Evalúan pedido de sumario para el resto de los policías de la novena
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Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia evaluarán pedir a Asuntos Internos la formación de un nuevo sumario, respecto de varios de los policías que se encontraban de servicio la noche de la muerte de Migone en la Comisaría Novena y que aún no han sido imputados en la causa.
Mañana a las nueve de la mañana, continúa en los Tribunales de 8 entre 56 y 57, el juicio en el que el TOC4 -compuesto por los Jueces Juan Carlos Bruni, Emir Caputo Tártara y Ernesto Doménech- juzga a cinco policías de la Comisaría 9na de La Plata por torturas seguidas de muerte y omisión de evitar torturas tras la muerte de Daniel Migone, en noviembre de 2005.
Los imputados son los ex policías Daniel Guillermo Espósito; el imaginaria de calabozos Carlos Ariel Tolosa; el jefe de turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón; el teniente Luis Díaz Zapata y la oficial de servicio, María Valeria Maciel. La familia Migone es representada porla Asociación Civil Miguel Bru a través de su letrado Fabio Villarruel, y el Agente Fiscal es el Dr. Martín Chiorazzi.
En las distintas jornadas participaron veedores de entidades y organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, la Comisión Provincial por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, la Secretaría de Asuntos Institucionales del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. El abogado Aníbal Hnatiuk, representante de esta entidad, consideró tras la audiencia del viernes que “a partir de lo que venimos observando, es claro que no ha surgido ningún elemento que vincule a Migone con los delitos que le imputaron, que no fueron otros que los usaron de excusa para justificar su presencia en la comisaría 9na. Es evidente que varios agentes policiales podrían haber colaborado en el fraguado de la detención de Migone y en la preparación de una escena ficticia sobre su muerte, para proteger a los autores”.
El letrado se refirió a los testimonios de Lopresti y Armenti, que la semana pasada echaron por tierra la escenografía montada por funcionarios policiales, de los cuales varios no han sido imputados en este crimen y continúan prestando servicios en la fuerza policial. Para Hnatiuk, son claras las maniobras que habrían realizado al menos tres policías para plantar el teléfono de Migone en el auto de Lopresti y acusarlo de haber violentado ese vehículo. En las audiencias pudo verse que estos funcionarios forzaron las puertas del auto y el baúl, se apoderaron de un neumático y un estéreo y los dejaron en un cantero próximo al lugar, e hicieron un puente al arranque, para simular una tentativa de robo. Una vez que armaron esa escena, tiraron el Nextel de Migone en el interior del auto. “Podría pensarse que Daniel estaba cautivo en la comisaría por hechos fraguados por la propia policía y que dentro de ese marco de violencia e ilegalidad institucional, fue sometido a las torturas que lo privaron de su vida”, afirmó Hnatiuk.
El abogado adelantó que se evaluará la posibilidad de que desde de la Secretaría de Derechos Humanos se eleve un pedido a Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y Justicia para que investigue el rol de funcionarios policiales que si bien aún no están imputados, durante el juicio ha surgido evidencia suficiente de que participaron en el fraguado de la detención de Migone y en la preparación de una escena ficticia para simular un suicidio.
Durante las jornadas ninguno de los funcionarios policiales que pasaron como testigos lograron ponerse de acuerdo en una sola versión. La mayoría de sus declaraciones son llamativamente contrarias a las que realizaron durante la instrucción de la investigación. La jornada del 8 de mayo terminó con un procesado por falso testimonio, mientras que otros en las audiencias repitieron endebles respuestas como “no recuerdo”, “no presté atención”, “no podría decirle”.
Hnatiuk explicó “Consideramos necesario elevar a las autoridades y a Asuntos Internos una requisitoria para que evalúen sanciones en caso de que se acrediten tales irregularidades y falsos testimonios.”Por su parte, Rosa Schonfeld de Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru sostuvo que “es evidente que los testigos están presionados, los que estaban detenidos esa noche tienen miedo, en su mayoría son vulnerables y saben que pueden volver a caer con una causa armada y sufrir una golpiza en una comisaría. Y los policías que declararon como testigos cuando no se contradicen sufren pérdida de memoria”.