Sancionan al Ministro de Desarrollo Social Provincial y al Municipio por incumplir en materia de niñez.
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El Juzgado de Primera Instancia en los Contencioso Administrativo Nº1 sancionó al Ministro de Desarrollo Social y al Secretario Municipal del mismo área por incumplimiento de sus deberes.
Lo hizo tras considerar incumplida la medida cautelar dictada a partir del amparo que la Asociación Miguel Bru (AMB) junto a otras organizaciones que conforman la “Asamblea Permanente por los derechos de los pibes” presentaron en noviembre de 2008. En ella se ordena el funcionamiento regular y continuo del servicio de atención telefónica, la implementación y ejecución de programas, la presentación de informes periódicos, entre otros puntos tendientes a poner en marcha una red de contención para niños y niñas en situación de calle de la ciudad.
Con fecha 8 de mayo el Juez Luis Federico Arias libró una orden judicial obligando a Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, la retención de toda retribución que perciba hasta cubrir la suma de ochocientos pesos diarios, desde el día 4 del corriente. De igual manera sancionó al Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata, Juan Pablo Crusat con la suma de doscientos pesos diarios. Las medidas tendrán efecto hasta el cese de la incumplimiento administrativo.
Ante la noticia, el Ministro de Desarrollo de la Provincia Arroyo apeló la resolución y distribuyó un comunicado en distintos medios de prensa donde califica las medidas que le impone la justicia cómo “desproporcionadas e improcedentes”. Entre ellas se refiere entre otras cosas a un servicio especial en hospitales para los menores en crisis, a la habilitación de un lugar que opere como centro de referencia diurno y nocturno para niños y niñas, y que conste además de una suficiente dotación de profesionales (medico, psicólogo, especialista en adicciones) entre otros puntos. Asimismo sostiene que se ha “demostrado efectiva asistencia a los niños a través de diversos programas y servicios”, pero las organizaciones que conforman la Asamblea y que se reúnen periódicamente para seguir de cerca la situación de ésta problemática dan fe de que ni la Municipalidad ni el Gobierno Provincial han demostrado siquiera la mas mínima intención de abordar la problemática. “Durante todos estos meses apenas se dedicaron a hacer hincapié sobre sus competencias y no competencias cuando la medida en realidad ya había sido dispuesta y no cabía discusión, sino sólo acción y urgente”, sostiene el representante de la AMB en la Asamblea Alberto Mendoza Padilla.