Informe 2009 del Comité Contra la Tortura
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El pasado 6 de agosto el Comité contra la Tortura presentó su informe anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos en comisarías, cárceles e institutos de menores.
La AMB participó del encuentro donde entre otras cosas se habló del juicio que esta entidad llevó adelante a fines del año pasado por la muerte de Mauro “Beto” Martínez. Al respecto Rosa Schonfeld de Bru presidenta de nuestra ONG destacó la importancia de este estudio y recordó que este informe sirve a la vez para denunciar la falta de políticas por parte del Estado respecto a las condiciones de los detenidos, a su situación judicial, y la falta de compromiso político respecto de prevenir y sancionar las metodologías de torturas que las fuerzas de seguridad continúan manteniendo vigentes, y que son herencia de años de dictaduras militares en nuestro país. A este respecto el informe del Comité resalta que continúan siendo prácticas generalizadas el submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo.
Respecto de los casos de violencia institucional e investigación judicial el informe revela que la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad dentro de los lugares de encierro y en la vía pública son pocas veces denunciados en la justicia penal, y pocas veces son investigados en profundidad. Entre 2008 y 2009 sólo el 1% de las causas fue elevada a juicio, en tanto que en el 2% restante se ha dictado la desestimación, el sobreseimiento o la incompetencia. Estos hechos ponen de relevancia las enormes dificultades que un ciudadano tiene para acusar y lograr una sanción para los agentes de las fuerzas de seguridad que cometen delitos. La calificación para las causas donde se encuentra involucrado personal de las fuerzas es en un 77% caratulada como “apremios ilegales” y en muy escasos casos caratulados como tortura. “Los apremios ilegales prevén una pena de 1 a 5 años y son por tanto excarcelables. La tortura prevé penas de 8 a 25 años que no permiten la excarcelación del imputado”.
Otra dato poco alentador arroja que en un 59,42% de las sentencias analizadas, los jueces se basaron en lo informado por el Servicio Penitenciario para resolver el caso. Como la AMB viene denunciando desde su creación, aquellos que cometen el delito son luego quienes aportan la información determinante para resolver la denuncia presentada.
El Informe 2009 de la Comité contra la Tortura desnuda una importante cantidad de información respecto de la población carcelaria de la provincia, la situación en los institutos de menores, los hechos de represión y violencia institucional entre otros temas. El estudio se puede consultar y adquirir en La Comisión Provincial por la Memoria.