ASOCIACION MIGUEL BRU
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Motivan este pedido los innumerables silencios y excusas ante los pedidos de prueba que realizan los abogados patrocinantes de la familia Migone hace ya mas de dos años. Según expresaron los propios patrocinantes “hemos percibido claras muestras de la inoperancia y la discrecionalidad de la fiscalía que dirige la Dra. Aguilar, ya que a pesar del tiempo transcurrido desde el asesinato de Daniel, y sin haber agotado aún la prueba ofrecida por quienes representamos a la familia, en una reunión con sus padres, responsabilizó a los abogados de nuestras organizaciones de las demoras en la causa debido a la gran cantidad de prueba que ofrecemos, y les adelantó que según ella no llegará a los autores materiales del homicidio”.

La familia Migone, unida en la búsqueda de justicia a los demás familiares de víctimas de gatillo fácil, pide “que se revea o se sancione el accionar de la Fiscal Leila Aguilar como también de otros fiscales que investigan estos casos, tanto por su lentitud como su ineptitud o la falta de compromiso a la hora de investigar, distorsionando el rumbo de la investigación y encubriendo de esta manera a los asesinos”.

El retardo de justicia, la inoperatividad demostrada por quien dirige la investigación no resultan gratis en el desarrollo del proceso. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es llegar a la verdad, pues en el medio del camino no solo se pierden testimonios, testigos y recuerdos sino que también se destruyen y se pierden pruebas y registros claves para llegar a la verdad.

Ambas organizaciones afirman que esta actitud favorece la impunidad policial y la reiteración de casos de gatillo fácil y violencia institucional que encuentran total amparo en la justicia.

En octubre de 2007 el Tribunal en lo Criminal III de Mar del Plata dictó la prisión perpetua para Miguel Ángel Daruña de 40 años, acusado de haber violado y matado a Miguel. Mónica, mamá de Miguel e integrante de la Comisión de Familiares de la AMB, sostiene que “la búsqueda de justicia por Miguel recién comienza: según los testigos, vieron a dos personas más junto a Daruña la noche que asesinó a Miguelito. Uno de ellos fue ajusticiado por los propios vecinos al día siguiente de lo sucedido, y el otro se encuentra prófugo. Hasta no encontrarlo, la justicia no habrá llegado para Miguel ni para mí. Ese hombre aún sigue caminando por las calles”

Miguel cumpliría hoy 15 de febrero, sus diez años.

A mediados del año pasado se sumó a este espacio una psicóloga y dos trabajadoras sociales, éstas últimas en el marco del acuerdo con el centro de práctica pre-profesional entre la cátedra de Trabajo Social V de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP y la Asociación, lo cual resultó según palabras de los propios familiares, un aspecto muy positivo ya que “la interdisciplina enriqueció mucho éstas reuniones no solo desde la contención sino también desde la proporción de herramientas que permitieron clarificar los análisis y las reflexiones surgidas en este espacio colectivo.”

En el primer encuentro del año el tema más resonante fue el cierre de la causa de Darian Bárzabal y su elevación a juicio. Se discutieron distintas estrategias para este caso y para que su destino no se repita en las causas que aún se encuentran en etapa de instrucción. Asimismo se planteó la fuerte preocupación que supone el accionar de los fiscales que llevan las investigaciones. Al mismo tiempo la familia Díaz Subils y Migone acordaron realizar una presentación conjunta ante el Consejo Deliberante el próximo martes 19 a las 13hs con motivo de que se sancione por ley la colocación frente a la comisaría 6ta y 9na de placas recordatorias en homenaje a Maxi y Daniel, asesinados hace dos y tres años respectivamente.

A fines de septiembre familiares de Daniel Migone realizaron un acto frente a la fiscalía platense acompañados por la Asociación Miguel Bru y otros familiares de víctimas de gatillo fácil y violencia institucional patrocinados por esta entidad y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). El objetivo era ser recibidos por el Fiscal General Héctor Vogliolo, quien había suspendido una audiencia semanas antes, para dialogar acerca de la elevación a juicio de la causa, cuando restan aun muchas medidas y pruebas pendientes que realizar para develar el entramado de complicidades y encubrimientos que rondan este asesinato. Pero ni siquiera les fue permitido ingresar al hall del edificio de tribunales. Los policías de guardia del lugar trabaron la puerta por dentro e impidieron el ingreso afirmando que habían recibido esta orden de la fiscalía de turno a cargo del Dr. Martini, quien casualmente llevaba la investigación hasta pedir su elevación a juicio. Ese día se fijó audiencia para el martes 23 de septiembre, pero cuando familiares y organizaciones se presentaron en el edificio de 7 y 56, el encuentro fue suspendido. La nueva fecha era para el miércoles 29 de octubre y ese día, por circunstancias que no se explicaron, la reunión volvió a posponerse fijando el 6 de octubre como nueva fecha. El jueves, una hora antes de realizarse el encuentro, el Fiscal contrajo una obligación impostergable por sobre la reunión, y por cuarta vez, la familia de Daniel, a días de cumplirse tres años desde su asesinato en manos de personal policial de la novena, tuvo que volver a su hogar sin ninguna respuesta.

Darian Barzabal (17) fue asesinado dentro de un patrullero por la policía de la Comisaría Tercera de los Hornos, el 10 de enero de 2007, cuando se lo llevaban detenido y esposado, por un supuesto robo cometido contra el policía Luis Dorato. Actualmente sólo se encuentra detenido el ex sargento Santiago Regalía, acusado de haber disparado al joven. La Fiscalía lo imputa de homicidio agravado por su condición de funcionario público.

Las organizaciones de derechos humanos que patrocinan la causa – el CIAJ y la AMB- presentaron el 8 de enero un recurso de reposición que pidió, de acuerdo a lo que se desprende de la investigación, que se impute al ex sargento Chrístian Gutierrez- quien conducía el patrullero- como partícipe necesario del crimen, ya que de la investigación se desprende que sin él, Regalía no podría haber cometido el crimen. Sin embargo, la fiscalía lo imputó como encubridor, igual que al resto de los cuatro policías, entre ellos el oficial Martínez, quien sustrajo el arma que tenía bajo custodia para “plantarla en la escena del crimen” y a quien le cabría una imputación por peculado (es decir el delito que consiste en el hurto de caudales del erario público) y que por tal tendría una responsabilidad mucho mayor. Asímismo, las organizaciones patrocinantes pidieron que se revea la situación de la ayudante de guardia, la oficial González. La fiscalía no la imputó de delito alguno, sin embargo es quien como encargada del registro del libro de guardia, omitió el relato real de los hechos.