ASOCIACION MIGUEL BRU
Calle 46 # 897 Of. "5 C" Tel: +54-221-4272404 - La Plata

La Casa de Cultura Miguel Bru de Parque Patricios, es una sede de la Asociación nacida hace ya tres y que tiene como objeto generar un espacio de contención para jóvenes en situación de vulnerabilidad social de la zona sur de la Ciudad de Bs. As. y el conurbano, promoviendo su inclusión social, mediante la capacitación en oficios, la conformación de cooperativas de trabajo y la promoción de espacios culturales.

Para este objetivo, nuestra entidad cuenta con una casa cedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sita en Andrés Ferreyra 3555. Este proyecto lo articula la Asociación Miguel Bru junto a organizaciones como el SERPAJ, el Proyecto Adolescentes Bajo Flores, el Programa A la Salida, el Centro Profesional 9, entre otros.

Recientemente la Casa de Cultura terminó su etapa de instalación de la refrigeración de las salas de Ensayo y Grabación musical, así como también en la sala del taller de Informática y Radio. “Por la temperatura de los equipos, la refrigeración de estas salas resultaba vital ya que hace posible a alumnos, alumnas y profesores trabajar en condiciones, sobre todo en los meses de verano en los cuales seguiremos funcionando”, comenta Lucas Mac Guire, el coordinador de esta sede. Para sostener estos y muchos otros trabajos que allí se realizan se dará este COCTEL A BENEFICIO. Lo obtenido durante la celebración será destinado a sobrellevar los gastos que genera el mantenimiento de todas sus actividades.

Para comprar la entrada puede escribir a casadeculturayoficios@gmail.com si está en Buenos Aires, o a ambru@ambru.org.ar si es de La Plata.

Por medio de esta resolución tomada por el Fiscal General se está denegando la revisión del cierre de la investigación que dispusieran los fiscales Martini y Berlingieri. Ambos tomaron esta investigación luego de que la familia de Daniel y sus patrocinantes, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Asociación Miguel Bru (AMB), recusaran a la Fiscal Leila Aguilar a comienzos de este año, por considerar que todo su accionar favorecía a la impunidad policial. Tras algunas semanas de estar al frente de la causa, los Fiscales pidieron la detención de un Oficial y la elevaron a juicio sin disponer una sola de las medidas de prueba reclamada.

La resolución de Vogliolo de no rever la medida de la elevación a juicio no da suficientes explicaciones y se contradice con lo actuado por el propio Fiscal General quien en el mes de febrero, cuando la causa aun estaba a cargo de Aguilar, ordenó de trámite que se considerasen los pedidos de pruebas que las organizaciones y la familia de Migone pedían, y que ahora sostiene que no son necesarias.

Tanto el CIAJ como la AMB sostienen que la vinculación de cinco funcionarios al proceso, no necesariamente supone que se haya accedido a la verdad. En este sentido, lo que se viene reclamando es que se investigue el posible secuestro de Daniel. Existen cada vez más elementos para sostener que Migone no solo fue víctima de torturas seguidas de muerte, sino que su permanencia en la comisaría, la noche del 10 de noviembre de 2005, fue posible tras una causa armada por la misma policía, y que el retiro del cadáver una vez ocurrido el asesinato solo tuvo como objeto desarmar la escena del crimen para encubrirlo.

Por último, también se pone en crisis la resolución de Vogliolo, porque no investigar delitos de acción pública para quienes están obligados a hacerlo, supone un apartamiento de las normas que regulan el proceder de estos funcionarios. La familia de Migone se presentó durante los últimos dos meses en cuatro oportunidades para hablar personalmente con el Fiscal General, pero no fueron recibidos.

A entender de las organizaciones, esta forma de operar de la justicia en las investigaciones en la que se involucra personal policial en la comisión de un delito es sistemática. No solo ocurre en la causa Migone sino en gran parte de las causas por gatillo fácil: los Fiscales hacen oídos sordos a los pedidos de pruebas de las partes damnificadas y sin disponer de una sola medida detienen a algunos de los oficiales mas comprometidos y ordenan el cierre de la causa, garantizando así la impunidad de muchos otros.

Amparo

El Juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias hizo lugar a la medida cautelar exigida por esta y otras organizaciones y de esta forma obliga al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense a buscar un lugar adecuado para atender a niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad social, donde puedan satisfacer sus necesidades mínimas. Además, se dictaminó un plazo de 20 días para que se disponga un servicio especial en hospitales para los menores en crisis, sobre todo por el tema de las adicciones.”

Otra vez sopa

Por otra parte la Lic. Martha Arriola, funcionaria que se encontraba a cargo de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia fue separada de su cargo tras haber puesto de manifieto- ante las criticas de las organizaciones por su inoperancia- que no contaba con fondos suficientes para paliar la grave situación social. La respuesta del Gobernador fue separarla de su cargo, y en su lugar designar a Cristina Tabolaro, quien hasta ese momento se encontraba al frente de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta no es la pimera vez que Tabolaro trabaja en el área. A mediados de 2002 llegó a Minoridad de la mano del por entonces ministro de Desarrollo Humano Mariano West, durante el Gobierno de Felipe Solá, y fue duramente criticada por la Corte tras su gestión.

El comunicado del gobierno que separa a Arriola de su cargo no fue preciso, pero cabe recordar que no es esta la primera polémica que se genera entre la ex funcionaria y el actual Gobernador de la Provincia; también tuvieron opiniones enfrentadas en torno de bajar la edad de imputabilidad.

Caravana por l@s niñ@s

Por otra parte el miércoles 12, diversas organizaciones sociales y políticas marcharon hacia la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para proponer una serie de medidas de protección para los niños y adolescentes. Comenzó con una caravana que salió desde la República de los Niños para concentrarse en horas del mediodia en Plaza Italia y marchar hasta la casa de Gobierno Esta convocatoria se definió con un amplio conjunto de organizaciones y representantes sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, frente a la embestida política y mediática para criminalizar a la juventud en situación de pobreza. Bajo una serie de consignas entre las cuales se encuentra el rechazo por la baja de la imputabilidad de los y las menores, la asignación universal por hijo menor de 18 años, y la efectiva aplicación de la Ley Integral de Promoción de los Derechos del Niños y las Niñas, cientos de personas marcharon por las calles de nuestra ciudad para pedir por una infancia mas digna.

En el marco de este nuevo aniversario del crimen de Migone, su familia, la AMB y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) –organizaciones patrocinantes- vienen reclamando ante la Fiscalía General una audiencia para escuchar el pedido de la familia de que la causa no sea elevada a juicio sin investigar a todos los policías cómplices y encubridores del asesinato, y responsables de la causa que armaron en contra de Daniel.

La semana pasada el Fiscal General Héctor Vogliolo suspendió por cuarta vez consecutiva una audiencia fijada con la AMB, el CIAJ y la familia Migone.

Gatillo Fácil

Hace ya tres años, en horas de la madrugada, funcionarios policiales llegaron a la casa de la familia Migone para informarles que su hijo había fallecido. Sostenían que a Daniel lo habían detenido por robar estéreos y que en el interior de un calabozo de la comisaría 9na se había ahorcado con su propia campera. Allí lo habrían encontrado agonizando, y lo habrían trasladado al Hospital San Martín. Según la policía, Daniel llegó con vida y falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos que lo asistieron.

Convencidos de que Daniel no se había quitado la vida, su familia llega a la Asociación Miguel Bru, quienes junto al Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) deciden patrocinar la causa, ante la casi plena seguridad de que se trataba de un caso de gatillo fácil. Así, a poco de comenzar a investigar la versión policial comenzó a desgajarse. Sólo el informe de autopsia ya demostró que Daniel murió por asfixia mecánica por compresión con el accionar de un tercero. El testimonio de los médicos que recibieron el cuerpo de Daniel fue contundente; él no pudo haber muerto en el camino hacia el hospital. Por los signos que su cuerpo presentaba, se hallaba muerto hacía mucho mas tiempo.

Cuando la versión policial comenzó a darse por tierra, la fiscalía decidió cerrar la causa, dictando la la detención de sólo algunos implicados para procurar la impunidad de muchos otros. Entre los principales puntos que demuestran que Daniel fue privado ilegalmente de su libertad, se destacan los testimonios de quienes estuvieron en la comisaría con Daniel y que afirman que él les adelantó que lo estaban “empapelando”. Inclusive uno de los funcionarios policiales actualmente detenidos declaró haber visto que a Daniel le sacaron todas sus pertenencias al llegar a la comisaría, incluido un celular que horas después sería casualmente “encontrado” por los mismos funcionarios policiales que lo detuvieron, dentro de uno de los autos por cuyo robo se lo acusaba. Estas y otros elementos de prueba permiten sostener que Daniel fue secuestrado, y que por motivos que aún desconocemos posteriormente fue asesinado por policías que luego montaron toda una escena en torno a un supuesto suicidio. Las trabas para llegar a la verdad sobre qué ocurrió esa noche no provienen solo de la policía, sino tal y como venimos denunciando a partir de nuestra experiencia en esta y muchas otras causas, son favorecidas por una rutina sistemática de algunos funcionarios judiciales, que demoran las causas e investigan con parcialidad, encubriendo de este modo a los asesinos.

A fines de septiembre familiares de Daniel Migone realizaron un acto frente a la fiscalía platense acompañados por la Asociación Miguel Bru y otros familiares de víctimas de gatillo fácil y violencia institucional patrocinados por esta entidad y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). El objetivo era ser recibidos por el Fiscal General Héctor Vogliolo, quien había suspendido una audiencia semanas antes, para dialogar acerca de la elevación a juicio de la causa, cuando restan aun muchas medidas y pruebas pendientes que realizar para develar el entramado de complicidades y encubrimientos que rondan este asesinato. Pero ni siquiera les fue permitido ingresar al hall del edificio de tribunales. Los policías de guardia del lugar trabaron la puerta por dentro e impidieron el ingreso afirmando que habían recibido esta orden de la fiscalía de turno a cargo del Dr. Martini, quien casualmente llevaba la investigación hasta pedir su elevación a juicio. Ese día se fijó audiencia para el martes 23 de septiembre, pero cuando familiares y organizaciones se presentaron en el edificio de 7 y 56, el encuentro fue suspendido. La nueva fecha era para el miércoles 29 de octubre y ese día, por circunstancias que no se explicaron, la reunión volvió a posponerse fijando el 6 de octubre como nueva fecha. El jueves, una hora antes de realizarse el encuentro, el Fiscal contrajo una obligación impostergable por sobre la reunión, y por cuarta vez, la familia de Daniel, a días de cumplirse tres años desde su asesinato en manos de personal policial de la novena, tuvo que volver a su hogar sin ninguna respuesta.