ASOCIACION MIGUEL BRU
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El doctor Marcelo Sain es especialista en seguridad. En 2005, luego del escándalo con las valijas de Southern Winds , fue designado Interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y recientemente presentó su renuncia al cargo alegando entre otras cosas que el Consejo de la Magistratura “se mostró partidario de la impunidad” al apoyar a jueces que él había denunciado.

Posee numerosas publicaciones especializadas y ponencias en eventos nacionales e internacionales referidos a las problemáticas de la seguridad pública y las agencias policiales así como también a la defensa nacional, las relaciones civil-militares y los asuntos de seguridad internacional.

En “El Leviatán Azul”, Saín diserta sobre la policía y el estado democrático. “La seguridad pública no es una cuestión policial, sino sustancialmente política”, asegura el autor. “Si la política no está dispuesta a emprender un proceso de reforma político-policial que revierta el tradicional desgobierno político y la policialización de la seguridad pública, no habrá ningún cambio. El conservadurismo policial, que cercenó e impidió toda impronta de reforma institucional tendiente a reestructurar doctrinal, orgánica o funcionalmente la institución por considerar que ello apuntaba a destruir o a desarticular la policía, y que reproducía las tendencias tradicionales al autogobierno policial, sólo puede ser superado con la firma decisión política de encarar un proceso de esa envergadura. Sin embargo, lo más complicado no está en este aspecto sino en la reversión de las deficiencias civiles-gubernamentales que favorecieron históricamente aquellas tendencias. En el fondo, se trata de una autorreforma política”, sostiene Sain .

En este libro editado por Siglo XXI se analizan entre otras temáticas: La cuestión policial en la Argentina; Policía, política y delito: un vínculo fatídico; La reforma policial, un tema intrincado; Qué se entiende por gobierno de la seguridad pública; La crisis del Estado en la seguridad pública; Qué hacer: hacia la construcción de una nueva institución policial; Los ejes del nuevo profesionalismo policial; Principios para el fortalecimiento del gobierno de la seguridad pública.

Acompañarán la charla debate Mariano D´Ambrosio y Mariano Gutierrez . Asimismo se entregarán certificados de asistencia.

El día 04 de junio finalizó el juicio contra Adán Osvaldo Garabento (45), responsable de violar, secuestrar y torturar hasta la muerte a una nena de 11 años en San Miguel del Monte en febrero de 2003. Rosa Schonfeld junto a familiares de la “Comisión de Familiares y Víctimas de la Violencia Institucional y el Gatillo Fácil representados por la Asociación Miguel Bru”, acompañaron el juicio y presenciaron el veredicto. Garabento fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal IV, a 49 años de prisión, en un fallo sin precedentes al ser la pena más alta en la Provincia en juicio oral.

Por otra parte, hoy se cumplieron nueve años de la muerte de Ramón Antonio Sugus Santillán de 21 años, asesinado en 1999 por un vigilador privado del ex ferrocarril San Martín a la salida de un partido de Boca Juniors. Si bien el tribunal oral número 4 de Morón impuso una pena de diez años al custodio Juan Sebastián Acosta por el homicidio simple de Santillán, el acusado sigue bajo el arresto domiciliario que los mismos jueces le otorgaron hace tiempo. Hoy a las 16 hs, se llevará a cabo en la estación William Morris, un acto en su memoria organizado por sus familiares y amigos. La AMB participará del reclamo.

Jonathan fue asesinado en la intersección de las calles Méndez y Cangallo de la localidad de Wilde, Partido de Avellaneda. Quien lo fusiló era en ese momento numerario del Comando de Patrullas de Berazategui. Su nombre es Héctor Tartaglione. Según él mismo refiere, Jonathan junto a otros dos jóvenes habrían intentado robar un auto de su propiedad, dentro del cual se encontraban su hijo y un amigo. Allí fueron sorprendidos por Meza y sus compañeros. Su hija le habría dado aviso y este habría salido disparando directamente sobre Jonathan y provocando su muerte. Según refiere Tartaglione, el joven le disparó previamente con su arma, produciéndose entre ambos un enfrentamiento. La causa fue caratulada primeramente como Tentativa de robo con arma y homicidio.
Como resultado de esta misma balacera sufrió lesiones -producto de una esquirla- una niña menor de edad que se encontraba jugando en la vereda, aproximadamente a media cuadra del lugar donde el auto estaba estacionado.
La AMB y sus abogados se presentaron como patrocinantes de la causa en 2006. Desde entonces se ha ido avanzando en la investigación, no sin dificultades. Se ha logrado agregar la causa de la menor herida a la de Jonathan, y recientemente se ha podido dar con nuevos testigos que aseguran haber observado toda la secuencia, incluso cuando Jonathan recibe el primer disparo y se rinde, tirando el arma y pidiendo piedad, y posteriormente es fusilado por Tartaglione.

Una práctica sistemática.

Entre los años 2001 y 2006 en la localidad de Lomas de Zamora han sido reiterados los casos de gatillo fácil contra menores. Tales son los casos Salafia, Avalos, Puente, Rocaro, Bazán, Barberán, Rodas, Godoy, Arevalo, Figueroa, Amarilla, Martinez, Galarza y Krince, sólo por mencionar algunos. Las regularidades que se presentan en todas estas causas permitirían dar con la trama de un modo sistemático de represión y gatillo fácil. La impunidad en estos casos está garantizada por el poder judicial que basa su investigación pura y exclusivamente en la versión policial. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, de enero a octubre de 2004, 12 menores de 17 años murieron en enfrentamientos con policías en el Gran Buenos Aires. Sobre 10 causas iniciadas por muertes de menores en enfrentamientos en Lomas de Zamora se detectó que la mitad de las veces los policías involucrados estaban de franco, y que en la misma proporción habían sido ellos las víctimas de los presuntos robos por parte de los menores muertos. El crecimiento de los casos es sostenido. Así, la causa Mesa pasa a formar parte de una lista de casos en los cuales las c ausas penales son caratuladas por el delito en el cual presuntamente participaron los menores, sin mencionarse la existencia de un homicidio o de una investigación tendiente a averiguar las causas de su muerte.

El porvenir de la mayoría de estas causas, en las que sus víctimas son jóvenes de escasos recursos no es alentador. Sus familias no cuentan con los medios para pagar los honorarios de un abogado particular ni afrontar los gastos del seguimiento de una causa, y al momento de recurrir a una dependencia del Poder Judicial, terminan asumiendo un rol pasivo y de resignación ante las innumerables trabas que encuentran. Entre ellas, tal vez la de mayor importancia sea la falta de transparencia que el propio sistema genera en cuanto al seguimiento de los procesos en marcha.
Su destino entonces queda condicionado a las irregularidades y a la parcialidad que comete el personal policial que realiza la instrucción e investigación de la causa.