioso1-lp@jusbuenosaires.gov.ar , consignado nombre completo, la entidad que representan (si fuera el caso), documento de identidad, domicilio y dirección electrónica.
Según se indicó, para las exposiciones de los interesados se seguirá el orden de inscripción “y cada uno de los ponentes contará con el tiempo de exposición que se establezca en el comienzo de la audiencia en base a la cantidad de expositores.
PARA MAS INFORMACIÓN: http://elniniorizoma.wordpress.com/2012/08/08/llamado-a-audiencia-publica-por-servicio-de-salud-mental-infanto-juvenil-publico-internativo/