ASOCIACION MIGUEL BRU
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La familia de Daniel Migone reclamará ante el Fiscal General, Sr. Héctor Vogliolo, que se interiorice de los detalles de la causa para garantizar el derecho a la verdad y la justicia; y que revise la decisión de los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri quienes ordenaron el cierre de la investigación días pasados, sin haber hecho lugar a reiterados pedidos de prueba presentados por la familia y las organizaciones patrocinantes.

Oscar Migone, Anabella Teresa Carone y Marita Migone -padres y hermana de Daniel Migone- y las entidades patrocinantes sostienen que existen sobradas pruebas de que Daniel fue detenido y torturado hasta su muerte en un calabozo de la Comisaría Novena –la misma donde en 1993 asesinaron y desaparecieron a Miguel Bru-; y que los policías presentes la noche del crimen se organizaron para encubrir el asesinato armando un causa en contra de Daniel. Un ejemplo de esto es que su cuerpo fue retirado de la comisaría luego de que resultara asesinado, para desarmar la escena del crímen y dificultar posteriormente la investigación.

Aunque han sido detenidos 5 policías, las organizaciones sostienen que los fiscales pasaron por alto importantes pedidos de prueba que presentaron varias veces en la causa, donde aportan elementos para que se investigue la trama de complicidad y encubrimiento que permitiría imputar a otros funcionarios policiales. Además de no dar lugar a los pedidos de la familia, los fiscales pidieron el cierre de la causa considerando que habían concluido la investigación.

El caso de Daniel Migone:

En la madrugada del 10 de noviembre de 2005, funcionarios policiales se acercaron al domicilio de la familia Migone para informarles que su hijo había fallecido. La versión oficial sostenía que a Daniel lo habían detenido por robar estéreos de tres vehículos, y que en el interior de un calabozo de la comisaría 9na se había ahorcado con su propia campera. Allí, funcionarios policiales lo habrían encontrado agonizando, por lo que lo trasladaron al H.I.G.A. General San Martín. Según la policía, Daniel llegó con vida y falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos que lo asistieron.

Pero la versión policial comenzó a desgajarse. El informe de autopsia demostró que Daniel murió por asfixia mecánica por compresión del cuello, con traumatismo craneoencefálico previo, presentando además traumatismo escrotal y cuya mecánica es compatible con el accionar de un tercero. El testimonio de los médicos que recibieron el cuerpo de Daniel fue contundente; él no pudo haber muerto en el camino hacia el hospital. Por los signos que su cuerpo presentaba, se hallaba muerto hacía mucho mas tiempo.

Desde entonces, se confirmó que lo que había sido presentado como un suicidio, en realidad pretendió ocultar las torturas que le provocaron la muerte. A partir de que la autopsia confirmó que Daniel murió por la acción de un tercero, las organizaciones patrocinantes pidieron que se investiguen diversos puntos de la versión policial, pero la fiscalía decidió cerrar la causa.

Entre los principales puntos que demuestran que Daniel fue privado ilegalmente de su libertad, se destacan los testimonios de quienes estuvieron en la comisaría con Daniel y que afirman que él les adelantó que lo estaban “empapelando”. Incluso uno de los funcionarios policiales actualmente detenidos declaró haber visto que a Daniel le sacaron todas sus pertenencias al llegar a la comisaría, incluido un celular que horas después sería casualmente “encontrado” por los mismos funcionarios policiales que lo detuvieron, dentro de uno de los autos por cuyo robo se lo acusaba. Estas y otros elementos de prueba permiten sostener que Daniel fue secuestrado, y que por motivos que aún desconocemos posteriormente fue asesinado por policías que luego montaron toda una escena en torno a un supuesto suicidio. Las trabas para llegar a la verdad sobre qué ocurrió esa noche no provienen solo de la policía, sino tal y como venimos denunciando a partir de nuestra experiencia en esta y muchas otras causas, son favorecidas por una rutina sistemática de algunos funcionarios judiciales, que demoran las causas e investigan con parcialidad, encubriendo de este modo a los asesinos.

“No hay maldita policía sin maldito poder judicial”

A mediados de febrero la familia Migone, junto a las entidades que los patrocinan, solicitaron al Fiscal General Dr. Héctor Vogliolo que aparte a la Fiscal Leyla Aguilar de la investigación. Este pedido fue el último de una larga serie de solicitudes por las demoras en la investigación, que la fiscal supo desoír. En esa oportunidad el Dr. Vogliolo no se hizo lugar al pedido de la familia. Durante el trámite de la causa, y a solicitud de la AMB y el CIAJ, el Fiscal General llamó la atención de la fiscal en tres oportunidades, por las dilaciones y falta de curso a la prueba ofrecida por la familia de Migone. Posteriormente, en marzo pasado, la familia de Daniel junto a sus patrocinantes se vieron en la necesidad de recusar a la Dra. Aguilar, no solo ya por la falta de trámite en la investigación, la cual se hallaba inactiva desde noviembre de 2007, sino fundamentalmente porque, aún con las pruebas ofrecidas a las que no había dado lugar, tuvo la imprudencia de adelantar cual sería el resultado de la investigación que dirigía. “Nunca voy a llegar a los autores materiales”, habría manifestado Aguilar a la madre de Migone.

Ante el pedido de recusación, Aguilar pidió la detención de cuatro de los policías implicados en las torturas que llevaron a la muerte a Daniel. Sin embargo, tanto sus familiares como la AMB y el CIAJ mantuvieron el pedido de recusación presentado ante el Juez de Garantías interviniente, para que Aguilar sea definitivamente apartada.

El juez Néstor de Aspro, el 14 de marzo pasado, le dio la razón a la familia Migone. Posteriormente la causa pasó a manos de los fiscales Martini y Berlingieri.

En la actualidad se encuentran detenidos con prisión preventiva el oficial Luis Díaz Zapata, el imaginaria de calabozos Carlos Ariel Toloza y el jefe de turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón, así como también una oficial, María Valeria Maciel, es beneficiada con arresto domiciliario, y el oficial Espósito tiene el pedido de eximición en trámite. El sargento Toloza está imputado del delito de “imposición de torturas seguidas de muerte”, mientras que sus colegas Maciel y Falcón de “omisión” de denunciar ese delito.

Las entidades patrocinantes de la causa entienden que sin bien la mayoría de los responsables de la muerte de Daniel ya han sido individualizados, existe una trama de encubrimientos ideada por la propia cúpula de la seccional 9na, quienes no obstante el tiempo transcurrido y los elementos aportados por la familia aún no han sido imputados por la fiscalía. Sin profundizar la investigación, se requirió la detención de algunos para procurar la impunidad de muchos. De ese modo, los agentes fiscales dejarían fuera de la investigación entre otros, a quienes habrían secuestrado a Daniel, así como a aquellos que habría desarmado la escena del crimen y montaron la idea del suicidio, entre ellos se encontraría quien por aquel entonces resultaba titular de la comisaría 9na, Claudio Jaidar.

Por todo esto, y ante el pedido por parte de los fiscales del cierre de la investigación, el CIAJ y la AMB presentarán este viernes al Fiscal General Dr. Vogliolo un escrito donde se pedirá la revisión de la decisión de elevar a juicio la causa.

La Asociación Miguel Bru participó en la Feria Internacional de la Música (BAFIM) realizada entre el 4 y el 7 del corriente en el Centro Municipal de Exposiciones de Buenos Aires.

BAFIM es un evento que dedica 4 días a la música en una combinación de Feria, Convención y Shows de difusión.

En su 3era edición, la feria contó con músicos invitados locales e internacionales y la presentación de stands de distintas instituciones. También contó con la presencia de sellos, productoras, editoriales, disqueras y todas aquellas entidades que estén vinculadas de una u otra forma con la música. La AMB participó del Festival en el stand de responsabilidad social empresaria invitados por TELEFE junto a otros seis proyectos sociales que trabajan a partir de las expresiones musicales. Nuestra entidad presentó el trabajo que en la Casa de Cultura y Oficios de su sede en Parque Patricios desarrolla en articulación con el Taller de Música del Proyecto Adolescentes Bajo Flores.

Uno de los presos alojado en la Novena, Horacio Suazo, fue testigo presencial de lo ocurrido y amenazó a los policías con denunciarlos. Meses después, una vez liberado, en un operativo con pruebas “armadas”, Horacio fue asesinado. Pero antes, tuvo una idea que sería reveladora: habló con su hermana sobre el hecho. Rosa Bru, mamá de Migue, logró registrar su testimonio con un grabador escondido en su cartera y entregó la cinta a un diario que publicó el texto.
Mientras tanto el juez de la causa, Amílcar Vara, se negaba a vincular la desaparición de Miguel con la actividad del personal policial. No volcaba en los expedientes las declaraciones que vinculaban a los policías con el hecho, mantenía la carátula de la causa como averiguación de paradero y no le permitía a Rosa Bru, intervenir en la misma como particular damnificado, alegando que “si no hay cuerpo, no hay delito”, un argumento que utilizado por los responsables de la desaparición de personas durante la última dictadura militar. Sus fundamentos iban cayendo a medida que se aportaban más pruebas que incriminaba a la policía. Finalmente, los familiares y amigos de Miguel consiguieron que fuera sometido a un jury de enjuiciamiento, para ser destituido al comprobársele irregularidades en 26 causas distintas en las cuales estaba involucrado personal policial.

En 1995, luego de la declaración de los testigos, la justicia dictó la prisión preventiva a uno de los policías, el sargento Justo López –que ya tenía numerosas denuncias por abusos y violaciones de todo tipo en la dependencia de asuntos internos de la fuerza. Finalmente, en 1996, se ordenó la detención del subcomisario Walter Abrigo, del comisario Juan Domingo Ojeda y de los efectivos Jorge Gorosito y Ramón Cerecetto.

En mayo de 1999 comenzó el juicio oral y público.

En él fueron condenados a prisión perpetua los policías Justo José López y Walter Abrigo, acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario publico.

En 2003, la Suprema Corte Bonaerense dejó firme la condena a ambos ex funcionarios policiales. El entonces comisario de la 9°, Juan Domingo Ojeda, fue condenado a dos años de cumplimiento efectivo de la pena, pero recuperó su libertad con sólo ocho meses de prisión, al igual que el oficial Ramón Cerecetto.

En el años 2002 y a raíz de un trabajo que la Comision de Familiares y Amigos de miguel venían realizando de manera informal con las víctimas de otros casos de gatillo fácil y violencia policial, surge la Asociación Miguel Bru (AMB). Esta entidad se dedica a la defensa de los derechos humanos frente a los abusos de poder policial, llevando a cabo además distintos proyectos en La Plata y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí cuenta con una Casa de Cultura y Oficios, que trabaja brindando apoyo y contención a través de talleres de oficio a chicos y chicas en situación de calle del conurbano bonaerense.

La AMB y la familia de Miguel, continúa exigiendo el procesamiento de los y las policías que estaban en servicio en la Comisaría 9° la noche del 17 de agosto de 1993, por considerarlos cómplices del hecho, así como la investigación penal al juez Amílcar Vara, quien nunca tuvo que responder por encubrir y posibilitar la repetición de los asesinatos cometidos por la policía en 26 causas en las que intervino incluida la de Miguel.
La AMB denuncia también la gravedad de una situación que se evidencia en la mayoría de los casos que patrocina, y donde se imputan a las fuerzas de seguridad: la premura y parcialidad con la que actúan los funcionarios judiciales, que favorece a la impunidad policial de forma sistemática.